TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria se basa en la creación de un sistema equitativo y transparente en materia fiscal, pero bajo la óptica del sector privado el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo puede causar más perjuicios que utilidades a Honduras. La Ley de la Promoción de la Alianza Público Privada al igual que la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones serían derogadas, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 17 de la normativa, constató EL HERALDO.
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Todos los beneficios fiscales, ya sean exoneraciones, exenciones, incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones hasta liberaciones tributarias o aduaneras contenidas en la Ley de Zonas Libres (Zoli), Ley del Régimen de Importación Temporal (RIT), Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables quedarían eliminados. También abarca para la Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales, Ley de Promoción y Fortalecimiento del Mercado de la Industria Eléctrica, así como la Ley de Fomento al Turismo.
Lo anterior lo estipula el artículo 16 del proyecto y en cuya disposición señala que las exoneraciones vigentes no serán afectadas.
Con esta decisión habrá un impacto en 10 de los 18 regímenes fiscales existentes en el territorio hondureño que generan empleos, especialmente los call centers que de conformidad con cifras recientes promueven 15,000 fuentes de trabajo en promedio.
“Los obligados tributarios que están liberados de forma total o parcial del pago de la obligación tributaria continuarán gozando hasta su finalización del beneficios de exoneración otorgado conforme a la ley que le dio origen”, subraya el artículo 14 del nuevo instrumento jurídico.
Añade una excepción que cuando la Secretaría de Finanzas (Sefin) “cancele estos beneficios de conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario”. Si bien explícitamente no plantea la supresión de ningún régimen, en otra de las disposiciones se especifica que “las nuevas inversiones se podrán adherir al Régimen de Incentivos para el Desarrollo (Rinde) al igual que al Régimen de Zonas Francas creados a través del presente decreto”.
EL HERALDO informó que tanto la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) como el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) serán sometidos a un proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera con la Ley de Justicia Tributaria. El decreto ejecutivo, que consta de 41 artículos, fue socializado con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) por parte de funcionarios del gobierno.
En los próximos días, la iniciativa se discutiría con otros sectores, previo a ser remitido al Congreso Nacional.
Nuevos regímenes
Para aumentar la rentabilidad de las inversiones surgirá el régimen Rinde, gestionado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y las personas jurídicas que se acojan gozarán de sus beneficios en deducciones para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), Aportación Solidaria, Activo Neto y ganancias de capital durante cinco períodos fiscales una vez que inicie sus operaciones mercantiles.
Mientras que el régimen de Zonas Francas va a estar dirigido por la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) para fomentar la Inversión Extranjera Directa (IED), promover las exportaciones, aumentar la competitividad del país y generar empleo hasta obtener una mayor generación de divisas.
Un plazo de cinco años prorrogables por igual término gozarán de los beneficios tributarios y aduaneros aquellas empresas que operen en estas áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas, sin población residente y que estarán sujetas a un especial control aduanero.
Las personas jurídicas que podrán acceder a las exenciones e incentivos fiscales de las Zonas Francas deberán de ser constituidas con una mayoría accionaria de capital extranjero. Del ISR e impuestos conexos (Aportación Solidaria, Activo Neto al igual que el tributo sobre ganancias de capital); Impuesto sobre Ventas (ISV) y pago de gravámenes arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares y demás impuestos que tengan relación tanto directa como indirecta con las operaciones aduaneras de importación o exportación quedarán exonerados en este régimen.
Otros alcances
El principio de renta territorial cambiará a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas, permitiendo la acreditación de pago de impuestos en el extranjero. Además, se plantea la eliminación de la posibilidad de condonar deudas tributarias para prevenir la legalización de la evasión fiscal al tiempo de suprimir el secreto bancario para fines tributarios que posibilite el intercambio de información con el resto del mundo.
Para prevenir que las empresas oculten de sus utilidades a los principales beneficiarios y evadan el pago de impuestos por medio de complejas cadenas de propiedad se aprobará en la nueva legislación la figura del beneficiario final.
De admitirse y entrar en vigor este proyecto de decreto, el artículo 3 del decreto 31-2018 contentivo de los mecanismos de impresión, distribución y venta de formularios aduaneros y marchamos (dispositivo que permite a la aduana controlar la seguridad de las mercancías) por lo que se le concede una comisión al Cohep, también será suprimido. Según los considerandos de la iniciativa gubernamental, la asignación se hizo de forma directa sin ningún tipo de licitación, “como un monopolio por lo que ha recibido una comisión de 207 millones de lempiras entre 2018 y 2021”.
Críticas
“Realmente lo que se pretende no es atraer inversiones al país, sino alejarlas. Lo que se pretende no es generar empleo, sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país”, mencionó el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, en conferencia de prensa.
Sostuvo que “la propuesta de este documento es eminentemente populista, trasnochado; es peligrosa esta propuesta”.
Con la Ley de Justicia Tributaria se ahuyentará el capital extranjero, produciendo perjuicios para la nación y al sector empresarial que es el más grande empleador al generar 25,000 puestos laborales, indicó el delegado de la iniciativa privada. Consideró que “si no queremos empresas ni empleos formales entonces mejor poner un letrero, emitir un decreto y decir que no vengan las empresas y que todo el mundo se vuelva informal”.
El incremento de la recaudación tributaria del gobierno es de 121.5%, superior a la meta para el 2022, por lo que no se puede alegar que no se pagan impuestos en el país, recordó Urtecho. Confirmó que el documento contentivo de la referida ley fue enviado a las 70 organizaciones que son parte de la institución para poder preparar un análisis consolidado, incluyendo los impactos que provocarán las reformas tributarias.
El gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera, aseguró que “la presentación (relacionada a la Ley de Justicia Tributaria) lo que revela solamente es un ataque directo a las empresas y esta es una masacre en contra de las empresas, es una masacre contra los mayores empleadores y una masacre contra el pueblo”. Aunque la propuesta de la actual administración ha ocasionado polémica sigue todavía en estudio por los involucrados.
“Ninguna reforma fiscal es popular aún encaminándose a la justicia tributaria, a pesar que en algunos casos cumple con los movimientos internacionales como lo de la renta universal, es por ello que los documentos de análisis de impactos deben estar anexados”, afirmó el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
Aseguró que la proposición de “justicia tributaria” no cumple con la justicia redistributiva y que en las 74 páginas del decreto solo se argumenta que en una década hay 14 nuevos impuestos para los pobres, pero no se habla ni de reducir ni eliminar algún gravamen.
