TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El principal desafío del gobierno de Honduras para los próximos dos años será evitar que el déficit fiscal se dispare.
La cifra ajustada para el sector público no financiero es de -6% del PIB para 2020 y -5% para 2021, según la reforma aprobada por el Congreso Nacional el miércoles anterior en lo referente a las metas fiscales plurianuales contempladas en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El impacto de la pandemia del coronavirus en la economía nacional y la destrucción provocada por el huracán Eta aumentará el gasto para atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica.
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Para el exsecretario de Finanzas, Arturo Alvarado, la medida de suspender las metas fiscales para 2020-2021 es razonable.
“Lo ideal para cubrir el déficit sería financiamiento multilateral a 25 años plazo y tasas bajas de interés” |
Agrega que esa medida fue discutida con la reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Tomando en cuenta el incremento en el gasto por el covid-19 y ahora la emergencia de Eta, la medida era hasta cierto punto esperada”.
“Ahora bien, el decreto ordena una reducción del déficit a partir de 2021 y volver a un déficit razonable en 2022. Lo veo apretado y posiblemente tendrán que pedir una ampliación de plazo al Congreso Nacional”, dijo Alvarado.
En 2019 el déficit fiscal del sector público no financiero fue de -0.9% del PIB, menor que la meta de 1%.
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Gasto y burocracia
Otra de las medidas aprobadas en la reforma del Decreto 55-2020 es la regla concerniente al techo de gasto corriente de la administración central y que no podrá ser mayor al 7.7% del PIB para este año, 7.5% para 2021 y 7.4% para 2022.
A criterio del exsecretario de Finanzas, es preocupante que el gobierno no haya tomado ninguna medida para reducir la burocracia y el gasto corriente superfluo. Sostiene que con la creación de la Secretaría de Transparencia se está aumentando el gasto.
Al tercer trimestre de 2020, el gasto corriente de la administración pública alcanzó 120,488 millones de lempiras, con una ejecución de 58.4% respecto a la asignación presupuestaria para este año, que es de 206,388.9 millones, superior que los 193,092.4 millones aprobados inicialmente.
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