Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emiten notificaciones en tiempo real por transacciones monetarias ahora se harán por dos medios autorizados.
Así lo contempla una reforma a dos artículos de la resolución vigente 500/18-07-2024 contentivo de los lineamientos mínimos para la prevención de operaciones no reconocidas relacionadas con tarjetas de débito, tarjetas de crédito y financiamiento a la que tuvo acceso EL HERALDO.
“Las instituciones supervisadas deben notificar en tiempo real (inmediatamente) a los tarjetahabientes cuando se realice cualquier operación en los productos de tarjetas. De igual manera, debe notificarse al tarjetahabiente por al menos dos medios cuando se realicen transacciones no monetarias como cambios de PIN, actualización de número telefónico o correo electrónico, entre otros”, estipula el artículo cinco modificado.
Añade que “para las operaciones aprobadas en los productos de tarjetas iguales o menores a cinco mil lempiras (L5,000.00), las notificaciones deben realizarse en al menos un medio. Para las operaciones superiores a los cinco mil lempiras (L5,000.00), las notificaciones deben realizarse por al menos dos medios”.
Por correo electrónico, mensaje de texto, aplicaciones móviles, llamada telefónica o cualquier otro medio que la entidad considere pertinente siempre y cuando haya sido autorizado por el tarjetahabiente se harán estos avisos, se especifica.
EL HERALDO verificó que al cierre de septiembre de 2024 circulaban en el territorio hondureño 1,156,929 tarjetas de crédito de parte de los 12 bancos emisores.
En el caso de las tarjetas de débito habían 10,018,271 unidades hasta el noveno mes de este año.
Plazo de adecuación
El plazo de adecuación y responsabilidad para el pasado 12 de octubre establecido en el artículo 20 de la referida resolución también fue reformado y ahora las instituciones supervisadas por la CNBS tendrán hasta el 31 de marzo de 2025 para cumplir con estas y el resto de disposiciones de los lineamientos.
“Cumplido este plazo las instituciones supervisadas serán responsables de la totalidad de las operaciones no reconocidas debido a fraudes en los productos de tarjetas de débito y tarjetas de crédito y financiamiento a nombre de los usuarios financieros, en caso de no haber aplicado los presentes lineamientos”, se subraya.
Además, destaca que las inversiones realizadas para la aplicación de la determinación no deberán generar costos en perjuicio del usuario financiero.
Detectar
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, mencionó a EL HERALDO que “esta medida es muy importante para los tarjetahabientes, ya que esto les permitirá detectar en forma oportuna operaciones inusuales porque se les estará informando por dos medios”.
“Esto es beneficioso debido a que los tarjetahabientes solo tendrán un mes para presentar los reclamos correspondientes y de esta manera actuarán en forma anticipada antes de que les llegue el estado de cuenta; las notificaciones son importantes porque permiten estar pendientes y verificar inmediatamente si ellos realizaron dicha transacción y de no ser así hacer el reclamo correspondiente en forma oportuna”, planteó.
De su lado, el presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Manuel Venancio Bueso, indicó a este rotativo que la banca invierte millones de lempiras para asegurar que las transacciones electrónicas cuenten con los protocolos y se adhieran a las normas establecidas por la CNBS.
“Los productos que el sistema bancario ofrece a través de banca electrónica siempre llevan un componente de ciberseguridad y por ello podemos decir que el uso de la banca electrónica o banca en línea es seguro. No obstante, el usuario financiero debe ser educado para proteger su información personal, así como en el pasado solíamos proteger nuestras chequeras o nuestra tarjeta de ahorro”, sostuvo.
El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, declaró que “como ente regulador hemos establecido una serie de acciones para fortalecer el marco normativo en temas de protección al usuario financiero, transparencia, seguridad de la información, educación e inclusión financiera con perspectiva de género”.