La construcción del proyecto hidroeléctrico Patuca III inició una fase crítica que podría significar un retraso considerable en la ejecución de la obra si el gobierno no reanuda esta semana el proceso de indemnización de las tierras donde estará ubicado el complejo.
La etapa I de la represa está por terminar, a finales de mayo; pero la etapa II, prevista para junio, estaría sufriendo una demora porque los dueños de los predios que se expropiarán anuncian que se podrían instalar en esos terrenos para evitar que el levantamiento del embalse continúe. El representante de los dueños de tierras en la Comisión de Avalúo, Miguel Navarro, advirtió que la estrategia de presión está definida y que la ejecutora de la obra, la empresa china Sinohydro, no continuará sus trabajos si hay una ocupación.
“Los chinos no quieren problemas y esperaran a que el tema de las tierras esté arreglado para continuar, ellos han manifestado que no podrían trabajar si hay conflictos”,expresó Navarro.
El túnel
La fase I consiste, principalmente, en la construcción de un túnel de derivación para desviar 500 metros el cauce del río Patuca para, posteriormente, poder construir la cortina del embalse.
Esa cortina es la que está planificada realizarse durante la fase II y que ahora está en riesgo, sobre todo si continúan los retrasos en los pagos de las indemnizaciones. Debido a la construcción de este túnel, es común escuchar potentes explosiones de dinamita con las que se perforan las entrañas de enormes cerros que, imponentes, yacen a la par del río Patuca.
EL HERALDO fue testigo de cómo a un poco más de medio kilómetro, en el interior de estas elevaciones, se hace la excavación para crear el túnel por donde pasará el agua del río Patuca y así dejar espacio libre en la cuenca del afluente para facilitar la construcción de la cortina de la represa hidroeléctrica Patuca III.
Enormes tractores entran a la gruta y luego salen con grandes cantidades de la piedra destrozada por la explosión de los cartuchos de dinamita.
El túnel que se construye deberá estar terminado en unos 45 días, luego de que se produjera un ligero retraso en la entrega de esa primera parte de la monumental obra que se prevé estará terminada en unos tres años y medio y generará 104 megavatios de energía limpia.
Promesas incumplidas
El gobierno había llegado a un acuerdo el 3 de febrero de 2011 con los dueños de esas tierras para indemnizarlos en un año. Se comprometió a pagar 1,400 millones de lempiras a unos 400 propietarios de 12 mil manzanas en la región del Patuca, Olancho. Pero la promesa no se cumplió a cabalidad, ya que apenas se han desembolsado 317 millones como justiprecio para 57 dueños de tierras en ese sector. A raíz de esa falta de palabra, una representación de los propietarios realizó una protesta el 8 de febrero de 2012 frente a Casa de Gobierno para exigir el pago por la expropiación. Entonces, ese mismo día, el presidente Porfirio Lobo se vio obligado a firmar un nuevo compromiso con los dueños de esos lotes para acelerar el proceso de indemnización.
El acuerdo consistió en hacer un nuevo pago el 20 de febrero y programar las otras cancelaciones de dinero, lo que no se ha cumplido. “Nos dijeron que iban a pagar 300 millones entre miércoles y jueves para 45 dueños y esperamos que se cumpla esa promesa”, indicó Navarro.
Mientras, la próxima semana estarán en “lista de espera” otros 60 propietarios a los que se les tienen que cancelar unos 300 millones de lempiras más, explicó el dirigente olanchano.
Navarro acusó al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, de retrasar el avance de la obra, pues no le interesó agilizar el proceso de expropiación, ya que a él le competía esa función. De igual manera se preguntó dónde están los 50 millones de dólares que, asegura, el presidente Porfirio Lobo les indicó que estaban listos para usarlos en la compra de las propiedades en Olancho.
“Los fondos que había anunciado el presidente Porfirio Lobo, que había 50 millones de dólares destinados directamente para el pago de tierras, pues fueron desviados y de ahí solo se utilizaron 17 millones y los 33 millones restantes de dólares fueron desviados no sé dónde”, acusó Navarro.
Previo al pago de la tierra se hace un avalúo para determinar cuál es su costo real. Se establecieron cuatro categorías de terrenos para su cotización. Los planos y de buen pasto son los más caros y los que son inclinados y poco fértiles tienen menos costo.
Existen denuncias de que se están haciendo pagos sobrevalorados por tierra con pendientes bastante inclinadas, ya que su valor se está fijando igual al de las propiedades ubicadas en llanos.
El presidente Lobo colocó la primera piedra de la obra en mayo de 2011, luego de haber firmado un convenio con inversionistas de China continental.
La obra, cuya duración estimada es tres años y medio, tiene un valor de 350 millones de dólares (6,600 millones de lempiras) y es ejecutada por la sociedad Sinohydro.
Los números están claros en el tema de la inversión de la central hidroeléctrica, pero en donde hay nubarrones es en el proceso administrativo estatal para poner a disposición de la compañía china Sinohydro los terrenos.
“El problema que tenemos es el incumplimiento, han habido incumplimientos en todas las faces porque también vemos que el Instituto Nacional
Agrario (INA) y el Instituto de la Propiedad (IP) no están cooperando para legalizar las tierras para que se puedan hacer los pagos de las indemnizaciones”, manifestó el representante de los dueños de tierras en la Comisión de Avalúo, Miguel Navarro.
Sin que una propiedad esté debidamente acreditada a su dueño mediante un título no se puede hacer el pago de la misma.
Miguel Zavala es uno de los afectados por el letargo con que el INA y el IP realizan el trámite para que los dueños de los predios tengan títulos de dominio pleno de sus parcelas y se queja de que el tiempo apremia para hacer esa legalización.
“Ahí sí hemos tenido serios problemas, el INA y el IP no han prestado la colaboración para este proceso, entonces ahorita estamos en el proceso de individualización de derechos”, manifestó.
La legalización de su terreno no se ha hecho con la rapidez necesaria en el IP porque primero se están resolviendo otros expedientes de casos no relacionados al proyecto de Patuca III que se tramitaron con anterioridad.
Recordó que el gobierno anunció que se iba a acelerar la entrega de los títulos de propiedad en la zona donde se construye el proyecto, pero no se ha cumplido.
“Esto es uno de los incumplimiento que ha habido de parte de las instituciones encargadas de esa legalización”, dijo Zavala, quien desde hace más de un año ha esperado tener su título de propiedad de parte del IP. También solicitó que el diputado por Olancho, Francisco Rivera, apure la
introducción al Congreso Nacional de un proyecto de decreto que anuncio que haría para acelerar la legalización.
En el INA ya existe un decreto para que el mecanismo de legalización de tierras sea más rápido, aunque este mecanismo no ha dado los resultados esperados.
Existen unos 80 expedientes en el Instituto Nacional Agrario y otros 100 expedientes en el Instituto de la Propiedad a la espera de que sean resueltos para que los dueños de las tierras tengan su respectivo titulo.
Para Mayer Espinal, dueño de una zona que será indemnizada, la ENEE debe de fortelacerse para que pueda tener mayor poder de decisión en el impulso de los proyectos hidroeléctricos para evitar que la burocracia retrase este tipo de inversiones. “No estoy indemnizado, el proceso de avalúo está bien lento y si no hay rapidez hay que hacer los correctivos,recomendó.
