El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa se atribuyó la aprobación de la Ley de Extradición como parte de las 'leyes y las acciones que di contra la delincuencia y el crimen organizado' durante su gobierno, a manera de refutar las fuertes acusaciones que un excapo de la droga le hizo la semana pasada en una corte de Estados Unidos.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, excabecilla del cartel de Los Cachiros, dijo que pagó sobornos al exmandatario a cambio de protección y contratos con el gobierno. Este testimonio fue brindado el pasado 6 de marzo en una audiencia contra su hijo, Fabio Lobo, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos.
Lobo se defendió ese mismo día a través de un comunicado, donde negó los señalamientos y expresó: 'Mis acciones como presidente del Congreso, primero, y como presidente de la República son las más claras muestras de mi compromiso con Honduras, aprobando varias leyes para el combate al crimen organizado y la delincuencia en general, como la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominio'.
Un día despúes, volvió a repetir esta afirmación en una conferencia de prensa brindada desde su casa: 'Lo mío no son palabras, repito, lo mío no son palabras, es el testimonio de vida que desde mi función como presidente del Congreso Nacional hasta mi función como presidente de la República son muchas las leyes y acciones que di contra la delincuencia y crimen organizado, entre ellas: la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominios'.
Aunque Honduras ha extraditado a Estados Unidos a 13 ciudadanos desde el 2014 a la fecha, el país no posee ninguna ley de extradición o una norma similar que regule esta figura.
Estas entregas de compatriotas con cargos en el extranjero han sido efectivas gracias a un viejo Convenio de Extradición entre Estados Unidos y Honduras con más de cien años de antiguedad, pese a que el tema cobró auge apenas hace cinco años ( Ver documento original en este enlace).
El tratado fue suscrito el 15 de enero de 1909 entre la administración del estadounidense Theodoro Roosevelt y la del hondureño Miguel R. Dávila y finalmente fue publicado en La Gaceta en diciembre de 1912.
En el documento, ambos gobiernos acordaron que 'entregarán ante la justicia a cualquier persona que pueda ser acusada o condenada', siempre y cuando 'el delito haya sido cometido dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes' y el acusado haya buscado asilo o esté fugitivo en el territorio del otro.
Se mencionan en este acuerdo original los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, violación, entre otros, pero ninguno relacionado a narcotráfico y crimen organizado.
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Fue hasta el 21 de febrero 1927, en el gobierno de Miguel Paz Baraona, que se amplía el convenio y se incluyen los crímenes relacionados al tráfico ilegal de estupefacientes y las aduanas, pero en más de cien años nunca se registró una extradición de un compatriota desde Honduras a Estados Unidos.
Además, el artículo original 102 de la actual Constitución de la República mantenía un freno a las intenciones de extraditar hondureños pedidos por la justicia de otros países, pues lo prohibía de manera tajante.
Sin embargo, en el 2012 se aprobó una reforma constitucional en el Congreso Nacional que habilita la entrega de connacionales a gobiernos extranjeros si hay vinculación al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, mediante el decreto No. 269-2011.
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En esa ocasión se manejó que la iniciativa fue promovida después que el expresidente Lobo y Juan Orlando Hernández -en ese tiempo presidente del Poder Legislativo, ahora del Ejecutivo- sostuvieran una reunión con 'altos funcionarios' en Estados Unidos, donde se acordó aprobar la reforma.
Desde ese momento también se empezó a debatir sobre la aprobación de una Ley de Extradición para regular la figura y establecer un procedimiento claro para su ejecución y hasta el propio Lobo anunció que la reforma derivaría en un tratado celebrado con un grupo de naciones, entre ellas Estados Unidos.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) giró al menos tres propuestas de ley sobre la extradición para poseer un marco legal sólido, pero las tres fueron rechazadas y engavetadas por el Congreso Nacional.
El punto conflictivo era porque mientras el Poder Judicial proponía un juez natural para conocer los casos de extradición, los diputados, encabezados por Juan Orlando Hernández, consideraban que debían ser tratados por los magistrados de la CSJ.
En medio de este debate, la Corte Suprema aprobó un auto acordado en junio del 2013 con ocho cláusulas a manera de instructivo ante 'la referida reforma del artículo 102 constitucional y la falta, hasta el momento, de una norma secundaria que regule el procedimiento de las extradiciones'.
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Este auto acordado sirvió como sustento para aprobar la primera extradición de parte de Honduras a un gobierno extranjero el 21 de abril del 2015 y dejado en firme el 9 de mayo del 2015, el de Carlos Arnoldo Lobo, quien fue enviado ese mismo día a Estados Unidos y ahora paga una condena de 20 años.
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Pese a que otros 12 hondureños corrieron con la misma suerte y los procesos se han ejecutado con pocos contratiempos, varios sectores políticos y del derecho sostienen todavía que es necesario reglamentar este procedimiento y actualizar el tratado con EEUU; otros lo ven como innecesario.
Hasta entonces, Honduras no tiene una Ley Especial de Extradición y se ha valido de un viejo convenio de más de cien años con EEUU, una reforma constitucional y un auto acordado para ejecutar esta figura.
Por supuesto, en esta publicación no intentamos restar reconocimientos a los alcances de esta medida. Sin embargo, a la luz de las pruebas y los conceptos elementales, que evidencian que una reforma constitucional está muy lejos de tener los mismos detalles legales que una ley especial, y que el expresidente Porfirio Lobo Sosa se intentó atribuir una figura todavía inexistente, Inspector EH califica su declaración como: Falsa.
