Narcos buscan impunidad al ofrecer sobornos a candidatos en campañas políticas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Porfirio Lobo Sosa con su hijo Fabio, Juan Orlando Hernández con su hermano Tony y Manuel Zelaya a través de su hermano Carlos. Al analizar los casos de expresidentes y figuras políticas vinculadas con dinero procedente del narcotráfico, exjefes policiales y criminólogos coinciden que el modus operandi que usaron los capos de la droga fue el financiamiento de las campañas de los políticos, urgidos de fondos para impulsar sus candidaturas.

De acuerdo con registros históricos, si bien el narcotráfico tiene presencia en Honduras desde la década de 1970, el fenómeno se profundizó a partir del año 2000 y ya para el 2004, los traficantes de droga a gran escala, para poder operar libremente, comenzaron a darle dinero a los políticos, quienes al ganar las elecciones se volvieron socios y protectores de los carteles.

Desde entonces los narcotraficantes han tenido aliados y brazos protectores en Casa Presidencial, en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia, en las Fuerzas Armadas y en La Policía Nacional. Incluso con sus tentáculos en el Poder Legislativo han acomodado las leyes a su favor y en los tribunales de justicia los han dejado libres.

El financiamiento de las campañas políticas vuelve a estar en el debate público tras divulgarse un video que capta en 2013 a Carlos Zelaya, diputado y hermano del asesor y expresidente Manuel Zelaya, en negociaciones con al menos cinco capos de la droga para aportar dinero a la campaña política de ese año.

El caso de Zelaya muestra ciertas similitudes a lo vivido con los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, quienes resultaron salpicados por narcoescándalos primero de forma indirecta por sus familiares (Lobo a través de su hijo Fabio y Hernández con su hermano Tony) y después con señalamientos directos (aunque sobre Lobo no se conoce de forma pública ninguna acusación en tribunales).

Sin embargo, no es la primera vez que la familia Zelaya se enfrenta a estos vínculos.

En un cable secreto de fecha 15 de mayo de 2008, expuesto por WikiLeaks y publicado por el diario El País, de España, el embajador estadounidense en Tegucigalpa Charles Ford comunicaba a sus superiores que el entonces mandatario hondureño se rodeaba de gente indeseable.

Ford no solo calificó a Mel de “corrupto” que solo posee el objetivo de “enriquecerse, él y su familia”, usando el martirio y los pobres, sino que también lo señaló de estar rodeado cada vez más “por gente implicada en el crimen organizado”. “Soy incapaz de poner a Zelaya al corriente de actuaciones delicadas en materia de seguridad y lucha antinarcóticos por el temor a poner en peligro la vida de funcionarios estadounidenses”, advertía el diplomático.

No obstante, expertos en temas de seguridad y criminólogos coinciden que es en las campañas electorales cuando los criminales se han acercado a los políticos ya que los capos les apuestan a candidatos a alcalde, a diputado o al candidato presidencial con más posibilidad de llegar al poder.

Para el mayor retirado Saúl Bueso Mazariegos, exsubdirector de la desaparecida Dirección de Investigación Criminal (DIC) — exdependencia del Ministerio Público—, las revelaciones de los narcotraficantes presos en Estados Unidos y las evidencias que están saliendo ahora aquí en Honduras muestran un mismo modus operandi de los barones de la droga para quitarse las amenazas del camino y así cometer sus ilícitos con impunidad.

“Lo que ha dado cabida a todo esto es la mercantilización de la política. Aquí no se puede ser diputado si no se tiene dinero y la gente compra las diputaciones. Eso es la génesis de todo. Al abrir esa puerta también ingresó ese dinero maldito del narcotráfico”, repudió.

Para Bueso Mazariegos, el crimen organizado no solo ha penetrado constantemente las instituciones del Estado, sino también los mecanismos legales que no son nada coercitivos con el delito de tráfico de drogas y el financiamiento oscuro de las campañas electorales.

“Claro, el político cuando anda buscando financiamiento para su campaña no se detiene a analizar la procedencia y el impacto de ese dinero manchado con sangre”, analizó.

Según cálculos de la Unidad de Política Limpia basados en los interrogatorios en los juicios contra hondureños en Nueva York, los narcos repartieron al menos 11.5 millones de dólares en varias campañas políticas del pasado.

Una recopilación independiente de este medio cifra en 168.3 millones de lempiras (con la conversión al cambio actual) los aportes provenientes del narco, partiendo de las confesiones de los capos. A esa cifra habría que agregarle los 13 millones de lempiras (650,000 dólares) prometidos a la campaña de Libre, según lo revelado en el narcovideo.

A criterio del experto, la influencia del dinero de la corrupción y del crimen organizado siempre ha buscado influenciar en los políticos. Antes esto era una estrategia más potestativa de empresarios, de personas que apostaban a los partidos políticos para luego beneficiarse con proyectos.

Sin embargo, la gente del crimen organizado descubrió ese mismo mecanismo, pues necesita blanquear sus capitales mal habidos y, al mismo tiempo, busca protección para operar con impunidad.

Luego, el político que finalmente gana las elecciones, al adquirir compromisos en la campaña electoral, le facilita a la delincuencia organizada protección de sus operaciones y la posibilidad de poder hacer negocios al margen de la ley, explicó.

Bueso Mazariegos considera que el problema no solo pasa por los partidos políticos, sino que tiene que ver con la ética y la moral de los políticos y funcionarios que aceptan dinero de origen ilícito.

Si el político que recibe la tentación u oferta del crimen organizado está flaqueando en sus principios, valores e integridad al primer ofrecimiento va a tomar el dinero sin importarle de donde provenga, valoró.

Para el exsubdirector de la DIC, la similitud, dentro de lo que se sabe, en el caso de los expresidentes Zelaya Rosales, Lobo Sosa y Hernández Alvarado, es que de los tres se habla que a través de parientes muy cercanos recibieron dinero de los narcotraficantes desde sus campañas electorales. Incluso, se mencionan reuniones cara a cara entre ellos y los narcos, agregó.

En el caso de Hernández, declaró, ya fue vencido en juicio, pero los otros dos no. “Todavía no sabemos si las pruebas son suficientes como para enviarlos a prisión. Lo único que de ellos se conoce es el mismo modus operandi que usó el crimen organizado para controlarlos”.

El hecho que tres expresidentes hayan resultado salpicados por familiares cercanos (Hernández con su hermano Tony, Lobo a través de su hijo Fabio y ahora Zelaya indirectamente por su hermano Carlos, aún diputado porque no ha presentado su renuncia al Congreso Nacional) marca un patrón, pero hay razón en cada quien tendrá que responder por sus propias acciones, añadió.

Para Bueso Mazariegos, la problemática actual no estaría pasando si los mismos políticos no le hubieran arrebatado la DIC al Ministerio Público a principios de la década del 2000. Cuando el Ministerio Público se fortalecía con su policía técnica vieron un peligro y “le cortaron las alas, ahí es donde empiezan a generarse los efectos de admitir dinero ilícito y hoy aparecen cosas como esta del narcovideo”, recordó.

Por su parte Danilo Orellana, comisionado de policía en condición de retiro, sostuvo que a veces no hay prueba suficiente, pero se intuye que ciertos políticos llegaron al poder con campañas políticas financiadas por el narcotráfico. “El video lo deja claro. El señor Carlos Zelaya está negociando”, criticó.

Ahí solo estaban hablando de aportación de dinero para fines político, no era una reunión para tráfico de drogas, “por eso los norteamericanos el caso lo tienen en reserva, pero aquí en el país sí tiene que interesar más porque esto se convierte en un lavado de activos para ganar una carrera electoral y los narcotraficantes para tener un escaño en el poder”, expuso.

Los políticos que aceptaron estos sobornos se fueron con dinero producto de sangre y de muerte, “porque el narcotráfico es sangre, muerte, dolor, principalmente cuando la gente se vuelve adicta”.

La población tiene que entender que “no es bueno ni para la democracia, ni para la sociedad. Ellos cometieron delito, pero en eso tendrá que ver el Ministerio Público, el cual debe actuar con prueba contundente para que los acusados no salgan libres por falta de pruebas”, demandó Orellana.

“Déjeme decirle que hay todavía unos 16 videos más y ahí van a seguir apareciendo poco a poco. Estas grabaciones están en las cortes de Nueva York. Hay unos videos matadores. ¿Me entiende? Matadores”, detalló.

Rememoró que en el 2013 el presidente estadounidense Barak Obama dijo que “Los Cachiros” eran el cartel más poderoso que había en Honduras. Luego, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) interceptaron esta organización y negociaron. Finalmente, sus miembros comenzaron a grabar a sus socios, políticos y empresarios corruptos.

En el video donde aparece Carlos Zelaya los narcos negocian una aportación de 650,000 dólares (13 millones de lempiras al cambio de esa fecha) para la campaña política de Libre en 2013. En Honduras los narcotraficantes financian campañas de los candidatos de los partidos políticos, sobre todo de aquellos que tienen alguna posibilidad de ganar. Por lo general usan trampolines para llegar a los candidatos presidenciales y otras veces lo hacen directamente, manifestó.

“Es que los gobiernos de izquierda en el continente están como alineados. Otra cosa es que para protegerse vienen y eliminan la extradición, a las horas las dictaduras de Venezuela y Nicaragua felicitan a la presidenta Castro. Primero quitan la extradición, luego se presentan ante la fiscalía. Según ellos están jugando con pelota adelantada”, comparó.

“Esto del narcotráfico con la gente del presente gobierno no es nuevo. Mire todavía falta el involucramiento de las personas que trajeron el avión en el gobierno de Zelaya (2006-2009) que después lo subastaron a la carrera”, recordó.

Orellana hace referencia a un jet privado que procedía de México y apareció misteriosamente en el aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, en marzo del año 2007, donde lo esperaban carros que parecían ser oficiales, descargaron varias maletas y luego se marcharon.

Trascendió en ese momento que la aeronave venía cargada de dólares, desde México, pero ese mismo día se informó que el primer vuelo lo había hecho de Venezuela a esa nación. El Ministerio Público (MP) investigó si el cargamento de la aeronave era para un alto funcionario de ese entonces, pero hasta el momento no se han deducido responsabilidades.

Toda esa información está en poder de las autoridades de Estados Unidos. “Puede ser, no estoy afirmando, que estén otras personas involucradas, puede ser la familia Zelaya directamente y que se estén adelantado. Es que es bien difícil la situación ellos”.

En todo caso, lo más peligroso es que los criminales han logrado ocupar las estructuras del Estado, incluso algunas secretarías enfocadas en seguridad ciudadana y defensa. “Esto es un problema que afecta a toda la sociedad porque se vuelve corrupción. Esto es grave”, alertó Orellana.

Lo que estamos viendo ahorita es una oportunidad para que la sociedad, antes de darle su confianza, pueda investigar al político que va en una candidatura. “Hay que investigarlo ¿con quién vive? ¿De dónde viene? ¿Quién es su esposa? ¿Quién es su papá? Para que evitar alguna persona con problemas mentales o psicológicos lleguen al poder a gobernar el país”.

“Si como político o candidato yo tengo un padre o un hermano que estuvo preso por un crimen, ¿cómo voy a funcionar? Cuando alguien nace en una familia disfuncional con problemas de delincuencia, asesinatos, entonces esa persona no va a funcionar bien para la sociedad”, meditó el comisionado en retiro.

La clase política debe tener una limpieza porque sus miembros son los que están al frente de la administración del país. Los políticos que aparecen en el narcovideo deben responder por sus actos, ya sea en Honduras o Estados Unidos, dijo un criminólogo que pidió el anonimato.

En sus campañas electorales, cuando se comprometen con los narcotraficantes los políticos sacan a relucir la contaminación policial como bandera política, pero cuando les llega el turno se protegen entre ellos, cuestionó.

La divulgación del video y el cisma que ha creado en la sociedad la grabación donde se ve al cuñado de la presidenta es una buena oportunidad para que la Unidad de Política Limpia juegue un papel preponderante para evitar el financiamiento de las campañas electorales con dinero de las drogas, exigió.