Algunos expertos los catalogan de catastróficos y las consecuencias se reflejarán en el corto y largo plazo, expusieron ayer las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Este desalentador escenario sobrepasa las capacidades de cualquier gobierno o sector de la sociedad, por lo que la UNAH aboga por la construcción de un “Pacto por Honduras” con el concurso y compromiso de todos los sectores de la sociedad.
Medidas
Mediante un comunicado, los expertos de la máxima casa de estudios recomendaron continuar con la cuarentena pero garantizando el acceso a atención médica y alimentos; mantener los mecanismos de control de precios para evitar la especulación y seguir con el apoyo a la industria productora de alimentos y de distribución.LEA: Se triplica el número de pacientes graves por coronavirus en Honduras
Asimismo, aconsejan conformar una comisión intersectorial con el propósito de elaborar y conducir una estrategia de apoyo financiero internacional, buscando mejores condiciones para el país e iniciar de inmediato gestiones para renegociar la carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) adecuándola a las condiciones económicas actuales.
Una de las medidas fundamentales, dice la UNAH, es que se gestione, con base en el artículo 40 de la Ley del Banco Central de Honduras (BCH) y el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por parte del gobierno al BCH un crédito puente condicionado y estructurado.
Este crédito permitiría la creación de un esquema de crédito flexible y a una tasa de interés máxima de 6% para sectores productivos; minimizar el impacto de pérdida de empleo y dar alivio presupuestario al gobierno.
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Este crédito puente sería de 30,000 millones de lempiras para crear tres fideicomisos (red hospitalaria, subsidio a informales y apoyo a Mipymes y sector agrícola), según el catedrático de la Facultad de Economía de la UNAH, Alejandro Aronne.
Otra de las medidas es la creación de una red de crédito no tradicional, que incluya cajas rurales, cooperativas, fondo de garantía recíproca y redes de microcrédito. Esto ayudaría al sector agrícola, sector informal, manufactura, así como a la micro y pequeña empresa a salir de la crisis y fortalecerse en la reactivación.
Proponen un subsidio para las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, por el 50% del salario mínimo por trabajador en un periodo de tres meses, con lo que se beneficiarían 100,000 trabajadores y sus familias.
Además, crear un programa de transferencias no condicionadas para los más vulnerables. La prioridad es la seguridad alimentaria y sanitaria a fin de evitar una crisis humanitaria, como está ocurriendo en algunos países, indican economistas.