TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque no es legal, ni reconocida por los sectores de sociedad civil, la Junta Directiva del Congreso Nacional (CN) de Honduras debe de dimitir para no seguir ocasionando más daños al país, según analistas.
Este sábado se cumplen 51 días desde la última vez que el CN sesionó en el intento fallido de elegir un nuevo Ministerio Público (MP).
Sin embargo, este año el CN se ha paralizado ante la toma de decisiones sustanciales como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público y un mes de vacaciones.
Ante esto, el analista Oliver Erazo explicó que esta histórica parálisis legislativa solo orilla a que Luis Redondo y su junta directiva renuncien.
“Pensar que estas personas dejarán el poder es complicado, pero por el bien de Honduras tienen que hacerlo”, dijo Erazo.
Además agregó que estos congresistas de la directiva “no son competentes, sus resultados son incompetentes”.
Desde la sociedad civil, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) concuerda con la idea de que la Junta Directiva del Legislativo debe dar un paso al costado.
“Sin lugar a dudas se han rebasado los límites, y no solo eso, hemos conocido las acciones que ha ejecutado la Junta Directiva de no permitir que diputados ingresen a sus oficinas, entre otras cosas. Libre está quedando mal”, analizó Castellanos.
Para la oposición, esta parálisis legislativa es una excusa del oficialismo para disolver este poder de Estado.
“Queda evidenciado que es la junta directiva ilegal que no quiere realizar las sesiones. Ellos quieren enviar un mensaje de que el Poder Legislativo no sirve para disolverlo”, dijo el diputado liberal Marlon Lara.
Pese a no sesionar, Redondo ha erogado más de L 57.9 millones en viáticos a favor de diputados oficialistas.
Millonario pago por poca actividad legislativa
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes la segunda edición del monitoreo al Congreso Nacional, donde fue develado una alta erogación en el pago de salarios y viáticos a los parlamentarios en contraste con su nivel de productividad.
Dentro de los hallazgos, la ASJ denunció que existe una baja productividad legislativa donde entre los meses de julio a septiembre los diputados apenas han presentado 77 proyectos de decreto, aprobando 20 de ellos.
Del total de los proyectos presentados en la actualidad, solamente 28 fueron turnados a una comisión, mientras 44 aún se encuentran en la deriva.
En materia financiera los representantes de la ASJ hicieron énfasis en la erogación de L 682.4 millones en gasto, del cual más de 50 por ciento se ve reflejado en el pago de salarios.
Pese a la baja productividad y parálisis legislativa que mantiene estancado el Congreso desde hace 46 días, cada diputado devenga L 6,761 por hora sesionada.
Sumando un total solo 47 horas trabajadas en los últimos tres meses, teniendo así el CN que pagar de julio a septiembre 56.5 millones en sueldos, sin contar las demás prebendas gozadas por los parlamentarios.
En su análisis, la ASJ concluyó con el recuento del pago de viáticos, el cual hasta la fecha el CN ha desembolsado un total de 57.9 millones de lempiras a nivel y L63 millones erogados en viajes al extranjero.
No existe ningún avance
La oposición ya desmintió que haya consensos para la elección del fiscal general y fiscal adjunto con el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre), como aseguró el vicepresidente Rasel Tomé.
“No existe ningún acuerdo, solo propuestas, le dije claramente a Rasel que la posición del Partido Liberal sigue siendo la misma, apoyamos la moción del Partido Salvador de Honduras (PSH)”, explicó Mario Segura.
Sobre el mismo particular, la bancada del PSH emitió un comunicado ayer donde nuevamente plasmaron su postura en apoyo a la nómina de Marcio Cabañas y Jenny Almendares.
En las últimas horas trascendió como una opción —será planteado como una posible salida a la crisis— la intención de nombrar una junta de transición en el MP, sin embargo, ante la pretensión juristas, diputados y sociedad civil rechazaron cualquier posible intención del oficialismo de intervenir el ente contralor.
