Ministerio Público emitirá requerimiento en caso casas contenedores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras las familias instaladas en las casas contenedores sufren porque estas ya se están pudriendo debido a la mala fabricación, el Ministerio Público (MP) alista los primeros requerimientos fiscales para los implicados.

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La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló esta semana que los proyectos Lomas del Diamante y Residencial Morazán, en la aldea Santa Rosa, al sur de la capital, cada vez presentan más problemas.

Las paredes de las 102 soluciones habitacionales construidas a base de contenedores se están quebrando debido a que son de tabla yeso, los pisos de plywood están podridos y amenazan con hundirse, mientras que los servicios sanitarios y lavamanos ya se zafaron, entre otros problemas.

En los predios aún persiste un apilamiento de contenedores que se compraron para ejecutar el proyecto, pero se están pudriendo ya que todo está abandonado.

También quedó varada la construcción de las 513 viviendas para las familias que cedieron su terreno a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y a las autoridades de la Secretaría de la Presidencia anterior.

En un inicio, a unas 23 familias les demolieron la casa, con la promesa de darles una de material y urbanizarles la zona, pero todo el proyecto está abandonado.

EL HERALDO Plus le consultó a la UCP ¿qué pasará con Lomas del Diamante? y contestaron que “la UCP traspasó el proyecto Residencial Morazán a la Secretaría de la Presidencia, para lo cual ya se realizó el proceso del traspaso documental”.

En respuesta a la solicitud de información No. SOL-SDP-241-2022, de la Secretaría de la Presidencia informaron que el futuro de este proyecto queda a disposición de lo que arrojen las investigaciones del Ministerio Público.

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En ese sentido, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus le consultó a Yuri Mora, jefe de Comunicaciones del MP, ¿cuál es el resultado de las investigaciones?, confirmando que ya se alistan los primeros requerimientos fiscales.

Detalló que el caso lo llevaba la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), pero ahora lo maneja la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).

Esta unidad es la misma que lleva los casos de corrupción ligados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), detalló Mora.

En ese sentido, precisó que los fiscales “ya están preparando el primer requerimiento fiscal en ese caso (casas contenedores) para presentarlo en los próximos días”.

Sin poder dar detalles de quiénes serían los citados a declarar por los vicios de corrupción encontrados en el proyecto, Mora precisó que sería contra personas que de acuerdo con las investigaciones preliminares tendrían alguna responsabilidad.

Una vez que se presente el requerimiento fiscal, se darán detalles de los cargos por lo que serían acusados los implicados, que podrían ser exfuncionarios que estuvieron involucrados en ese caso.

Hasta la Aldea Santa Rosa han llegado los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP, quienes han inspeccionado los contenedores y verificado las irregularidades registradas.

En la investigación realizaron inspecciones y decomiso de documentación y computadoras en las oficinas de la UCP, del Instituto de la Propiedad (IP) y de la Unidad Especial Ejecutora de Proyectos (UEEP) de la Secretaría de la Presidencia.

Mientras que en la zona donde se desarrollaba el proyecto se levantaron actas de decomiso y secuestro de documentos relacionados con la ejecución de las obras.

Estas acciones, los fiscales de la UNAF y agentes del Departamento de Delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, las efectúan luego que no se cumplieran en su totalidad los requerimientos de información hechos por el MP durante el transcurso de las investigaciones.

Los fiscales y agentes de investigación también realizaron tomas de declaración a testigos y en las inspecciones de campo recabaron indicios y evidencias relativas a las averiguaciones que se llevan a cabo.

El caso gira alrededor del supuesto desvío de fondos asignados a la Secretaría de Presidencia en la administración anterior, para el proyecto denominado Residencias Morazán y reasentamiento de pobladores de Lomas del Diamante, establece en MP.

También se busca determinar si los contratos firmados por la UCP en conjunto con la Secretaría de la Presidencia se ejecutaron con vicios de ilicitudes, establece la Fiscalía.

Del mismo modo, se quiere dar seguimiento a las pericias forenses para establecer las condiciones en que los contenedores fueron comprados y si la totalidad de los contenedores adquiridos corresponden a la misma cantidad de los encontrados en el lugar.

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Fue mediante el decreto ejecutivo PCM-142-2020 que el gobierno anterior, del expresidente Juan Orlando Hernández, creó el Programa de Vivienda Social y Obras Sociales Donadas y Financiadas.

El programa estaría bajo la competencia y conducción estratégica de la Secretaría de la Presidencia, que en aquel momento era liderada por Ebal Díaz, y todas las contrataciones serían bajo la normativa de la UCP.

En la zona de Lomas del Diamante, en un inicio se tenía contemplada la construcción de 1,000 viviendas a base de contenedores para los afectados de los fenómenos naturales Eta y Iota y para la gente que ocupa el sector.Pero también se ha generado un conflicto de tierras debido a que la zona ha sido invadida por personas que se ha asentado en el lugar.

Además hay un grupo de supuestos dueños que pelean el derecho de propiedad con documentos ancestrales otorgados por el IP.

Pero las autoridades del IP en el gobierno anterior también afirmaron que esos predios eran del gobierno, creando el litigio por la propiedad.

Luego, por medio de la UCP, el gobierno les ofreció una casa de material a 513 familias para ubicarlas en lugares que iban a ser acondicionados y así poder crear Residencial Morazán.

La idea era hacer una pequeña ciudad en lo alto de la aldea Santa Rosa con la construcción de complejos de apartamentos y los desarrolladores se los venderían a los hondureños mediante el financiamiento de la banca privada.Pero todos esos proyectos se detuvieron debido a la invasión y la corrupción que se detectó en todo el proceso.

Rodolfo Pastor, titular de la Secretaría de la Presidencia, declaró a EL HERALDO Plus, que “ hemos venido colaborando con el Ministerio Público con varias líneas de investigación al respecto”.

Precisó que la UCP está en proceso de extinción, pues el fideicomiso del que depende está siendo suprimido, además esta nunca fue una institución de gobierno.

Explicó que desde la Secretaría de la Presidencia operó la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y todos los temas de vivienda que manejaba están siendo consolidados bajo la sombrilla de lo que antes se conocía como Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).

Además se trabaja con el equipo del IP, del que dependía el fideicomiso “Sistema tecnológico y logístico para la administración de los derechos de propiedad en la República de Honduras” (Sitec) y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), del que depende vivienda, para hacer la documentación y entrega del proyecto.

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