Natalie Roque sigue recibiendo salario como ministra tras un año de incapacidad

Tegucigalpa, Honduras.- Casi un año después de haber dejado su cargo como titular de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH) por motivos de licencia médica, Natalie Roque continúa recibiendo su salario mensual.

El 20 de febrero de 2024, la funcionaria anunció que se retiraba del cargo de forma temporal, debido a que por sus funciones había descuidado su salud, ya que sufre de diabetes.

El medio Contracorriente informó que la funcionaria ha recibido 943,000 lempiras de salario tras casi un año de su retiro temporal como secretaria de Derechos Humanos.

En el portal de transparencia de esta dependencia se establece que en el pago de planilla de noviembre de 2024, el secretario de Estado percibió un salario mensual de 94,700 lempiras y el sueldo neto es de 69,140 lempiras.

El documento detalla que esta remuneración corresponde al funcionario registrado bajo el acuerdo ACU-35-2022, asignado a Roque.

Angélica Álvarez, ministra por ley de la SEDH, en comunicación con EL HERALDO, respondió que “yo creo que la persona a quien deberían de entrevistar es a ella directamente (Roque)”.

Afirmó que todas las acciones de la Secretaría de Derechos Humanos son completamente públicas y que los pagos de las planillas de los empleados están disponibles en el portal de transparencia de la institución, destacando que no tienen nada que ocultar.

Explicó que, según su conocimiento, la ministra Roque presentó su expediente médico ante la Secretaría de la Presidencia y la Presidencia de la República, argumentando una delicada situación de salud, por lo cual se le otorgó una licencia.

Al consultarle sobre la posibilidad de que una incapacidad médica se extienda por cerca de un año, Álvarez respondió: “Eso dependerá de la situación de salud de una persona, eso está en el marco del Código del Trabajo, no se puede despedir a alguien porque está enfermo”.

EL HERALDO consultó a las autoridades de la Secretaría de la Presidencia sobre el caso, pero hasta el momento de la publicación no se había recibido ninguna respuesta.

En relación con los beneficios que percibe la funcionaria, Álvarez aclaró que los altos cargos no cuentan con derechos laborales adicionales y únicamente reciben su salario mensual, tal como está establecido en el portal de transparencia.

Se le preguntó también si Roque tiene asignado un vehículo, escolta o si recibe bonos de combustible. De manera molesta, la ministra defendió: “La Secretaría de Derechos Humanos no ha asignado ningún vehículo, no paga combustible, no paga viáticos ni nada, esto es una farsa”.

Álvarez precisó que ella seguirá en las funciones como ministra por ley hasta que la presidenta de la República, Xiomara Castro, así lo decida.

EL HERALDO intentó contactar a Roque, a través de varias llamadas a su teléfono celular, pero en ninguna de las ocasiones se logró una respuesta debido a que el aparato aparentemente está apagado.

Germán Leitzelar, experto en derecho laboral y excomisionado de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), explicó que, en el caso de una persona con incapacidad médica acreditada por profesionales de la salud, si no está registrada en el Seguro Social, es obligación del patrono cubrirle el salario durante el período de la incapacidad.

Sin embargo, en el caso de una funcionaria, debe estar afiliada al IHSS. En ese escenario, el 66% del salario debe ser cubierto por el Seguro Social, mientras que el resto corresponde al patrono, que en este caso sería la SEDH, pero sobre el valor del techo de cotización.

Si la incapacidad se extiende por un año, el Seguro Social está obligado a realizar una evaluación para determinar si corresponde declarar una incapacidad parcial permanente o total permanente.

La incapacidad parcial permanente implica que la persona puede realizar ciertas actividades, pero no desempeñar el trabajo que tenía previamente debido a los efectos en su condición de salud.

Si la incapacidad es total y permanente, se procede a otorgar una pensión por incapacidad, la cual es cubierta por el IHSS de acuerdo con las cotizaciones que la funcionaria haya aportado durante su trayectoria laboral.

Posteriormente, cuando la persona cumpla 60 años, en el caso de ser mujer, y haya cumplido con el requisito de las 180 cotizaciones, la pensión por incapacidad se convierte automáticamente en una jubilación.

Leitzelar dijo que la decisión de suspender una incapacidad no corresponde a la presidenta de la República, ya que Roque, al ser funcionaria nombrada por un período de cuatro años, concluye su mandato al finalizar el gobierno, momento en el que cesan los servicios de un secretario de Estado.

El IHSS también se puede liberar de una incapacidad superior al año, pero el patrono puede seguirla pagando por decisión propia. En este caso, al tratarse de fondos públicos, dicha decisión debe estar respaldada por una justificación adecuada.

A criterio de la abogada y defensora de derechos humanos, Kenia Oliva, la ley laboral permite que las personas que tienen incapacidad médico legal reciben un salario, pero esa licencia no puede ser eterna.

La incapacidad debería establecer un determinado tiempo, porque, de lo contrario, la persona básicamente no está capacitada para asumir un puesto y ,en especial, cuando está dentro de una posición de confianza dentro del Poder Ejecutivo.

“Lo ético en este tipo de casos es que si una persona después de transcurrir un tiempo considera que no está capacitada para ejercer el cargo, presente la renuncia o debe ser sustituida definitivamente de ese cargo”, consideró.

De lo contrario, podría interpretarse como un caso de corrupción, ya que una persona estaría recibiendo recursos del Estado para desempeñar funciones para las cuales fue contratada, pese a que, según la ley, ya hay otra persona designada realizando esas labores.

Otros defensores de derechos humanos dijeron que se limitaban a dar su opinión, debido a que desconocen qué tipo de procedimiento se está se sigue para otorgar ese beneficio a Roque.