Cada media hora una mujer denuncia violencia doméstica: “Me llevaron al hospital”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Nos separamos porque él tenía más mujeres. Yo le dije que me quedaría con nuestro hijo y entonces me golpeó con su puño. Me llevaron al hospital... Lo amenacé con denunciarlo y le dio igual”.

Este relato, desafortunadamente, es solo uno de los más de 100,000 casos de violencia doméstica denunciados en Honduras en los últimos nueve años.

Datos del Poder Judicial, obtenidos por EL HERALDO a través de la solicitud de información pública SOL-PJ-2687-2024, revelan una preocupante realidad: desde 2015 hasta 2023, un total 152,518 mujeres denunciaron que sufren violencia doméstica.

La cifra evidencia una tasa alarmante: alrededor de 46 mujeres denuncian al día ante el Poder Judicial que son objeto de este tipo de violencia o, en otras palabras, cada hora llegan a los tribunales de justicia dos casos.

Entre 2015 y 2023 la cantidad de reportes oficiales osciló entre 14,000 y casi 19,000. Sin embargo, expertos advierten que la cifra real puede ser mucho mayor, ya que solo una fracción de las víctimas denuncia su sufrimiento.

Andrea Paz, integrante de la organización Foro de Mujeres por la Vida, explicó que las cifras oficiales representan solo una pequeña parte de la realidad.

“Las denuncias que llegan a las autoridades son una mínima fracción de los casos reales. La verdadera magnitud del problema es mucho mayor; el triple de esas denuncias podría estar sufriendo violencia”, sostuvo Paz.

Para el caso, el Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911 reporta alrededor de 100,000 llamadas anuales de mujeres pidiendo ayuda por violencia. Este dato sugiere una crisis de proporciones inmensas, “aunque una persona puede llamar varias veces, esto da una idea de la magnitud del problema”, explicó Paz.

Pese a que las expertas sostienen que el universo de denuncias interpuestas por mujeres es mayor, los hechos registrados ya muestran una diferencia muy amplia con respecto a los casos donde los hombres son víctimas (apenas 12,965 registros del sexo masculino frente a los 152,518 del sexo femenino).

Hubo un récord de denuncias en 2016, con 19,002 casos, según los archivos registrados por este medio. Otro año con alta incidencia fue 2019, con 18,949 denuncias.

Durante el año más turbulento por la pandemia de covid-19, en 2020, las cifras bajaron, pero los números son engañosos: el confinamiento y la paralización de servicios esenciales limitaron el acceso de las víctimas a las denuncias.

Para 2021, las denuncias se dispararon nuevamente, alcanzando más de 16,000 casos. Los datos de 2024, actualizados hasta marzo, indican que se registraron más de 1,000 denuncias.

La violencia denunciada en los últimos años se clasifica principalmente como física, psicológica, sexual y patrimonial.

La psicóloga Mirna Mendoza subrayó que en muchas víctimas prevalece el temor a reportar su situación: “La mayoría de las mujeres temen a sus agresores, que a menudo son sus parejas. Esto impide que muchos casos lleguen a las autoridades”.

Además, la falta de recursos y el escaso apoyo institucional en áreas rurales agravan la situación.

“En las aldeas y comunidades pequeñas no hay lugares adecuados para denunciar. Muchas veces las estaciones policiales revictimizan a las mujeres, lo que las disuade de buscar ayuda”, explicó Mendoza.

Cortés y Francisco Morazán encabezan la lista de departamentos con más denuncias de violencia doméstica.

En Cortés, al norte del país, se registraron 40,689 denuncias en los últimos nueve años, mientras que en Francisco Morazán un total de 37,882. Atlántida, Comayagua, El Paraíso y Colón también muestran cifras altas.

En contraste, Gracias a Dios presenta un reporte bajo comparado con Cortés y Francisco Morazán, con solo 707 denuncias en nueve años, pero el poco acceso y la escasa intervención estatal pueden ser determinantes para este número.

“La falta de institucionalidad y derechos humanos en estas regiones contribuye a los bajos índices de denuncia”, afirmó Paz.

En los últimos nueve años, 69,222 mujeres han denunciado ante los Juzgados de Letras del Poder Judicial, mientras que 83,286 lo hicieron ante los Juzgados de Paz.

La Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) lamentó que los tribunales que reciben las denuncias demoren en emitir una resolución y que muchas de las acusaciones sean declaradas sin lugar.

“Nuestro sistema judicial es débil; para ellos es importante contar con pruebas físicas y científicas. Además, tenemos muchos estereotipos entre los operadores judiciales, ya que hay casos de mujeres que van a denunciar, pero no se acepta su denuncia porque no llegan golpeadas”, reprochó Lara Bohórquez, coordinadora de esta unidad del CDM.

“Muchos de los operadores de justicia no están capacitados; igualmente, muchos de los juzgados de violencia doméstica no lo están. Esto es preocupante, que estas personas no tengan el conocimiento necesario”, agregó.

En contraste, en otros países el testimonio es suficiente como prueba, destacó Bohórquez, pero en Honduras “se le pone traba a las mujeres para poder denunciar”.

Este medio se contactó con Rubenia Galeano, coordinadora de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer su reacción sobre este tema, pero explicó que su agenda estaba ocupada y solo podía atender hasta después de esta publicación.

Para enfrentar esta crisis, las autoridades trabajan en una reforma a la Ley Especial Integral contra la Violencia Doméstica para imponer penas más severas.

César Ramos, asesor de la Subcomisión Interinstitucional de Seguimiento a la Ley contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial, explicó que la nueva ley tendrá un enfoque penal más riguroso, con castigos más graves y una perspectiva de género más clara.

Agregó que “entre los nuevos elementos es que esta nueva ley adquiere un carácter penal, serían imputados, no agresores, con penas más graves y esta ley contempla el reconocimiento de una perspectiva de género”, aunque ya existen imputaciones en el Código Penal.

Una víctima de violencia doméstica puede presentar una denuncia ante un juzgado de Paz, en una posta policial y en el Ministerio Público.

También hay Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) en Santa Rosa de Copán y La Entrada, en Copán; en La Esperanza, Intibucá; y Santa Bárbara, Santa Bárbara.

Igualmente hay módulos especiales en Tegucigalpa, Francisco Morazán; San Pedro Sula, Cortés; Comayagua y Siguatepeque, Comayagua; La Paz y Marcala, en La Paz.

Otras unidades de asistencia son los consultorios jurídicos de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), la Universidad Cristiana de Honduras (Ucrish), Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Tras interponer la denuncia, tanto en el juzgado, como en la posta policial o la Fiscalía, deben emitir de forma inmediata medidas de seguridad: tales como retirar al agresor del hogar, prohibirle que transite por lugares que la víctima frecuenta, entre otras, mientras se lleva a cabo la audiencia.