TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial Salvador Nasralla criticó al gobierno y afirmó lo siguiente: “Para la CICIH no se necesita elevarla a rango constitucional, así como no se necesitó para instalar la MACCIH” (sus palabras se puede escuchar desde el segundo 16 del siguiente video).

Es verdadero. El memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y la Organización de Naciones Unidas (ONU), de 2022, para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) así lo dicta.

Eso sí, aunque el ente no necesita una reforma constitucional para su instalación y funcionamiento, sí exige reformas para los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de la derogación del decreto 116-19 que limita las funciones del Ministerio Público y la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

El memorándum de entendimiento, firmado en diciembre de 2022 por la ONU y el gobierno de Honduras, establece dos fases de trabajo y una hoja de ruta en el que se incluyen varios requisitos para su instalación: aprobación, reforma y derogación de algunas leyes.

En la primera fase se indica que se creará un equipo de las Naciones Unidas conformado por personas expertas en el sistema penal, en la adopción e implementación de las reformas legales, así como la evaluación de las fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el sistema judicial del país.

Además, el equipo de expertos revisará la normativa hondureña para determinar si hay leyes que necesitan ser reformadas para el buen funcionamiento de la CICIH.

El abogado constitucionalista Rafael Jerez en ese sentido dijo al equipo de verificación de EL HERALDO que no se necesita de una reforma constitucional para su instalación.

“Las reformas constitucionales para la CICIH eran innecesarias, porque primero ya hay una ruta trazada en el memorando de entendimiento que suscribió Honduras con Naciones Unidas en ese sentido”, opinó.

“Me parece que no era idóneo el meter una reforma constitucional que más bien entorpece el proceso porque la reforma para que pueda estar en vigor requiere de una ratificación (...) ahí no hay congruencia entre lo que está en el memorándum y lo que el gobierno de Honduras está pretendiendo hacer”, añadió.

Señaló que las reformas y las garantías para que el mecanismo anticorrupción realmente sea instalado en el país están directamente relacionadas con el Código Proceso Penal y el decreto 04-2022, que incluye la Ley de Amnistía.

“Si realmente tuviera esa intención, entonces avanzarían en la discusión de varios decretos que ya están. De alguna manera, en la negociación que Honduras y Naciones Unidas están llevando a cabo, por ejemplo lo de la inmunidad parlamentaria y la amnistía política algunos, procesos previstos en el Código Procesal Penal”, expresó.

La representante residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, comentó al equipo de verificación de EL HERALDO que en ningún memorándum de entendimiento han pedido reformar la Constitución y, en caso de no darse, tampoco entorpecerá la instalación de la CICIH.

“Por el momento estamos en el proceso de ver el memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU, que es independiente de esta reforma que se propone en el Congreso a la Constitución”, señaló.

A través una reforma por adición al artículo 232 de la Constitución de la República, el partido Libertad y Refundación (Libre), por medio de la diputada Xiomara Hortencia Zelaya, pretendía otorgar facultades de investigación independiente a la del Ministerio Público a la CICIH, una de las promesas más férreas del oficialismo durante su campaña.

En el proyecto de reforma constitucional no se le faculta a la CICIH para que presente requerimientos fiscales y acuse a los ante los tribunales hondureños, sino más bien sus investigaciones deberán presentarlas al Ministerio Público, para que este sea el ente que ejerza la acción penal y público, tal como lo indica la Carta Magna y la reforma.

“El ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República (PGR) y a las acciones que corresponda, en su caso los particulares. Así mismo tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense”, dice textualmente el artículo 232.

Con esto, se pretendía facultar a la CICIH para ejercer acciones investigativas de forma independiente, permitiendo además desarrollar inteligencia y análisis financiero en los casos de corrupción que correspondiera.

En la sesión legislativa del 24 de julio, luego de aprobarse la dispensa de dos debates para que el proyecto pasara a votación, se obtuvieron 82 votos a favor, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada (86) para lograr la ratificación del artículo.

El precandidato presidencial Salvador Nasralla afirmó que “para la CICIH no se necesita elevarla a rango constitucional, así como no se necesitó para instalar la MACCIH”.

Luego de analizar el memorándum de entendimiento firmado entre la ONU y el gobierno de Honduras, así como la postura de los expertos, incluida la de la representante de la ONU en el país, se concluye que, en realidad, para instalar la CICIH no se requiere una reforma constitucional directa a un artículo en específico.

Memorándum de entendimiento firmado entre la ONU y el gobierno
Convenio MACCIH en Honduras
Ley especial de la CICIH
Abogado Rafael Jérez
Alice Shackelford, representante de la ONU en Honduras
Constitución de Honduras