Tegucigalpa, Honduras
El registro vehicular del país será administrado por un operador privado y con ello los propietarios de automóviles deberán cumplir nuevas reglas para circular.
El proceso de licitación se inició el año anterior y se esperaba que en diciembre fuera adjudicado el contrato, por lo que ya estaría operando.
Sin embargo, a la fecha el proceso no se concluye.
De acuerdo con el asesor presidencial y secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Ebal Díaz, falta un dictamen de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
“Sefin tiene que dar un dictamen de viabilidad fiscal. Nosotros pensábamos cerrar este proceso en diciembre del año pasado y ya estamos en finales de marzo y no tenemos el dictamen todavía”, manifestó Díaz.
De igual manera lo confirmaron las autoridades de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) al explicar que “estamos en proceso de gestión del segundo dictamen (viabilidad del proyecto) que emite la unidad de contingencias fiscales de Sefin.
El dictamen es requisito para continuar con la siguiente fase, que es donde se evalúan las propuestas técnicas y económicas de las empresas precalificadas. El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, no amplió sobre el tema, dejando entrever que no ha recibido solicitud del citado dictamen.
“Pida nota enviada o solicitud de dictamen”, recomendó Cerrato.
Modernización
Los operadores participantes son el consorcio Tecno Móvil (Megatk-Neology-Inteligen-Cia Movil); consorcio Stch (Sertrasen-Consorcio Stc-Gsi In-Ternational Inc); Circulemos Honduras (Datatools- Sigtech-Gca Tec-Nologies) y el consorcio Opus-Quipux.
El operador que gane el proyecto emitirá licencias, placas y recaudará las multas y sanciones de tránsito.
También realizará la inspección de las unidades, los exámenes para obtener licencia y extenderá el registro de la propiedad del vehículo.
Implementará la tercera placa, además de un nuevo sistema que permitirá medir los niveles de velocidad con cámaras de tráfico.
Representantes de los consumidores han advertido que el proyecto trae un severo “trancazo” al bolsillo de los hondureños.
Sin embargo, las autoridades de gobierno descartan aumentos o cobros adicionales para los usuarios del registro vehicular.
