TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el proyecto de decreto de la Ley de Justicia Tributaria tanto la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) como el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) serán sometidos a un proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera.
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Así lo estipulan los artículos 38 y 39 de esta normativa a la que tuvo acceso EL HERALDO.
En ambas disposiciones se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a proceder con la supresión de la SAPP, que fue creada mediante el decreto 143-2010 como una entidad colegiada adscrita a esa institución. Mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) hará la pertinente eliminación del CNI, que surgió mediante la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.
La Ley de Justicia Tributaria, que consta de 41 artículos, busca revertir los privilegios fiscales en el país, creando un sistema tributario justo y transparente. Tras el encuentro que sostuvieron funcionarios del gobierno con miembros de la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, aseguró que “el objetivo del proyecto (refiriéndose a la Ley de Justicia Tributaria) es revertir ese esquema de privilegios que pocos beneficios le han traído al pueblo hondureño y crear en su lugar un sistema tributario justo y nuevos regímenes de exoneraciones que efectivamente estén vinculados a la contraprestación social y económica que recibe el pueblo que es la generación de empleo”.
Directivos de la iniciativa privada socializaron las reformas en materia tributaria que busca impulsar la actual administración pública en el territorio hondureño. La cúpula empresarial dirigida por Mateo Yibrín participó en el acercamiento que se llevó a cabo en la sede del Cohep y al que acudieron el secretario privado de la Presidencia de la República, Héctor Zelaya junto con Pedro Barquero, titular de la SDE.
Por su parte, Yibrín indicó que “lo que más nos preocupa a nosotros es cómo podemos trabajar junto con el gobierno para crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos a los hondureños”.
“Con la responsabilidad que merece este proyecto de ley lo vamos a analizar profundamente y trasladaremos a la brevedad posible al gobierno y al Congreso Nacional nuestras observaciones”, agregó. Los empresarios contarán con un compás de espera para realizar sus consideraciones, mientras que el gobierno discute las enmienda con otros sectores, informó a este rotativo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé. Afirmó que “básicamente lo que contempla el proyecto (de decreto) es un mejor control de las exoneraciones para mejorar el ingreso del Estado y poder atender las necesidades que tiene el país; el sector privado mostró su anuencia para colaborar”.
Aspectos principales
Desde eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, creando dos nuevos orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera son parte de los alcances del instrumento jurídico promovido por el Poder Ejecutivo.
De las Zonas Libres (Zoli), Régimen de Importación Temporal (RIT), call center, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) se les derogará los beneficios fiscales que gozan en la actualidad.
A impuestos específicos se otorgarán los dos nuevos regímenes -denominados Zonas Francas y Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (Rinde)- por un período máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
Además, se establecerá un adecuado marco normativo e institucional para controlar los abusos de las empresas exoneradas. Tanto la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal como suprimir el secreto bancario para fines tributarios que permita el intercambio de información con el resto del mundo se plantea en la nueva legislación que será remitida al Congreso Nacional. La figura del beneficiario final será aprobada en la referida ley para prevenir que las empresas oculten de sus utilidades a los principales beneficiarios y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad.
Reforma constitucional
En el mismo documento de la normativa en mención va incluido otro decreto que reforma los artículos 339 y 351 de la Constitución de la República con la finalidad de agregar el principio de progresividad al sistema tributario y se descarte la posibilidad de condonar las deudas tributarias.
“Se autoriza al Servicio de Administración de Rentas para que realice el proceso de depuración de los archivos administrativos que contienen expedientes de más de 17 años”, subraya el artículo 40 de la Ley de Justicia Tributaria.
