El accidente del avión que se estrelló en Colombia y que costó la vida a 71 personas fue responsabilidad de la aerolínea LaMia y del piloto de la nave, según los resultados de una investigación del gobierno boliviano.
Las conclusiones de la investigación sobre la tragedia ocurrida el 28 de noviembre las dio a conocer el ministro de Obras Públicas y Transporte de Bolivia, Milton Claros, quien informó que el estado boliviano garantizará la indemnización de 153,000 dólares a los familiares de cada persona fallecida.
'Nuestra investigación establece la responsabilidad directa de la empresa LaMia y del piloto', afirmó Claros.
Esa es la principal conclusión de la investigación que realizó ese ministerio sobre la responsabilidad del piloto Miguel Quiroga que murió en el siniestro y de la aerolínea, una pequeña compañía de vuelos chárter, que partió desde Santa Cruz, Bolivia, y cayó cerca del aeropuerto en Medellín, Colombia.
En el aparato viajaba la mayoría del equipo brasileño de fútbol Chapecoense. Hubo seis sobrevivientes.
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También, según la investigación, se determinó un incumplimiento de deberes del director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, César Varela, y de Roger Gandarillas, director general de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, por lo que el ministerio de Obras Públicas hará una denuncia penal.
Entre las responsabilidades, Claros mencionó que Celia Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos, debió impedir el vuelo porque el avión llevaba el combustible justo para llegar a destino. Castedo tramita un refugio en Brasil tras denunciar presiones para cambiar su informe sobre el plan de vuelo.
La empresa LaMia, que operaba desde Bolivia, obtuvo su permiso en enero de 2015 y según Claros cumplió con todos los procedimientos legales para ser habilitada, incluso con la presentación de la póliza de seguro.
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Sin embargo, se encontró un presunto tráfico de influencias entre el gerente general de la aerolínea, Gustavo Vargas, y su hijo, quien era director de registro aeronáutico nacional, por lo que se elevó una denuncia al Ministerio Público. Ambos están presos preventivamente en una cárcel boliviana.
LaMia obtuvo su permiso de vuelo con un solo avión que era alquilado a un empresario venezolano por 35,000 dólares al mes.
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