Cada dos días un hondureño denuncia ser extorsionado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 44.3 kilómetros de calle separan a Tegucigalpa de Lepaterique, distancia que por casi un mes algunos pobladores recorrieron caminando, pidiendo jalón o pagando hasta 200 lempiras para que los llevaran en motos o mototaxis.

Los 12 buses que se dedican a transportar personas de ese municipio a la capital del país dejaron de operar luego de que fueran extorsionados por un séptimo grupo criminal que, de forma anónima, les pidió dinero a cambio de su vida.

“¿De qué grupo criminal hablamos?”, preguntó la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus a uno de los conductores que estaba estacionado a la orilla de la calle en el centro de Lepaterique, sin embargo, mencionar quiénes los extorsionan es como cavar su propia tumba.

El temor es tanto que ni siquiera han denunciado ante las autoridades competentes. Pero en el país es algo normal, ya que en los últimos cinco años (desde enero de 2017 hasta noviembre de 2022) la Secretaría de Seguridad apenas ha registrado 707 denuncias por este delito, 131 de ellas de enero hasta el 10 de noviembre de este año. Esto significa que en 2022 apenas hubo una denuncia cada dos días.

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“Usted sabe que aquí no podemos hablar”, susurró el hombre luego de encender el automotor que iba de salida a Tegucigalpa, pues tenían dos días de haber reanudado operaciones “a la mano de Dios”, confió, porque no les han resuelto el problema.

De los 12 buses solo ocho están operando, los otros cuatro se resisten a pagar a otro grupo criminal; prefieren no trabajar, sobre todo porque ya está el antecedente de la muerte de un conductor. En el incidente también falleció un pasajero.

El piloto de la unidad, que llevaba a unos seis pasajeros distribuidos en los primeros cinco asientos, lamentó lo que ocurre con ese rubro y no solo en Lepaterique sino en todo el país, pues los trabajadores del transporte deben pagar a grupos criminales para poder circular. Los extorsionan en las terminales, en las estaciones y hasta en las calles que toman para llegar al municipio.

Los negocios también resultan afectados y hay un preocupante número de denuncias provenientes de dueños de casas de habitación. En los últimos cinco años, 225 personas dijeron que eran extorsionadas en sus propias casas, mientras 210 afirmaron que recibieron amenazas en la vía pública.

Los locales comerciales, empresas de transporte y pulperías, que supuestamente son los más afectados, aparecen entre los lugares que menos denuncian.

Curiosamente, en la lista aparece una oficina gubernamental y hasta una posta policial que con “violencia o intimidación y ánimo de lucro” fueron obligados o trataron de obligarlos a realizar u omitir un acto o negocio, según define este delito el Código Penal de Honduras.

Las cifras evidencian que no se trata de un problema reciente, al contrario, solo que últimamente “no se puede negar que se ha incrementado la extorsión”, lamentó el criminalista Gonzalo Sánchez, quien recordó que ahora la lucha contra este delito está en manos de la Policía Nacional.

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El experto no mencionó cifras, pero los datos proporcionado por Seguridad a través de la solicitud SOL-SSSS-1611-2022 evidencian que las personas comenzaron a denunciar a partir de 2018, pues los reportes de ese año fueron el doble en comparación con 2017.

En 2019 hubo 160 denuncias por extorsión, mientras que con la pandemia del covid-19 (en 2020) la incidencia bajó. En 2021 fueron 150 los casos, mientras que este año apunta la misma tendencia que el anterior: hasta el 10 de noviembre se contabilizaban 131 casos.

“Las personas por temor no denuncian, pero sin una denuncia es difícil que la Policía pueda proceder y ¿qué pasa cuándo detienen a estas personas?, no hay quien vaya a declarar, entonces por una puerta entran y por otra salen”, advirtió el criminalista.

Solo hay dos departamentos de Honduras que no presentan denuncias por extorsión: Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Esto no significa que no hayan casos, solo que el temor es tanto que la gente prefiere pagar o simplemente porque no hay confianza en las autoridades.

De los 16 departamentos que reportan al menos una incidencia en los últimos 10 años, Francisco Morazán y Cortés concentran la mitad de los casos, es decir, la extorsión en más latente en estos puntos y, por ende, son los más afectados.

“Se pierden miles y miles de empleos todos los meses en Honduras por la extorsión, es imposible tener un número exacto, pero hay cierre de empresas a nivel nacional, las que más sufren son la pequeña y mediana empresa y sus empleados”, cuestionó Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El empresario dijo que se reunió con altos mandos de la Policía Nacional, quienes prometieron empezar esta semana con una estrategia para controlar en un 70% este delito.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus intentó dialogar con el comisionado Saúl Espino, jefe de operaciones de la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco), para conocer detalles de esta estrategia, sin embargo, el portavoz Yefer Fernández solo se limitó en decir que no creía que se concretara la entrevista, pese a que se pidió en reiteradas ocasiones por varios días.

El criminalista Gonzalo Sánchez adelantó que se trata de una estrategia frontal contra los cabecillas de los grupos criminales que extorsionan.

“Están entrenando y preparando a personal especializado para enfrentar estas estructuras. Recuerde que ellos tienen armas, tiene dinero, tienen logística y todo, entonces se necesita una fuerza especializada para controlar la extorsión”, confió.

Desde Chamelecón, la Rivera Hernández en San Pedro Sula, hasta la Nueva Suyapa o El Pedregal en la capital de Honduras. Algunas personas todavía confían en la Policía Nacional y por eso denuncian la extorsión.

Solo en Chamelecón se registraron nueve denuncias en los últimos cinco años, mientras que en la colonia Bella Vista, en Danlí, El Paraíso, hubo seis.

Colonias de Danlí, San Pedro Sula y el Distrito Central son las que más figuran en los reportes de denuncias por extorsión que tiene Seguridad, lo que significa que estos puntos son los primeros que deben ser intervenidos por las autoridades para evitar que los negocios cierren, los buses dejen de operar o que, en el peor de los casos, corra la sangre.