2,529 personas huyeron de sus casas en Honduras por temor y amenazas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una quebrada divide las colonias Villa Nueva y Suyapa, pero allí no importa cómo se llama cada zona, sino el territorio que representa y qué estructura criminal la controla.

Por un lado, está la temida Mara Salvatrucha (MS-13), pero justo al cruzar una calle controla la Pandilla 18. Los conflictos por acaparamiento de territorio para “continuar con sus actos criminales”, según dijo el vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco, es una de las hipótesis de lo que ocurre en el sector 2 de la colonia Villa Nueva de la capital.

El martes, 20 familias fueron orilladas a huir de sus viviendas por “amenazas de parte de estructuras criminales”, según versiones extraoficiales, pues la gente afectada no quiere hablar, tampoco hay denuncias y la Secretaría de Seguridad apenas inicia las investigaciones.

Este caso es el más reciente y se ha convertido en el estallido de un problema silencioso, sin embargo, en el país hay reportes de 917 denuncias de desplazamiento forzado, según el informe “Desplazamiento forzado interno” publicado en 2021 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Estas denuncias dejaron a 2,529 personas afectadas, ya sea porque tuvieron que huir de sus casas o porque estaban en riesgo de hacerlo.

De acuerdo con Ricardo López, director del Despacho del Conadeh, estas personas fueron víctimas de una “modalidad violatoria de derechos humanos”, pues por diferentes causas tuvieron que desplazarse de su casas, colonias, municipios y hasta departamentos para “salvaguardar sus vidas”, pero sin salir del país.

En 2016, pobladores de la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula tuvieron que sacar lo que pudieron de sus pertenencias porque miembros de la Pandilla 18 les dieron 24 horas para desocupar las viviendas.

“De parte de la Pandilla 18 les damos 24 horas para que se hayan espumado de esta área, después no se vayan lamentar, van a ver (sic) vidas caídas solo por abrirles puertas a los chúntaros. Les damos 24 horas para que desalojen el área, nada de llamadas a policías, ni denuncias, si no van a lamentarlo”, se lee en un escrito que encontraron los pobladores de la zona.

Sin más que pensar, ese pequeño papel causó pánico entre los ciudadanos, quienes cargaron sus pertenencias en carros o camiones que, como pudieron, contrataron para huir del lugar.

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Esta misma situación ocurrió en abril de 2016 en la colonia Las Torres, solo que el plazo para que salieran de las casas era de 48 horas. Como siempre, el procedimiento de las fuerzas de seguridad fue acordonar el área, pero ni eso evitó que la gente huyera.

Otro caso similar ocurrió en Chamelecón, en San Pedro Sula, Cortés, donde hasta julio de 2022 había 50 familias desplazadas de la colonia San Isidro por el conflicto entre la 18 y la 13, como normalmente se les llama a estas estructuras criminales; el punto de quiebre fue cuando recibieron amenazas.

Según el Conadeh, seis de cada diez denuncias por desplazamiento forzado ocurren tras recibir amenazas, mientras que en el 14% de los casos hubo un asesinato. Además, hay 97 reportes en los que las víctimas dijeron ser extorsionadas y en 54 quejas fueron por intento de homicidio.

López detalló que los denunciantes dicen que fueron amenazados por desconocidos a través de mensajes de texto o llamadas anónimas, sin embargo, también están los casos de desplazamiento por maras y pandillas, como el caso de la colonia Villa Nueva.

Desde 2016 hasta 2021, el Conadeh reportó más de 5,000 denuncias por desplazamiento forzado, pero el pico más alto ocurrió en 2019 cuando se reportaron 1,314 casos.

Para 2020 las incidencias bajaron “a causa de la pandemia del covid-19”, según detalló López, pero en 2021 se reportó otro repunte.

“El tema del desplazamiento interno no desapareció en 2020 y 2021, lo que desapareció fue la accesibilidad para que las personas pudieran presentar sus denuncias”, explicó López, al mencionar que es responsabilidad del Estado dar una respuesta a la población afectada.

Y es que el informe menciona que hay zonas del país donde se reporta reincidencia de denuncias. De acuerdo con la cantidad de quejas por región, las zonas suroriental, central y norte son las que tienen una incidencia “alta”, es decir, donde los casos de desplazamiento son alarmantes.

Gracias a Dios, Yoro, Colón, Yoro, Comayagua y La Paz aparecen como los departamentos con una incidencia media, mientras que en el occidente es donde menos reportes por desplazamiento forzado hay.

“La unidad de desplazamiento por violencia del Conadeh ha efectuado un trabajo en el pasado donde municipios como Tegucigalpa y San Pedro Sula son los que mantienen un repunte o una cantidad elevada de casos de desplazamiento interno”, explicó López.

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Esta información coincide con los registros de la misma Dirección Policial de Investigaciones, según dijo el portavoz, Cristian Nolasco.

Sin dar cifras, el subcomisario explicó que tienen mapeadas las zonas donde pobladores han huido de sus casas debido a amenazas por grupos delictivos y que incluso tienen mapeados los barrios y colonias donde opera cada estructura criminal.

Nolasco detalló que cuando conocen estos casos lo primero que hacen es acordonar la zona y, posteriormente, investigar, pero en casos como el de Villa Nueva, también tuvieron que ayudar a la población a salir “por su decisión”.