TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Aunque la asignación de recursos para las principales instituciones gubernamentales creció en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2024, hay siete entidades de la administración central cuya partida se mantiene sin cambios.
Se trata de la Presidencia de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Secretaría de Turismo y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), según un reporte del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) al que tuvo acceso EL HERALDO.
Además, forman parte del listado el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Dirección General de Cinematografía, y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
En el caso de los fondos para programas sociales, estos ascienden a 6,429.13 millones de lempiras, de los que 4,729.33 millones de lempiras se destinaron al programa de Red Solidaria y L1,699.80 millones para el programa Acción Social.
EL HERALDO informó que la Presidencia de la República vuelve a repetir el mismo presupuesto de 602 millones de lempiras para el próximo período de 12 meses, sin embargo, este año recibió una ampliación de siete millones de lempiras y que a la fecha ha ejecutado el 72.8%, equivalente a 443.2 millones de lempiras.
Con fondos del Estado se pagarán hasta tres escoltas para los funcionarios
De dos a tres guardaespaldas podrán tener los funcionarios del actual gobierno el próximo año y sus servicios se pagarán con fondos públicos.
Aunque esta disposición ya estaba incorporada en el artículo 257 del decreto legislativo 157-2022 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023, en el proyecto del instrumento para el desarrollo correspondiente al 2024 la cantidad de escoltas se eleva a un máximo de tres, verificó EL HERALDO.
“Los funcionarios que utilicen seguridad personal con fondos públicos deben limitarse a un máximo de tres personas”, indica el artículo 226 de las disposiciones generales del presupuesto para el siguiente periodo de 12 meses.
La misma disposición hace una excepción a lo que ya está establecido y vigente en la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario bajo el decreto 323-2013.
Varios sectores de la sociedad han cuestionado a la administración pública no solo por el uso de seguridad personal que debería costearse con la remuneración de los propios servidores, sino también por el alquiler de vehículos blindados que al final impactan en las finanzas del Estado.
