Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva instancia de la sociedad civil fue conformada en el marco de la socialización del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025.
Se trata del Consejo Cívico Fiscal (CCF) integrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras organizaciones.
En el primer pronunciamiento emitido destaca la importancia que se cuente con un instrumento que impulse el desarrollo sostenible así como garantice el bienestar de la población.
EL HERALDO informó que a 430,907.8 millones de lempiras asciende el Presupuesto 2025, de los que L266,667.6 millones corresponden al gobierno central y L164,240.2 millones de asignación a la administración descentralizada.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones del CCF al referido instrumento destaca que se requiere reestructurar las prioridades presupuestarias, incrementando los recursos destinados a educación, salud, niñez, juventud, mujeres, seguridad y justicia con el fin de garantizar la operatividad también mejora en la calidad de los servicios esenciales que se prestan a la ciudadanía en especial a los más vulnerables.
“Proteger asignaciones prioritarias al aprobar disposiciones presupuestarias que prohíban disminuir asignaciones como: medicamentos e insumos médicos, textos escolares, protección a la niñez, entre otros”, se subraya en el comunicado.
Añade que se requiere “promover las inversiones estratégicas con la priorización de la inversión productiva que mejore las condiciones de vida y fomente un entorno favorable para la actividad económica y el desarrollo, ya que esta es la principal generadora de empleo en el país”.
A la protección de los recursos naturales, evitando la construcción de cárceles en zonas protegidas hasta asignaciones globales discrecionales con el objeto de garantizar la transparencia, se sugiere.
Además, se plantea que hay que “asegurar el proceso electoral, asignando recursos suficientes de manera transparente y oportuna en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral para garantizar un proceso democrático sólido en el 2025”.
“Coherencia fiscal: realizar un análisis exhaustivo del financiamiento del presupuesto para asegurar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad fiscal y mantener la estabilidad financiera del Estado”, se indica de parte del CCF.
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