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Universidad Nacional de Agricultura debe dar cuentas por ganado incautado y sus crías
Como rector (2013-2016), Óscar Ovidio Redondo suscribió un convenio para que la OABI le cediera en comodato varios bienes. A su vez, la Universidad traspasó el ganado a productores para repoblación bovina
La Unag no ha sido capaz de manejar adecuadamente el ganado que le fue entregado.
mié 9 de noviembre de 2022 a las 0:0
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 25 de octubre reciente, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) comenzaron a indagar sobre el proyecto de repoblación bovina que emprendió la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) con el ganado que le dio la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) entre 2015 y 2016.
El 25 de marzo de 2015, el entonces rector de la Unag, Óscar Ovidio Redondo, firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con la OABI, por medio del cual el centro educativo se comprometía a manejar ganado bovino, bienes inmuebles, vehículos, maquinaria agrícola y terrenos incautados, supuestamente para educar a los “jóvenes con talento y necesidades en el área rural”.
La OABI, por su parte, debía darle en calidad de donación o préstamo ganado, bienes inmuebles, vehículos y maquinaria agrícola puestos a disposición de conformidad con la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y Ley sobre el Uso Indebido de Tráfico de Drogas.Incluso, la OABI se comprometió a coordinar con las Escuelas de Campo de la Unag todas las acciones y procedimientos relacionados con la donación o préstamo de ganado, bienes inmuebles, vehículos, maquinaria agrícola y terrenos incautados.
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De esta forma, la OABI le trasladó en comodato a la Unag ocho casas de habitación y siete fincas: Palos Blancos en Cofradía, Cortes; El Coco y Zamora ubicada en Tocoa, Colón; así como Rancho Lorenzo, la finca la Escuadra, finca la Lechería, el Cafetal y finca Las Piedras, situadas en Catacamas.
En las haciendas había 4,379 semovientes de raza. Para finales de 2017 la Universidad le había pagado a la OABI 1,282 cabezas y le había devuelto 94, según conoció la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.
Otra gran parte del ganado la Universidad lo distribuyó entre ganaderos y políticos de Olancho bajo el programa denominado “Repoblación bovina”, bajo el cual el ganadero compartiría las crías con la Unag.
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Devolución
En 2017, una vez que la Junta Interventora asumió el control de ese centro de estudios superiores canceló el convenio con la OABI y colocó a Redondo como responsables de la liquidación y devolución de lo que se le había dado a la Universidad.Una de las primeras fincas que la OABI pidió regresar fue la de Palos Blancos, junto con el ganado y menaje que ahí había.
En 2017 la Unag devolvió la hacienda Lorenzo y los bienes inmuebles que le habían incautado a los Amador. Entre 2018 y 2019 devolvió las fincas el Coco y Zamora, asimismo regresó un lote de ganado a la empresa Transgens.Actualmente, la Universidad solo está manejando la finca Las Piedras, que el Estado le confiscó a Ramón Matta Waldurraga, pero la disputa legal todavía sigue en el Poder Judicial.
Desde el inicio, la Universidad escogió esta finca para concentrar el ganado de otras haciendas que se le habían dado en comodato.La Unag no ha podido mantener el control de esta hacienda, a tal extremo que se ha perdido una gran cantidad de ganado y parte de la propiedad actualmente está invadida por distintas personas que incluso ya tienen registrados sus documentos en el Instituto de la Propiedad.
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¿Dónde está el ganado?
Como una gran parte del ganado que recibió la Universidad se lo entregó a varios productores y políticos del departamento, bajo el proyecto “Repoblación bovina”, ahora la Unag debe dar cuenta de esas reses y de los beneficios que ha logrado.
Un equipo nombrado por la Comisión Interventora en 2017 encontró que 12 productores tenían un total de 250 cabezas de ganado de la raza Brahaman, Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Charolais, Simmental y Gyr.Entre los beneficiarios estaban Wilmer Cruz, que tenía en su poder una vaca; Robert Guzmán, con tres; Marcial Zelaya, con seis; así como Roberto Rodríguez (2), Jonathan Zelaya (3), Omar Chamale (41 vacas y 25 toros) y Josué Emerson Sánchez (27 vacas y 7 toros).
A nombre de Marvin Carvajal estaban 38 hembras y 21 machos, en tanto Tania Padilla aparece con 5 vacas. En el listado también figura Ana Julia Soto (37 vacas), Javier Ramos Crozzier (60 vacas y 4 toros) y Manuel Duarte (29 vacas). Durante esta inspección, ellos reportaron un total de 101 nacimientos, al 2022 se desconoce la cifra de nuevas crías.
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La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus conoció que de estos productores solo Josué Emerson Sánchez regresó el ganado, así como el señor Justo Muñoz, quien tenía tres caballos y una yegua.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la Rectoría, hay productores -incluso gente de la Unag- que se llevó para su finca ganado de la OABI pero no aparecen en los listados, otros lo hicieron usando testaferros, no obstante, la Secretaría de la universidad tiene los contratos de entrega.
EL HERALDO Plus trató de conocer la versión de Redondo, hoy miembro de la Comisión de Concurso y apoyo a la Unag, ya que él es el responsable de la firma del convenio y también posteriormente la Comisión Interventora lo nombró como el responsable de liquidar y regresar todo a la OABI. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta.
En estos acuerdos con la OABI también participó el entonces rector Marlon Oniel Escoto, quien el 30 de junio de 2016 firmó una adenda al convenio marco con la OABI.
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Operación
Recientemente, el Ministerio Público dio a conocer que investigaba ciertos actos en la Unag. En la Operación Némesis X, la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC continúan realizando diligencias en torno a la línea de investigación que se sigue por el manejo de cinco millonarios fideicomisos suscritos en la administración anterior entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y varias instituciones públicas, por lo que se llevó a cabo toma de declaraciones y decomiso de documentación en la Universidad Nacional de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), en Catacamas.
Según la información del Ministerio Público, personeros de ambas entidades, durante 2016 y 2017, integraron un Comité de Fideicomiso con el que la OABI gestionó y operó fincas confiscadas y en cuya tutela se presume posibles delitos de fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos.
