Mientras los obstáculos financieros golpean a las instituciones de seguridad, la escalda violenta no se detiene, generando un ambiente de zozobra que fomenta la migración y la salida de los inversionistas extranjeros.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Aunque el presupuesto de la Secretaría de Seguridad para este 2023 tuvo un incremento del 27% con respecto al año anterior, llegando a más de 10,000 millones de lempiras, los resultados en la lucha contra la violencia, delincuencia y crimen organizado no se reflejan en el bienestar de la sociedad.
Según los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el país cerró 2022 con una tasa de homicidios de 37.4 por ciento y para el primer semestre del 2023 se espera que la tasa por cada cien mil habitantes se mantenga.
De acuerdo con estos datos, la lucha contra la inseguridad se encuentra empantanada a pesar de que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad pasó de 8,300 millones de lempiras en el 2022 a 10,200 millones de lempiras en el 2023.
Este monto incluye los mil millones que la presidenta Xiomara Castro prometió en diciembre del año pasado para fortalecer la lucha contra la extorsión y otros delitos anexos.
Dado que el dinero presupuestado no mantiene una estrecha relación con los resultados, la sociedad hondureña ve con resquemor el impacto del trabajo policial, que todavía no logra desacelerar la espiral de la violencia y criminalidad, sino que más bien cada semana se registran nuevos eventos sangrientos que conmueven a la ciudadanía.
De acuerdo con una fuente del área administrativa de la Secretaría de Seguridad, un tema es la cantidad que aparece en La Gaceta y otra es la que realmente la Secretaría de Finanzas desembolsa.
No se puede operar con eficiencia cuando el dinero llega a cuentagotas y cuando hay políticos que ven en los recursos públicos un botín y mandando a terceros con contratos que no se pueden aprobar ni pagar, sostuvo.
La fuente reveló que de los nueve mil millones del presupuesto, la Secretaría de Seguridad ya ejecutó el 40 por ciento en el primer semestre. Y de los mil millones aprobados para la lucha contra la extorsión solamente se han ejecutado 100 millones, lo que equivale al diez por ciento de lo asignado.
Recordó que como el dinero no es desembolsado rápido, la Secretaría de Seguridad ha tenido que hacer malabares para pagarle el salario a los agentes de la a Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y “pueden preguntarle a ellos. Sin la disposición presupuestaria es difícil enfrentar al crimen”, añadió.
El investigador Andreas Daugaard, en su informe “La extorsión bajo la Lupa: Evaluando los 6 meses de estado de excepción y el plan antiextorsión, señala que “la baja ejecución es preocupante porque pone en cuestión la capacidad de la institución de planificar y gestionar sus acciones”.
En el documento se señala que el 62% de los recursos, de los mil millones de lempiras asignados, están orientados a la adquisición de equipo de seguridad, un 25% para operatividad, 8% para recurso humano y un 5% para ayudas sociales a policías.
En términos de ejecución, señala que- entre enero y mayo- de los mil millones, la Secretaría de Seguridad apenas había utilizado el 4% de los recursos asignados, destinados para operatividad, recursos humanos, presentando cero por ciento de ejecución en equipo de seguridad.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, aseguró que resulta extremadamente difícil impulsar o desarrollar una política pública si no se tienen los recursos adecuados y de manera disponibles.
”Recuerde que un presupuesto engloba los recursos de cada línea de operación operaciones o actividades definidas a ejecutarse con el fin de cumplir un objetivo”, añadió.
Explico que por falta de agilización de los fondos una instituciones puede entrar en inacción. Por ejemplo, en el caso de la Policía, para ir a darle auxilio a una mujer víctima de violencia las patrullas necesitan tener al menos combustible.
“¿Por qué la lentitud para ejecutar los desembolsos? Es una pregunta que debe responder la ministra de Finanzas. Creo que una sana administración tiene que ver con que se le brinden los fondos adecuados a las instituciones para que puedan desarrollar sus planes a cabalidad y de manera transparente”, agregó Ayestas.
