Terminal de gas goza de más beneficios que las Alianzas Público Privadas

Tegucigalpa, Honduras.- Ni las concesiones otorgadas por medio de las Alianzas Público Privadas (APP) tienen tantos privilegios como los que la Empresa Nacional Portuaria (ENP) concede a la compañía Génesis Energías en el contrato de arrendamiento de un predio en Puerto Cortés para la instalación de una terminal de gas.

Este contrato se firmó el 29 de enero de 2024 por prestación de servicios marítimos portuarios con Génesis Energías, de capital guatemalteco, para montar una estructura para almacenar Gas Natural Licuado (GNL), combustible que servirá para el proyecto energético de Brassavola en Villanueva, Cortés.

El proyecto de Brassavola es manejado por Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (Cechsa), empresa que en 2008 firmó un contrato con el Estado para la generación de 150 megavatios.

Sin embargo, esta obra nunca se concretó en los plazos establecidos y el acuerdo volvió a la vida en esta administración gracias a una adenda o modificación de contrato, pendiente de su aprobación en el Congreso Nacional, que le amplía su capacidad de generación a 240 megavatios. El contrato original establecía un proyecto energético a base de carbón, pero con la adenda se cambió a diesel y en la etapa final debe operar con Gas Natural Licuado.

Génesis Energías se vale de este acuerdo para instalar una terminal en Puerto Cortés para una operación de importación y hasta reexportación de gas bajo una serie de privilegios y sin el permiso ambiental aprobado, según análisis y dirigentes comunitarios del puerto.

Génesis Energías buscan invertir unos 200 millones de dólares, unos 5,000 millones de lempiras al cambio actual, en la construcción e instalación y operación de una terminal de GNL. Un análisis de inversión, tiempo y otros factores indica que este contrato de arrendamiento otorga más privilegios que las cuestionadas concesiones.

La empresa solo pagará 2.5 dólares por metro cuadrado en renta cuando empiecen a prestar servicios, el plazo de alquiler se puede ampliar de 30 a 40 años, con opción a comprar los predios, y no han presentado licencias ambientales.

Aparte de ello, el contrato fue aprobado mediante un proceso de contratación directa y ya comenzaron a realizar obras sin que tuviera la aprobación por el Congreso Nacional, como lo establece el artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República.

Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, afirmó a EL HERALDO Plus que a pesar que el contrato va a cumplir un año de haberse firmado, al Poder Legislativo todavía no ha llegado este contrato para su aprobacion y discusión.

En cambio, los proyectos de APP se realizaban mediante procesos de contratación competitivos. Además de pagar un canon al Estado por la explotación de espacios o bienes públicos, también se aseguran que la infraestructura construida, al finalizar el plazo de la concesión, pase a ser propiedad del Estado automáticamente.

En tanto, la ENP concedió un contrato de arrendamiento, con opción de ampliarlo 10 años más, a Génesis Energías y que la empresa sea la primera opción en caso de venta del bien público (título 30.1 del contrato)

Ninguna concesión de las que se entregaron por medio de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) alcanzó los 40 años de explotación, tiempo concedido a la empresa en el contrato de arrendamiento.

EL HERALDO Plus analizó parte de las concesiones que maneja el Estado, de acuerdo al informe anual de actividades de 2023 de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), comprobando que la mayor parte tienen el mismo promedio de inversión de 200 millones de dólares, como el establecido por Génesis Energías.

Además, todos los proyectos que excedieron el periodo de gobierno (cuatro años) fueron sometidos a un análisis y votación en el Congreso Nacional, proceso que no se ha cumplido con la ENP.

Por ejemplo, los datos del informe evidencian que para el Centro Cívico Gubernamental (CCG) se hizo una inversión que supera los 176 millones de lempiras en infraestructura, con un tiempo de concesión de 27 años y 8 meses.

Igual pasa con el Corredor Logístico, es decir, la carretera CA-5 Norte, entre Tegucigalpa-Goascorán-Valle y Puerto Cortés, donde el concesionario ha invertido más de 121 millones de dólares, con un plazo de 22 años y 9 meses.

Con la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) ocurre similar. Para el manejo de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés se proyecta una inversión de 624.3 millones de dólares en 30 años.

Además, OPC paga por concepto de canon al Estado y la municipalidad de Puerto Cortés más de 19.3 millones de dólares al año, unos 482 millones de lempiras, por la explotación del espacio público y montar su empresa en la zona.

Por ejemplo, solo por las hectáreas ocupadas cancela un canon fijo que supera los cuatro millones de dólares al año, unos 100 millones de lempiras anuales, mientras que Génesis Energías apenas pagará 2.3 millones de dólares al año (a razón que se le renta cada metro cuadrado a 2.5 dólares y el predio abarca 78,500 metros cuadrados), unos 58 millones de lempiras, es decir, alrededor del 40% menos.

OPC también paga por movimientos de exportación e importación 9.1 millones de dólares, por regulación a la SAPP un total de 382,276 dólares y por impuestos municipales 5.6 millones de dólares.

El proyecto de la terminal de graneles de Puerto Cortés, que manejan las empresas Terminal Especializada de Honduras (TEH) y Avanza, se estableció por 20 años. Al igual que otros proyectos de APP, pagará más al Estado que Génesis Energías, pese a que esta última invierte más.

El compromiso de TEH es invertir un poco más de 21 millones de dólares y Avanza 19.4 millones, sumando más de 40 millones de dólares entre ambas.

Esta concesión pagó en 2023 un total de 119.6 millones de lempiras en cánones, que incluyen el pago de las obligaciones contractuales de Aporte por Regulación, Tasa de Ocupación de Suelo Portuario (TOSP), Tasa de Aprovechamiento de Suelo Portuario (TASP), Impuesto Sobre venta (ISV) y otros compromisos.

La otra concesión es la del Aeropuerto Internacional de Palmerola, cuya inversión ha incrementado con el paso de los años, llegando a 245.2 millones de lempiras al cierre de 2023, con un plazo de concesión de 34 años y seis meses, establece el informe de la SAPP.

Por su parte, Génesis Energías comunicó que el desarrollo de la terminal de GNL tiene como objetivo principal garantizar la entrada de un nuevo combustible fósil, más eficiente, más limpio y más económico para Honduras.

Este combustible permitirá, entre otros usos industriales, la generación de energía confiable, sostenible y accesible para el país, y si bien la Central Térmica Brassavola es uno de los clientes a abastecer, este proyecto permitirá introducir gradualmente el GNL al mercado hondureño, beneficiando a industrias, comercios y hogares con un combustible más limpio y eficiente, amplió.

Kevin Rodríguez, especialista en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que el otorgamiento del contrato a favor de la empresa Génesis Energías genera muchas dudas, sobretodo porque no se hizo una licitación pública internacional.

Además surgen las interrogantes sobre por qué la Empresa Nacional Portuaria (ENP) estableció el contrato sin participación de la Secretaría de Energía, ya que el tema gas se refiere a generación de energía.

En el caso de los contratos de las empresas que manejan las terminales de carga y graneles en Puerto Cortés, se hicieron mediante licitaciones, pero el predio para la construcción de una terminal de gas se otorga sin un proceso competitivo y sin la debida publicidad, lamentó.

Rodríguez, además, agregó que tampoco se establece quién será el ente regulador de este contrato, así como el alcance y los niveles de cumplimiento, como lo hace la SAPP con todas las concesiones.

Citó como ejemplo la terminal de gas de El Salvador, cuyo proyecto avanzó gracias a una licitación pública para adjudicar el contrato al proveedor de gas, ya que solo se puede importar desde Estados Unidos o de Canadá.

Cuando se hace una licitación pública internacional se sabe cuáles son las empresas que ofrecen el mejor precio, “no es que se da de dedo, pero en Honduras no se sabe quién va a vender el gas, bajo qué condiciones y a qué precio”.

Generalmente, ese tipo de proyectos trascienden a temas de país, por lo que a veces se involucran hasta los presidentes, ya que la operación no solo se limita —como bien admitió la empresa— suplir una planta generadora de energía, sino que será al mercado nacional y hasta se busca reexportar, reflexionó.

La instalación de la terminal, prosiguió el especialista, también se definió mediante una licitación pública en El Salvador, que implica construir el muelle donde se instalará el barco, las tuberías que llevará el gas licuado y el tanque de almacenamiento.

Luego está el último proceso: pasar el gas líquido al estado gaseoso. Esta transformación se llama regasificación, que se consigue mediante una máquina que descongela el líquido. Después se licita el contrato de la planta generadora de energía.

Sin embargo, en Honduras no fue así. Primero se otorgó a Cechsa y ahora continúa con las otras etapas.

En ninguno de los componentes de la cadena se licitó, sino que fue de manera directa, con el arrendamiento como figura para evitar hacer procesos competitivos y transparentes.

Rodríguez advirtió que nadie está en contra de la tecnología, sino que en la forma de cómo la ENEE, la ENP y el Congreso Nacional han desarrollado el proceso de contratación y ejecución de los proyectos.

Recalcó que como a ASJ siempre les ha preocupado que en Honduras se paga energía cara y de mala calidad, sumado a los constantes apagones.

En los procesos tampoco hay claridad, a juicio de Rodríguez, sobre el costo de la terminal, el costo del kilovatario hora y si finalmente el consumidor saldrá beneficiado.