Mafia en la Penitenciaria Nacional, detrás de preliberaciones amañadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 4 de octubre de este 2022, el comerciante Arnulfo Jhonatan Caballero Flores fue acribillado en La Entrada, Copán, pero, ¿qué andaba haciendo allá cuando debía estar interno en la Penitenciaría Nacional si estaba sentenciado a 26 años de prisión?

EL HERALDO Plus llamó vía telefónica al comisionado Otoniel Castillo Lemus, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), para conocer su versión sobre por qué el reo andaba libre, pero el funcionario no respondió.

Flores Caballero ingresó a prisión el 22 de septiembre de 2014. Por asociación ilícita le dieron tres años de cárcel, pena que cumplió, quedando libre el 22 de septiembre de 2017.

El 11 de marzo de 2019 volvió a caer preso con una cantidad de 600 mil lempiras y fue ingresado a la cárcel de Ilama, Santa Bárbara. La Policía lo catalogó como uno de los cabecillas de la estructura criminal MS-13 que dirigía una banda dedicada al tráfico de drogas y personas.

En los archivos, Caballero Flores aparece con una sentencia de cuatro años y seis meses por lavado de activos y de cinco años y seis meses por tráfico ilícito de personas y 16 años por asesinato, además tenía pendiente un proceso por asociación ilícita.

En total tenía una pena acumulada de 26 años. El 27 de septiembre de 2021 lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional, de donde extrañamente se fue con preliberación el 8 de agosto de 2022, dos meses después fue acribillado en La Entrada, Copán. Él había colocado como domicilio una casa en una colonia de esta capital. La responsabilidad de esta y otras preliberaciones con supuestas anomalías recaen sobre el Departamento Legal de la prisión, así como el Consejo Técnico Interdisciplinario.

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Según fuentes policiales y militares, que están y han estado a cargo de esa prisión, aquí existe una mafia que a lo largo de los años ha venido liberando ilegalmente a muchos presos a cambio de mucho dinero, situación que ha sido conocida por los directores, pero que han consentido las ilegalidades y otros hasta se han visto involucradas en ellas.

Quienes revisan los expedientes para proponer las preliberaciones son la encargada del Departamento Legal y su secretaria, quienes luego presentan su propuesta al Consejo Técnico Interdisciplinario, el cual realiza la aprobación, muchas veces sin cerciorarse que los reos propuestos para tal beneficio no reúnen los requisitos.

Luego elaboran un carné de preliberación para que pueda portar el beneficiario y se lo mandan al director del penal para que lo firme. Este pone su rúbrica sin cerciorarse si el reo es apto para ser preliberado.Una vez firmado el carné, los reos abandonan la cárcel con el compromiso de presentarse a firmar un libro que está en la Penitenciaría Nacional.Aunque la preliberación solo debía ser los fines de semana, por la pandemia del covid- 19 se les permitió que se presentaran cada mes.

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Otro de los beneficiados con una preliberación a la que no tenía derecho, según las fuentes, fue el preso Sergio David Florentino Díaz, originario de Atima, Santa Bárbara. Él ingresó a la prisión de Ilama el 10 de octubre de 2017, luego el 19 de abril de 2018 fue traslado a la cárcel de Morocelí, El Paraíso, más conocida como La Tolva.Posteriormente, el 20 de mayo de 2019 fue trasladado a la Penitenciaría Nacional. Él estaba sentenciado a 16 años de prisión por el delito de homicidio simple en contra de Jonathan Elías Vásquez Eskelses y se le estaba siguiendo proceso judicial por el delito de lavado de activos. El caso se ventila en los juzgados de San Pedro Sula.

Él fue preliberado el 11 de julio de 2022, luego que el Departamento Legal de la Penitenciaría lo incluyera entre varios nombres de reos que gozarían de ese derecho.De la misma forma también fue sacado de la cárcel el colombiano Felipe Meza Benites, con pasaporte 1100-1330, quien ingresó a esa prisión el 16 de julio de 2018 por tráfico ilícito de drogas. Anteriormente, el 19 de febrero de este año se había preliberado también al colombiano Juan Carlos Albarino Melendre, quien entró a prisión el 9 de octubre de 2017 por los delitos de tráfico de drogas.

Estos presos que recibieron tal beneficio debían presentarse mensualmente a la cárcel y firmar un libro, sin embargo, desde que obtuvieron la libertad nunca más aparecieron por Támara.

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Recientemente, lo mismo quisieron hacer con otros dos colombianos, pero la Dirección de la Penitenciaría detectó la jugada de una mafia de abogados y personal penitenciario para sacar de la cárcel a otros dos colombianos que todavía no reúnen los requisitos de preliberación.

De esta forma se detuvo la salida del panameño Jorge Luis Bulgien Thorpe, recluido en ese presidio desde el 19 de diciembre de 2017 por los delito de narcotráfico y lavado de activos, así como la liberación del colombiano Barnnaby Amary Suárez Borden, quien ingresó el 2 de marzo de 2018 también por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La confabulación de ciertas personas del Departamento Legal y de otras que conforman el Consejo Técnico Interdisciplinario con peligrosos delincuentes que están internos ya ha sido documentado dentro de la misma prisión.

Muestra de ello son grabaciones de personal del presidio en situaciones comprometedoras con reclusos. Quienes conocen el funcionamiento de la Penitenciaría Nacional, la consideran una pequeña Sodoma y Gomorra, donde se trafica de todo y se gestan fugas y liberaciones con personal administrativo que cobran por favores y otras que lo hacen porque tienen vínculos maritales con internos relacionados con las estructuras criminales.

De acuerdo con las fuentes, a pesar que toda esta información estuvo en manos de los directores penitenciarios, nunca hicieron nada y lo último que se ha logrado realizar en la actualidad es el traslado de personal supuestamente contaminado a otras prisiones, lo cual consideran que es llevar la enfermedad a otras cárceles. La última es que entre las personas que están siendo trasladadas a otros centros penales, está una secretaria sobrina de un coronel de las Fuerzas Armadas.

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