LONDRES, REINO UNIDO.- La empresa estadounidense OpenAI, creadora del algoritmo de inteligencia artificial ChatGPT, ha elegido Londres para abrir su primera oficina fuera de Estados Unidos, una decisión que el gobierno británico acogió el jueves como un “voto de confianza”.
Este es “un paso importante en el crecimiento de OpenAI, que demuestra nuestra intención de ampliar el alcance de nuestras operaciones, diversificar nuestras perspectivas y acelerar nuestra misión de garantizar que la inteligencia artificial (IA) beneficie a toda la humanidad”, anunció la empresa.
El ejecutivo británico, que aboga por una regulación de la inteligencia artificial “favorable a la innovación”, lo considera “un voto de confianza” para el Reino Unido “como locomotora de la IA”, según un comunicado de Chloe Smith, ministra de Tecnología.
El sector “emplea ya a más de 50.000 personas en todo el país, y seguiremos fomentando un enfoque que abra oportunidades y consolide nuestro lugar como destino mundial de la inteligencia artificial”, agregó.
“El dinámico ecosistema tecnológico de Londres y su excepcional cantera de talentos la convierten en la ubicación ideal para la primera oficina internacional de OpenAI”, afirmó la empresa.
A finales de mayo, el consejero delegado de OpenAI, el estadounidense Sam Altman, amenazó con dejar de operar en la Unión Europea si su regulación se volvía demasiado restrictiva, antes de moderar sus declaraciones pidiendo a la UE un “justo equilibrio” entre protección e innovación.
El Reino Unido, que espera albergar en el futuro la sede de un posible regulador mundial de la inteligencia artificial, organizará a finales de año la primera cumbre mundial sobre el tema, buscando un enfoque global para limitar los riesgos asociados a esta tecnología.
Pero la Unión Europea y Estados Unidos no han esperado para empezar a debatir la cuestón y en mayo anunciaron un proyecto de “código de conducta” conjunto sobre inteligencia artificial.
El Parlamento Europeo aprobó este mes un proyecto de reglamento europeo sobre IA buscando abrir una negociación con los países miembros para ultimar una legislación que no entrará en vigor hasta 2026.
