TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Universidad Nacional de Agricultura (Unag) con sede en Catacamas, Olancho, lleva ocho años en una crisis académica y administrativa que no puede superar porque la mayoría de sus autoridades son las mismas que han generado el desgobierno.
La politización, las peleas internas, el acoso sexual, los incrementos salariales selectivos, compras y licitaciones poco transparentes, el abuso de los recursos por parte de ciertas autoridades y empleados, así como el cambio de las reglas para perpetuarse en el poder, asfixian a este ente educativo.
En medio del caos, esta universidad, entre el 2019 y 2024 atendió un promedio anual de 2,491 estudiantes en siete carreras. Con la pandemia del Covid, la matricula se desplomó. En el primer período del 2019 registró 3,137 estudiantes; en el 2020 cayó a 2,753; en el 2021 descendió a 2,021; para el 2022 subió a 2,061; igualmente subió a 2,264 en 2023 y en 2024 se incrementó a 2,713.
A la fecha no ha logrado recuperar el ingreso de estudiantes. Según sus datos, en el 2019 presentó una matrícula acumulada de 7,649 registros, pero en el 2024 la cifra llegó a 6,117, o sea 1,532 matrículas menos. A esto se une que al menos 200 alumnos matriculados no han retornado a clases presenciales, siguen en la virtualidad.
Es más, en julio recién pasado, toda la población estudiantil perdió tres semanas de clases luego que los docentes y empleados administrativos decidieran irse a un paro de labores, exigiendo el cumplimiento de un supuesto decreto 27-2024 relacionado con incremento salarial.
Caos y politización
La Unag es una institución ingobernable, su presupuesto anual de 651,136,145 millones de lempiras es visto como un botín que autoridades, docentes, administradores y ahora los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) buscan aprovechar.
El abuso sobre sus recursos es tal que esta universidad actualmente enfrenta al menos 30 demandas judiciales interpuestas por unos 250 empleados, entre ellos directivos al más alto nivel, personas que también se resisten a dejar los cargos, a tal extremo que para perpetuarse en el poder ahora están reformando el Estatuto de la universidad. Cambios que Víctor González, rector de la Unag, ve como positivos.
Las modificaciones de los artículos 40, 49, 50, 51, 244, 284 no tienen como fin mejorar la gobernanza de la institución, sino que solo hacen referencia a la reelección en los cargos así como para volver a recontratar a familiares y personas que ya fueron cesanteadas por la universidad con pago de prestaciones laborales.
Estas pequeñas dictaduras son los mismas que en el 2016 llevaron a la Unag a una crisis sin precedentes, producto del irrespeto al Estatuto y debido al despilfarro del presupuesto y los bienes universitarios.
En ese ambiente anarquizado, EL HERALDO tuvo acceso a tres chats que reflejan el caos y politización. En dos de los grupos digitales autoridades, docentes y empleados se enfrentan ferozmente por los selectivos incrementos salariales.
Según las planillas de diciembre de 2023 y enero y junio de 2024, como docente Keysi Peralta tenía un salario de 28,200 lempiras, pero al integrar la Comisión de Concurso- la cual venció en mayo- gozó también de un plus de 60,000 lempiras. Empero, a partir de enero aparece con un salario de 58,000 lempiras. O sea que en los primeros cinco meses su salario fue de 118 mil lempiras.
Asimismo, en diciembre del año pasado el docente Gerardo Moya ganaba 28,200 lempiras, al pasar como gerente administrativo tenía derecho a un plus de 20 mil lempiras. Pero en junio aparece con un salario de 67,000 lempiras, más el plus hace un sueldo de 87,000 lempiras.
Igual, el docente Orlando Murillo ganaba 33,000 lempiras, al pasar al cargo de vicerrector académico tenía derecho a un plus de 20,000 lempiras. No obstante, también según las planillas ahora posee un salario de 67,000 lempiras. A esto se suma el plus de 20,000 lempiras.
Igualmente, los miembros de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) además de contar con un salario- Jair Lagos de 63,000 lempiras, José Luis Castillo y José Andrés Paz de 69,000 lempiras, se aumentaron el plus de 8,000 a 20,000 lempiras. Incluso la psicóloga Linda María Molina como jefa de Recursos Humanos ganaba 23,200 lempiras más un plus de 6,000 lempiras, pero ahora se le trasladó como docente con un pago mensual de 35,200 lempiras.
Para no quedarse atrás, los demás docentes y empleados administrativos, el mes pasado dejaron de labor por tres semanas exigiéndole al Poder Ejecutivo un aumento de sueldo.
A todo esto, se suma, el abuso de que las máximas autoridades universitarias y los empleados hacen de los recursos y bienes de la institución. Ciertas autoridades se han apoderaron de vehículos de la Unag, una de ellas hasta destrozó uno de los carros.
La institución recientemente compró 17 vehículos a un costo de 14,192,500 lempiras. No tenían ni un mes de haberlos recibido, cuando los empleados chocaron dos buses. Como si esto fuera poco, los carros de la institución educativa hoy son utilizados en las actividades políticas del partido en el poder.
Esto forma parte de una politización abierta en la que ha caído la universidad, donde el colectivo M28 ejerce acciones dentro del campus universitario y hasta pone a los empleados de ese ente educativo a vender rifas para impulsar la campaña de los diputados de libre que son del departamento.
Acoso sexual
En un tercer chat, una de las autoridades universitarias y una empleada de legal se cruzan mensajes calientes como grandes amantes.
Aparte de estos líos amorosos, en los predios universitarios también son conocidos casos de acoso sexual de autoridades y docentes contra empleadas y estudiantes.
Este medio de comunicación le consultó al comisionado universitario René Iván Medina, sobre dos casos de acoso sexual a estudiantes, sin embargo, él aseguró que a su oficina no ha llegado ninguna denuncia al respecto.
Justificación
Por su parte González, a cargo de la rectoría, sostuvo que, si se está buscando un reajuste salarial para los docentes y empleados administrativos, pero posiblemente eso sea factible para el próximo año. En cuanto a los incrementos salariales a Peralta, Murillo y Moya “técnicamente no son incrementos, sino que estas personas fueron asignadas a una plaza que estaba ya disponible, que tenía ese salario, argumento.
Acerca de la atención a las denuncias de acoso sexual, afirmó que esas no llegan a su oficina, pero eso “no quiero decir que no la hayan”, en todo caso deben ser atendidas por el comisionado universitario, indico.
Sobre el abuso en el uso de los vehículos sostuvo: “He girado instrucciones a las dependencias que corresponden para que mantengan controles; aunque siempre hay uno que otro que burla los controles”. En cuanto al por qué la Unag no ha licitado la comprar de insumos agrícolas y concentrados para los animales, explicó que las compras ahora se hacen a través de Banasupro y aquello que éste no pueda proveer entonces se somete a licitación.
Dijo desconocer la vinculación entre los socios del consorcio Alibar- a la cual la universidad le compra concentrados- y la empresa de Seguridad y Protección Empresarial que tiene el contrato de seguridad de la Unag.
“En los procesos de licitación yo solo participo en dos momentos, autorizando que haga la publicación en la Gaceta y cuando ya me viene el informe que emitimos una resolución. Ahora todo el proceso de evaluación lo hace una comisión”. La rectoría contrató al abogado Fredy Antonio Rivera Miralda para “aspectos puntuales”, incluido el tema de licitaciones, manifestó.
En cuanto a la politización en que ha caído la Unag, detalló que lo que ocurre es una polarización que viene desde la época de Marlon Escoto. Inclusive, su nombramiento como rector tenía como fin conciliar esos grupos, “situación que se me ha complicado, un reto que no he podido sacar adelante”, describió González
Aquí cada decisión se cuestiona ampliamente. Hay una polarización por cuestiones de asuntos internos, de luchas por acceder a cargos de la institución. También hay personas que son de un partido o del otro. Los colectivos de Libre dentro de la institución solo son de nombre, afirmó.
Competencia desleal
El 8 de marzo de 2024, el rector Víctor González firmó el contrato de seguridad de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) a la empresa de Seguridad y Protección Empresarial por un monto de 27,690,390 lempiras.
Por otro lado, la universidad le ha estado comprando insumos agrícolas y concentrados al consorcio Alibar, conformado por las empresas Agroindustrias del Campo y Alimentos Balanceados de Alto Rendimiento. Los pagos salen a nombre de Agroindustrias del campo y no de Alibar.
Sin embargo, el nombre de Alan René Padilla Acosta, socio de la Empresa de Seguridad y Protección Empresarial también aparece en el testimonio de constitución de Alibar.
Esta vinculación entre empresas tiene en alerta a otros proveedores que consideran una competencia desleal, a la cual la Unag se está presando. El Heraldo trato de comunicarse con uno de los dueños de la empresa de seguridad, pero no respondió.
