Legal y ambientalmente, Ciudad Mateo es inhabitable

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del gobierno que aprueben la habilitación de unas 600 viviendas de la parte alta de Ciudad Mateo podrían terminar en la cárcel, ya que la legislación de protección de la subcuenca del río Guacerique ahora es más fuerte que hace 25 años, cuando se paró ese proyecto habitacional.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Cualquiera de las etapas del proyecto habitacional Ciudad Mateo, legal y ambientalmente, son “inhabitables”, dijo categóricamente la exfiscal especial del Ambiente, Clarisa Vega.

Fue esta profesional del derecho quien -en la década de 1990-, junto a un equipo de fiscales e investigadores, llevó ante los tribunales de justicia a un alcalde del Distrito Central y parte de su corporación.

Asimismo, a miembros de la junta directiva del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y hasta al expresidente Rafael Leonardo Callejas, como responsables de la aprobación de ese proyecto habitacional.

Recientemente, el gobierno de Xiomara Castro y la administración del Injupemp, a cargo de Amable de Jesús Hernández, anunciaron que habilitarán unas 600 casas construidas en la parte alta de Ciudad Mateo.

En su intento han convocado a reuniones a las instituciones vinculadas con la protección del ambiente, de salud y el agua. Incluso llamaron a la Fiscalía del Ambiente, pero esta, según tuvo conocimiento EL HERALDO, no asiste a las convocatorias porque su responsabilidad solo es proceder contra los que cometen delitos y violan las leyes.

Y es que según el acuerdo ejecutivo número 3-73 del 2 de enero de 1973, la subcuenca del río Guacerique (con una extensión de 210.63 kilómetros cuadrados) fue declarada Zona Forestal Protegida.

Sin embargo, en el gobierno de Callejas (1990-1994), sin licencia ambiental, utilizando un decreto de una emergencia que nunca existió, violentando la normativa ambiental y comprando terrenos sobrevalorados, el Injupemp procedió a construir alrededor de 2,500 viviendas dentro de los límites de la subcuenca, sin ningún tipo de mitigación del impacto ambiental y de la contaminación sobre el afluente que abastece de agua a la represa Los Laureles.

Este embalse, con su capacidad de acumulación de diez millones de metros cúbicos de agua, abastece al 25 por ciento de la población capitalina.

Por esa situación, la Fiscalía del Ambiente llevó ante la justicia a los responsables del proyecto habitacional y desde entonces la obra se paralizó.

+Ciudad Mateo: una solución o una amenaza

Desde que se paralizó el proyecto por las acciones de la Fiscalía del Ambiente, cinco gobiernos constitucionales han pretendido habilitar Ciudad Mateo para cumplir promesas de campaña, no obstante, han chocado con una legislación que cada vez es más severa en la protección de la salud de la población y preservación de las fuentes de agua.

En una entrevista concedida a EL HERALDO, Vega sostuvo que “no se puede apoyar un proyecto que nació con una espiral de violaciones a las leyes, de acciones ilícitas, de corrupción, empezando por lo que es la sobrevaloración de los terrenos donde se construyeron las casas”.

Además, proteger la salud de la población y preservar las fuentes de agua es un compromiso que Honduras como Estado tiene internacionalmente y eso se puede leer en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, todo con el fin de que el hondureño tenga acceso al agua en cantidad y calidad adecuada, añadió.

Explicó que el artículo 145 constitucional, reformado en enero 2012, ratificado por decreto 232-2012 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 24 de enero de 2013, establece: “Se prohíbe ubicar asentamientos humanos, bases militares, instalaciones industriales o de cualquier otro tipo en las áreas de influencia de las fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones o de sistemas de riego de plantaciones agrícolas destinadas al consumo humano, cuyos residuos aun tratados, presenten riesgos potenciales de contaminación, las municipalidades velarán por la correcta aplicación de esta norma”.

También destacó que el artículo 33 de la Ley General del Ambiente prohíbe ubicar asentamientos humanos, bases militares, instalaciones industriales o de cualquier otro tipo en las áreas de influencia de abastecimiento de agua a las poblaciones o de sistemas de riego, de plantaciones agrícolas destinadas al consumo humano cuyos residuos aun tratados presenten riesgos de contaminación; las municipalidades velarán por la correcta aplicación de esta norma.

Para Vega, la idea de ofrecer vivienda es bueno, pero esto “no puede ser cuando existen prohibiciones, cuando existen violaciones a la Constitución y las leyes, cuando hay actos ilícitos como el caso de Ciudad Mateo”.

Sobre el riesgo que corren quienes aprueben habitar Ciudad Mateo, la exfiscal manifestó que “se exponen a lo mismo que se expusieron las autoridades que permitieron que se construyera el proyecto.

No hay una forma de que puedan escapar a la mano de la justicia los que tomen decisiones de habitar ese proyecto. Incluso la Fiscalía del Medioambiente ya está trabajando y pidiendo documentos sobre la pretensión”.

Se puede hablar de reducir la contaminación con tecnología de punta, pero nada es confiable, por otro lado, los organismos internacionales de crédito cada día tienen salvaguardas ambientales más estrictas y nadie va a financiar ese proyecto para ponerlo en condiciones de habitarlo, agregó.

+690 casas de Ciudad Mateo serán habilitadas tras orden del gobierno de Xiomara Castro

De acuerdo con el ingeniero Carlos Hernández, exfuncionario del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), habilitar una parte de las casas de Ciudad Mateo representa un alto riesgo para la subcuenca del río Guacerique.

Recordó que a lo largo de los años se ha venido hablando de que uno de los problemas son las aguas negras, planteándose que deben tener un tratamiento ahí cerca, para lo cual se tiene que construir una planta de tratamiento y luego estas aguas tratadas deben ser tiradas a un colector ubicado río abajo del embalse de los Laureles.

Igualmente, existen otras situaciones como es el hecho que la gente por falta de educación o ignorancia va a talar el bosque, a tirar basura, a instalar taller, negocios y la constante circulación de carros, lo que lanzaría una gran cantidad de residuos y todo eso debe evitarse, precisó Hernández.

También rememoró que la subcuenca del río Guacerique es un área protegida por la Ley Forestal y la Ley del Ambiente.

EL HERALDO buscó a través de Relaciones Públicas del Injupemp la versión de alguno de los funcionarios de esta institución, pero nadie respondió; asimismo, se llamó a Arturo Tróchez, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), y tampoco contestó.

+Un reto ambiental y urbanístico será habilitar casas en Ciudad Mateo

1. La subcuenca del río Guacerique tiene una declaratoria de Zona Forestal Protegida desde 1973. Sobre ella se construyó el embalse de Los Laureles que abastece de agua potable al 25% de los capitalinos.

2. El artículo constitucional 145 declara el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano, cuyo aprovechamiento y uso será equitativo. Además garantiza la preservación de las fuentes de agua.

3. Artículo constitucional 323: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. No están obligados a cumplir órdenes ilegales”.

4. Artículo 133 de la Ley Forestal: “En las áreas protegidas se prohíbe nuevos asentamientos. Se exceptúan de la disposición anterior los pueblos indígenas y afrohondureños que habitan áreas protegidas”.

5. Artículo 43 Ley de Aguas: “Las acciones de protección tienen como fin conservar calidad y cantidad de agua, ante los efectos destructivos naturales y las acciones humanas de degradación y contaminación”.

+Entre la maleza y el olvido, así está Ciudad Mateo, proyecto que el gobierno planea habilitar