Congreso Nacional de Honduras, de los más corruptos a nivel mundial, según Índice de Estado de Derecho

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional de Honduras es uno de los más corruptos a nivel mundial en el último Índice de Estado de Derecho, correspondiente a la edición de 2023.

La medición del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project, WJP) ubica al parlamento hondureño en el puesto 132 de 142 naciones evaluadas (entre más bajo, peor la evaluación) con respecto a la percepción de actos de corrupción.

El puntaje de 2023 es el más bajo del Congreso hondureño en la última década y confirma el deterioro paulatino que ha tenido año tras año.

Por ejemplo, 2022 era el anterior año con el rendimiento más bajo, pues el parlamento estaba en la posición 131, es decir, hubo una caída de una posición, pero solo se evaluaron 140 naciones.

El contraste es mayor si se compara con la evaluación de 2015, cuando el Legislativo de Honduras se situó en la posición 72, de 102 países analizados.

La presencia o ausencia de corrupción en el Poder Legislativo es uno de los 44 indicadores, agrupados en 8 categorías, evaluados por WJP para determinar el nivel de Estado de derecho por nación a nivel global.

Para ser precisos, la medición a la actuación del parlamento nacional entra en la categoría Ausencia de Corrupción.

Las otras posiciones son Restricciones a los poderes gubernamentales, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia penal y Justicia civil.

Dentro de la categoría Ausencia de corrupción se evalúan a los tres poderes del Estado, así como a los órganos de seguridad nacional.

“El factor (Ausencia de corrupción) considera tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos”, indica el WJP en su descripción.

En ese sentido, los investigadores miden si los miembros de la legislatura no utilizan sus cargos públicos en beneficio propio, es decir, “si se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables a la legislación”.

En el mencionado indicador Honduras aparece con una de las peores evaluaciones. Solo supera a 7 naciones, entre ellas: El Salvador (una asamblea dominada por el oficialismo y que sigue la agenda del presidente Nayib Bukele), Perú (donde 6 de cada 10 congresistas tienen investigaciones fiscales abiertas) y Colombia (con exsenadores investigados por corrupción).

De hecho, el Legislativo es el poder del Estado peor evaluado de Honduras. El Ejecutivo aparece en la posición 117, mientras que el Judicial en el puesto 119. Las fuerzas de seguridad se ubican en el 94, siendo las que tienen mejor rendimiento en la categoría de Ausencia de corrupción.

Según los analistas, que el Congreso de Honduras esté señalado como uno de los más corruptos del mundo, es un mal que no sorprende debido a que los políticos que han gobernado históricamente el parlamento utilizan sus posiciones como un botín.

“No es de sorprenderse de este tipo de informes. Todos los Congresos han sido caracterizados por este tipo de situaciones: abusos de poder, corrupción y conveniencia personal”, dijo Augusto Aguilar, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Otro factor, dijo el analista, es la impunidad, que ha sido hasta ahora la principal aliada del Congreso, “fomentando una cultura de corrupción”.

Aguilar enfatizó que hay otros aspectos en este contexto, que van desde el blindaje a través de leyes, asignación de fondos y los arreglos económicos con el Poder Ejecutivo para favorecer las agendas políticas.

Para Fidel Hernández, otro analista, el Congreso es un cultivo de corrupción, “muestra de ello es que tenemos un Poder Legislativo que no sesiona desde hace dos meses solamente porque los protagonistas están buscando un fiscal que no los toque”.

Uno de los casos más emblemáticos es el decreto de amnistía política o “Pacto de impunidad”, que fue aprobado por el Congreso a inicios de febrero de 2022.

El decreto fue para extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, entre 2006 y 2009.

En consecuencia, Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta hondureña Xiomara Castro, fue librado de responsabilidad penal luego de guardar prisión desde 2018 tras ser acusado de tres delitos contra la administración pública cuando fue gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante la gestión de Zelaya Rosales.

Un día después, Enrique Flores Lanza, también secretario de esa administración, recibió una carta de libertad gracias a haber cesado la acción penal en su contra tras ser procesado por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude.

A esto se le suma la Lista Engel, un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, que trata sobre actores corruptores de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua). En él figuró Samuel Reyes, diputado del Partido Liberal, acusado de manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023 para su beneficio personal y político.

Estados Unidos, una vez que introduce a una persona a Lista Engel, la vuelve inelegible mantener, solicitar o renovar la visa americana, el documento da acceso legal a ese territorio.

A Erasmo Portillo, diputado opositor del Partido Nacional, tampoco le sorprendió que el Congreso, del que él es parte, sea catalogado por Proyecto de Justicia Mundial como uno de los más corruptos del mundo.

“Es normal que salga una evaluación de ese tipo: de lo que inicia mal no se puede esperar que resulte algo bueno. Primero, porque no quisieron aceptar la junta directiva de Jorge Cálix, aun teniendo el respaldo de la mayoría, lo que derivó en que se impusiera a Luis Redondo”, expresó.

“Lo segundo es que quienes presiden ilegalmente el Congreso todo lo quieren a la fuerza, algo que va en contra de la dinámica del Congreso, un lugar clave para los consensos”, añadió.

Más allá de las situaciones que opacan la operatividad del Congreso hondureño, es que este poder del Estado cumplió hoy 60 días sin sesionar, una inédita situación.

El 1 de septiembre pasado se intentó elegir al fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), pero lo impidió la falta de consensos entre las principales fuerzas políticas.

Desde entonces, en el Congreso no se han celebrado sesiones ordinarias, aunque los diputados siguen cobrando mensualmente sus salarios y viáticos, además de que han realizado viajes, como el de Rusia, a fines de septiembre.

Los motivos del coma legislativo son distintos: el oficialismo dice que es producto de que el resto de bancadas no apoya su nominación, la de Johel Zelaya, mientras que la oposición aduce lo mismo, pero con la aspiración de Jenny Almendarez.

“Se tiene que seguir en sesión normal, aunque no exista consenso para la elección del fiscal; no puede tener paralizado el Congreso”, dijo Tomás Zambrano, presidente de la bancada nacionalista.

“Nosotros tenemos dos meses exigiendo a la directiva ilegal que convoque a sesión. También hemos solicitado la convocatoria a sesión extraordinaria con base al artículo 190 de la Constitución poniendo a disposición nuestros 43 diputados, pero se ocupan 65 votos, pero, hasta este día, el Partido Liberal no ha querido sumarse por razón de que no se ha podido convocar”, agregó.

Sin embargo, Rasel Tomé, uno de los vicepresidentes del parlamento (de Libertad y Refundación), detalló que mañana podrían reanudarse las sesiones si se logra un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

“Nosotros estamos listos, y cuando eso ocurra, volveremos a sesionar”, comentó. El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, detalló que el endurecimiento del parlamento tiene como consecuencia más de 900 proyectos de ley en cola, así como la discusión de temas torales.

Pero, pese a las versiones, la paralización del Congreso, que ahora tiene que lidiar con el señalamiento de ser uno de los más corruptos del mundo, también afecta a otras entidades del país.

Por ejemplo, desde hace nueve meses, al pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le hace falta un integrante por consecuencia que el Congreso no lo ha nombrado.

Lo mismo ocurre en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, donde no han elegido a sus tres comisionados (los anteriores terminaron el 31 de mayo).

Asimismo, está el Ministerio Público (fiscal general y fiscal adjunto) y el Tribunal de Justicia Electoral.

A dos meses sin sesiones ordinarias, en este Congreso, que está acusado de ser uno de los más corruptos del mundo, deberá ocurrir algo que, según los expertos, es difícil que pase por el presente: que sus diputados logren un acuerdo para elegir a las autoridades de ciertas instituciones, discutir temas de importancia nacional y legislar en favor del pueblo hondureño.

“Aquí es donde vemos que esté Congreso no tiene justificaciones para no sesionar; que no haya consenso no significa que no aprueben en favor de la población”, exhortó entretanto el analista Augusto Aguilar.