Tegucigalpa, Honduras
La administración del presidente Juan Orlando Hernández dejará la “mesa servida” a quien asuma el gobierno de Honduras a partir del 27 de enero 2018.
Así lo revela un informe de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas (Sefin), al cual tuvo acceso EL HERALDO. Una de las variables que sustenta la sostenibilidad fiscal de la administración pública es el déficit del gobierno central, el que se estima cerrará en -3.5% del PIB (18,3667.4 millones de lempiras) en el presente año.
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No obstante, analistas entrevistados por este medio de comunicación coinciden que el resultado puede ser menor al cierre de 2017, a pesar de que en noviembre próximo se realizarán las elecciones generales para elegir las autoridades que gobernarán en el período 2018-2022.
El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, responde que no hay ninguna amenaza para que el gobierno pueda descarrilarse de la ruta fiscal que comenzó desde 2014.
Históricamente, los gobiernos pierden la disciplina fiscal en los años electorales.
Sin embargo, el presidente Hernández ha sido contundente que cumplirán con las metas acordadas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de las cinco revisiones semestrales del acuerdo stand by 2014-2017, ha destacado los logros del gobierno hondureño en materia económica.
Sostenibilidad
Una de las herramientas legales en las que se ancla la mayoría de las metas es la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que ha sido bien evaluada por los organismos internacionales como el FMI.
Esas opiniones de expertos son parecidas a las proyecciones de Standard & Poor’s, que recientemente señaló que sin importar quién gane la elección presidencial se consolida la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El panorama para el próximo año es que la administración central defina una meta de déficit fiscal de -3.4% del PIB, equivalente a 19,354 millones de lempiras.
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El mejor resultado en la transición de un gobierno a otro durante el período 2002-2014 corresponde a la administración del nacionalista Ricardo Maduro (2002-2006) cuando en 2005 cerró con un déficit de -2.6% del PIB (4,053.9 millones de lempiras). Lo anterior permitió en 2006, en el primer año de gestión del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, cerrar con un déficit de -1.1% del PIB (L 2,287.8 millones), el que aumentó a -2.9% en 2007, bajar a -2.4% en 2008 y dispararse a -6.2% en 2009.
En el cambio de gobierno de Porfirio Lobo Sosa a Juan Orlando Hernández, el déficit fiscal alcanzó -7.9% del PIB en 2013, equivalente a 29,741.9 millones de lempiras.
El informe concluye que la “trayectoria descendente de déficits fiscales en el mediano y largo plazo tendrán una incidencia favorable en la reducción del valor actual de la deuda como porcentaje del PIB”.
La herencia
Las proyecciones oficiales son halagadoras en el corto y mediano plazo. La estrategia fiscal es mantener una presión tributaria alrededor de 18% del PIB para finales de 2021.
De acuerdo con las proyecciones, las recaudaciones tributarias alcanzarán 96,245.7 millones de lempiras para 2017 y para 2018 se estiman en 104,324.9 millones.
Las recaudaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el período 2017-2021 alcanzarían 5.5% del PIB y del Impuesto Sobre Ventas (ISV) del 7.3% del PIB. El ISR para este año sumará 29,308.5 millones de lempiras y 38,489.3 millones el ISV.
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Las estimaciones de gasto total para el cierre del presente ejercicio fiscal es de 123,468.3 millones de lempiras, equivalente a 23.2% del PIB, tendencia que se prevé mantener hasta el 2021.
Las proyecciones para 2018-2021 toman como punto de partida el marco legal que establece la LRF. Subraya que tiene como objetivo “establecer lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas asegurando la consistencia en el tiempo de la política presupuestaria y garantizar la consolidación fiscal, sostenibilidad de deuda y reducción de la pobreza con responsabilidad, prudencia y transparencia”. El documento señala que el nuevo gobierno tendrá mayor predictibilidad para continuar con las reformas estructurales y lograr un nuevo acuerdo con el FMI.
