MALÉ, MALDIVAS.- La Policía de Maldivas detuvo este martes a un inmigrante en situación irregular, acusado por una oenegé de cocinar gatos y servirlos a sus clientes, en el marco de una campaña contra los migrantes que provocó la deportación de 2.000 personas y encendió las alertas por la creciente xenofobia en el archipiélago.
”El Departamento de Inmigración recibió información sobre el paradero del bamgladesí Arafat Hussain, y fue detenido con la ayuda de la Policía”, informó el Departamento gubernamental en la red social X.
La Organización para el Bienestar Felino publicó en las redes sociales, el pasado lunes, un cartel con información del acusado, incluyendo su fotografía e incluso los detalles de su visado de trabajo.
”Razón: sospechoso de despiezar, cocinar, comer y vender carne de gato”, lanzó el organismo animalista, que calificó a Hussain de “ilegal” en el apartado de ocupación laboral. Según la ONG, el bangladesí cocinaba en su hogar y vendía su producto en un mercado de Malé.
La publicación generó indignación en el archipiélago y una amplia cobertura de los medios maldivos. También motivó a la ministra de Agricultura y Bienestar Animal, Aishath Rameela, a asegurar que la Policía “estaba trabajando en el asunto”.
Paralelamente, las críticas acabaron salpicando a la población inmigrante en general, que según datos oficiales representa un 26 % del poco más de medio millón de habitantes de Maldivas.
”Aquellos que alquilan propiedades a extranjeros deberían inspeccionarlas frecuentemente. No se puede dejar que hagan lo que quieran en ellas”, dijo en la red social X el popular clérigo Sheikh Ali Zaid.
El ministro del Interior, Ali Ihusaan, afirmó este mismo martes en una rueda de prensa que las autoridades han descubierto “numerosos sitios operados por inmigrantes que producen comida en condiciones nada higiénicas”, según declaraciones recogidas por el diario maldivo Sun.
Este “descubrimiento” tuvo lugar en el marco de una campaña de deportaciones de inmigrantes irregulares bautizada como “operación Kurangi”, lanzada el pasado mayo junto con una página web para que los maldivos puedan denunciar “actividades de los inmigrantes ilegales”.
Unas 2.000 personas fueron ya detenidas y deportadas a sus países de origen, afirmó a EFE un oficial de inmigración que pidió el anonimato, en una campaña sin precedentes en Maldivas.
La mayoría de los 132.493 trabajadores inmigrantes que oficialmente residen en el archipiélago proceden de Bangladés, según la organización maldiva Public Interest Law Centre, aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que su número real asciende hasta las 230.000 personas.
La OIT ya advirtió, en un informe publicado en 2021, de las “crecientes preocupaciones sobre el desarrollo de sentimientos xenófobos” contra los trabajadores migrantes en un país que vive en buena parte del turismo y que tiene un grave problema de tráfico de personas.
En su informe de 2024 sobre trata humana, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que los esfuerzos de Maldivas por identificar a las víctimas “siguen siendo inadecuados”.
