Entre las rejas y pasillo se aplica la ley del más fuerte y del que tiene más dinero. Es un mal crónico que se ha impuesto a cualquier control, un sistema carcelario donde pululan los negocios de droga, placer y comodidades.
Todo tiene un precio, absolutamente todo. De hecho, sin duda en estos recintos se cobra hasta por respirar.
La Penitencia Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el valle de Támara, Francisco Morazán, a 25 kilómetros del Distrito Central, se ha convertido en un mercado humano.
Quién da más la pasa mejor. Quién no tiene mucho para pagar, puede vivir una verdadera pesadilla tras las rejas. La autoridad la imponen los mismos reos. Es la ley del más fuerte.
EL HERALDO se introdujo en este submundo de anarquía, penetró los muros de la máxima cárcel del país para conocer los detalles de jugosos negocios que se desarrollan por prisiones con cierta complicidad de policías penitenciarios.
Existe una lucrativa alianza entre reos y custodios mediante la cual se explotan varios “rubros” donde el “mejor cliente” es la persona que recién ingresa al recinto, de acuerdo a relatos revelados a este medio por quienes han sufrido este sometimiento.
“Cuando uno es ingresado por primera vez, la policía (penitenciaria) lo entrega inmediatamente a un coordinador del pasillo o al ‘toro’ y desde ese momento comienza el negocio”, asevera un exconvicto con el que se tuvo comunicación a condición de mantener el anonimato.
Los cobros por optar a derechos tan elementales como gozar de un colchón o tener derecho a un celda limpia van desde los cientos a las decenas de miles de lempiras.
El primer paso obligado para los inquilinos recién llegados es pagar una “matrícula” de 150 lempiras para aseo del módulo, pero si no entrega esa cantidad, entonces se le obliga a la persona a hacer la limpieza del módulo por tiempo indefinido. Quienes desean obtener un colchón para dormir con cierta comodidad deben cancelar 170 lempiras mensuales porque de lo contrario dormirán en el suelo.
A medida que el confort mejora, el precio aumenta. Para el caso, el acceso a una cama con colchón implica un gasto adicional de 150 lempiras.
De ahí en adelante los otros negocios son de cuatro y cinco cifras. Se hacen cobros de hasta 25 mil lempiras para permitirle al prisionero el derecho a un cuarto con cama y colchón por el tiempo que dure en un módulo. Para que el cuarto sea aseado diariamente, el “huésped” cancelará adicionalmente 100 lempiras a la semana.
“Si es cambiado de módulo, inicia el proceso desde matrícula en adelante”, aseguró la fuente. La mayoría de ganancias las obtiene el “toro” o coordinador de módulo, luego se le da una parte al coordinador de pasillo. Algunos policías penitenciarios, coludidos con esta red, también obtienen sus dividendos.
La Penitenciaría Nacional, el mayor de los 24 centros carcelario, alberga a 2,200 prisioneros, de los cuales la mitad no tiene sentencia. Físicamente esta cárcel está divida en cuatro espacios : módulo de Diagnóstico (presos que no han sido sentenciados), módulo de Sentenciados, módulo Escorpión (habitado por mareros) y el módulo de máxima seguridad (reos altamente peligrosos).
En cada módulo existen unos 20 pasillos en el mayor de los casos. Existen módulos ocupados por 200 o hasta 600 prisioneros. Como si se tratase de un gobierno o institución militar, la penitenciaría tiene sistema de mando entre reos, donde el coordinador o “toro” es la máxima figura y “el requisito principal es que se pueda entender en los negocios con el policía”.
Cateo y droga
La fuente señaló que hay algunos policías que hacen cateos para conseguir celulares, radios y equipos de sonido.
Como algunos de estos operativos se efectúan de forma poco vigilada, entonces los bienes decomisados, incluso drogas, son revendidos entre los reos por medio de los coordinadores. En cada módulo hay dos o tres vendedores de droga autorizados por los coordinadores. El alucinógeno es proporcionado por policías corruptos en horas de la noche. De ahí que resulte extraño que se hagan cateos cada semana o cada quince días y siempre sea la misma historia: drogas, armas, aparatos, celulares y hasta granadas decomisadas.
¿Por dónde entran todos estos artículos? ¿Porqué no hay efectividad en los puestos de control? “Este negocio es compartido por el coordinador, el policía y el vendedor; en la penitenciaría se consume droga las 24 horas y todavía se dice que es de mejor calidad y de mejor precio”, dijo la fuente.
“Las Vegas”
“Lo que pasa en la penitenciaría, en la penitenciaría se queda” parece ser el eslogan, que emula al de la ciudad de los casinos, Las Vegas, pues los negocios de los juegos de azar son numerosos y están a vista y paciencia de las autoridades.
La actividad va más allá de los juegos de naipe que durante el día cientos de prisioneros realizan por algo más que romper el ocio. Los pasillos de los módulos se convierten en improvisados casinos, se instalan juegos de naipe, ruleta y dados.
No hay evasión “fiscal”
El coordinador del pasillo se convierte en el “coime” o cobrador, pues se encarga de que los dueños de estas actividades paguen “impuestos”.
Aquí si funcionan los controles mediante los cuales nadie puede evadir esos pagos.
“Nadie puede poner este negocio si no es con la autorización del ‘toro’ o coordinador”, asegura el informante.
En cada módulo también existen casetas de venta de comida, restaurantes, pulperías y mesas de billar, “actividades que son alquiladas y autorizadas por la policía y por ese espacio cobra el coordinador y transfiere parte de la renta al policía”.
Así, los espacios de un bien del Estado construido para el castigo y rehabilitación de criminales son ocupados para obtener dinero de forma ilícita, mediante la intimidación y confabulación. Se le consultó al director de la Penitenciaría Nacional, Marvin Rajo, cuántos negocios de estos existían y contestó con un “no sé”.
El alcaide admitió que en el caso de las mesas de billar, estas les pertenecen a los coordinadores de módulos y que estos pagan parte de las ganancias a la administración de la penitenciaría, lo que Rajo denomina como “fondos no gubernamentales”.
No obstante, dijo ignorar cuánto dinero deja estas actividades porque esa es una situación contable que solo la administración del centro penal conoce.
El funcionario aseguró que muchos de los privilegios que antes tenían los reos se les han quitado, en actividades como el decomiso reciente de varios televisores en los módulos donde se concentran los pesetas o expandilleros, por el hecho de habérseles encontrado armas y hasta una granada la semana pasada.
Se reiniciará censo penitenciario
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) reanudará el proceso de censo de la población penitenciaría que inició luego del incendio que mató a 361 personas en la cárcel de Comayagua. El conteo de reclusos comenzó en el penal de Comayagua, tras el siniestro, pero la actividad se suspendió.
Ahora se ha programado censar a los prisioneros de la Penitenciaría Nacional. La intención de hacer esta estadísticas es que el Estado use la información para eficientar la política carcelaria.
La SJDH recibe ayuda de universidades que prestan a los estudiantes de derecho para realizar el censo.
En Honduras existen 24 presidios construidos para una población de 8,280 personas. Pero, según el estudio hecho por el Comisionado de Derechos Humanos, actualmente hay 11,673 reos, lo que representa una sobrepoblación de 3,393 reclusos.
Este es el dato más reciente que se tiene sobre
el número de encarcelados
que existen.
