TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tercer país de Centroamérica en contar con una normativa de eficiencia energética es Honduras, sin embargo, carece de regulaciones para los equipos usados.
El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH) emitió un pronunciamiento al que tuvo acceso EL HERALDO con su posición sobre la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía en Honduras (LUREEH) que en su articulado se omitieron disposiciones específicas para los aparatos de segunda que ingresan a la nación.
“Los equipos usados por su antigüedad pueden no cumplir con los estándares modernos de eficiencia energética, lo que conlleva un mayor consumo de energía y, por ende, a un impacto negativo en el costo energético y en la sustentabilidad del país”, se subraya en el documento.
En relación con el impacto ambiental indica que “equipos antiguos pueden estar basados en tecnologías obsoletas que utilizan refrigerantes u otros materiales que no cumplen con las normativas ambientales actuales, contribuyendo así al deterioro del medio ambiente”.
“El uso de equipos que no han sido sometidos a una adecuada revisión técnica y que no cuentan con certificaciones actualizadas puede aumentar los riesgos de accidentes eléctricos y fallas en los sistemas, afectando la seguridad de los usuarios”, advierte el CIMEQH.
El referido instrumento jurídico fue promulgado en el diario oficial La Gaceta bajo el decreto legislativo 36-2024 y se encuentra vigente desde el pasado 24 de julio, informó este rotativo.
En el artículo cinco de la LUREEH se establece que solo equipos, aparatos y sistemas nuevos que utilicen energía eléctrica o combustible para su funcionamiento que mediante etiquetas incluyan información verificada y certificada referente al consumo también desempeño energético podrán importarse y comercializarse en el territorio hondureño.
Regulaciones
Para incluir regulaciones claras y estrictas respecto a los equipos usados que se introduzcan al país, el órgano que aglutina a todos los profesionales de las ingenierías instó al Congreso Nacional a revisar al igual que actualizar este marco legal.
En tal sentido, solicita que “se establezcan procedimientos rigurosos de inspección y certificación para todos los equipos eléctricos y electrónicos usados antes de su comercialización”.
Los equipos usados deben de cumplir con los estándares de eficiencia energética que se exigen a los equipos nuevos, sostiene el CIMEQH.
Añade que “se promueva la renovación tecnológica con incentivos (de ser posible) para la adquisición de equipos que cumplan con las normativas vigentes, disminuyendo así la dependencia de tecnología obsoleta y menos eficiente”.
De la Dirección General de Energía Renovable y Eficiencia Energética (DGEREE) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) dependerá la aplicación de la legislación con la que se creará una base de datos de indicadores de eficiencia energética hasta se practicarán auditorías a las entidades que tenga un consumo anual superior al señalado.
Herramientas
“La ley es positiva, pero se necesitan otras herramientas para acelerar la adopción e implementación de la eficiencia energética en Honduras porque el 70% de la población es pobre y no todos pueden andar gastando en equipos de consumo eficiente”, mencionó a EL HERALDO el especialista en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez.
Recordó que la normativa se impulsó en la pasada administración pública, pero fue hasta este gobierno que se discutió y aprobó.
“Para volverla viable -refiriéndose a la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía- muchos países lo que hacen es que dan descuentos en los impuestos hasta los eliminan para poder cambiar la refrigeradora y ahorrar en un 30% a 40%, pero estos electrodomésticos son caros”, planteó el también economista.
De su lado, el subsecretario de Energía, Marco Flores, afirmó que “tenemos la parte de incentivos no fiscales para el caso desde el momento que hay una facilidad para adquirir equipo de mayor eficiencia (energética), el consumo residencial, industrial o comercial va a ser menor”.
Desde la iniciativa de ley que tienen los diputados del CN, vía propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo o la misma Sen al fungir como la institución rectora del sector energético podría modificarse esta normativa que debe reglamentarse al 24 de julio de 2025 como plazo máximo.
