En una orden dada a conocer el lunes, la jueza Rebecca Beach Smith afirmó que el telégrafo tiene importancia histórica y cultural y que es mejor tratar de recuperarlo antes de que pueda perderse en el naufragio.
Smith escribió que el telégrafo 'contribuirá al legado de dejado por la pérdida del Titanic, quienes sobrevivieron y aquellos que perdieron sus vidas en el naufragio'.
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Smith es la jurista marítima que preside los asuntos de rescate del Titanic desde una corte federal en Norfolk, Virginia. Su decisión modifica una orden previa del 2000 que prohíbe cortar el barco o quitarle partes.
La orden de Smith es una victoria importante para RMS Titanic Inc., asignado por la corte como administrador de las antigüedades del Titanic. La firma emergió recientemente de bancarrota y tiene nuevos dueños.
El Titanic viajaba de Inglaterra a Nueva York cuando chocó con un iceberg y se hundió en 1912 con 2.208 personas a bordo, de las cuales sobrevivieron apenas 700.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que representa los intereses de la ciudadanía estadounidense en el sitio del naufragio, se opone enérgicamente a la misión.
La NOAA argumentó en la corte que el telégrafo 'casi seguramente está rodeado por los restos mortales de más de 1.500 personas' y que debe ser dejado donde está.
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La compañía dijo que planea exhibir el telégrafo del barco junto con historias de los hombres que enviaron pedidos de auxilio a otros barcos 'hasta que el agua de mar estaba a sus pies'.
'Las breves transmisiones enviadas entre los operadores de telégrafo de esos barcos, estallidos en staccato de información y emoción, narran la historia del destino desesperado del Titanic esa noche: la confusión, el caos, el pánico, la futilidad y el miedo', escribió la compañía en documentos en la corte.
La propuesta expedición ha sido controvertida también entre arqueólogos y expertos de preservación y la firma pudiera enfrentar más batallas legales antes de que los vehículos de rescate puedan descender casi 4 kilómetros al fondo del Atlántico norte.
La NOAA dice que la expedición está prohibida por la ley federal y un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Esas restricciones emergieron en los años tras la orden judicial del 2000.
En su fallo, Smith reconoce los argumentos de NOAA, pero dijo que el único asunto a ante la corte era la orden pronunciada por el juez antes que la precedió.
