Por falta de pleno, el TSC no emite resoluciones de responsabilidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido al marasmo del Congreso Nacional que ya lleva 57 días sin sesionar, la institucionalidad pasa por un momento de crisis que abre un campo para que impere la impunidad, el abuso de poder y la manipulación de la justicia.

Desde enero al pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le hace falta un miembro; en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, más conocida como Unidad de Política Limpia tampoco se han nombrado los sustitutos de los tres comisionados cuyo trabajo venció el 31 de mayo de este año.

Igual situación pasa en el Tribunal de Justicia Electoral, donde el Legislativo no ha nombrado a los sustitutos de los magistrados fallecidos Ernesto Aguilar Paz y de Gaudy Bustillo quien renunció para ocupar luego el puesto de magistrada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Artículo 205, inciso 11 de la Constitución dice que corresponde al Congreso Nacional hacer la elección de los miembros de los entes antes mencionados.

Empero, la parálisis que vive actualmente el Poder Legislativo le está pasando una enorme factura a la labor del TSC, donde si bien, sigue operando normalmente en cuanto a recibo de denuncias y ejecución de auditorías, por la falta de pleno no está emitiendo resoluciones, ya sea confirmando o desvaneciendo responsabilidades en los casos investigados.

Las responsabilidades confirmadas deben pasar a la Procuraduría General de la República o al Ministerio Público, tarea que no se cumple desde finales de enero ya que tras la renuncia del magistrado Roy Pineda para ocupar el cargo de magistrado de la CSJ el Poder Legislativo no ha nombrado su sustituto.

De acuerdo con Juan Rafael Rodríguez Cerritos, abogado, exfiscal y docente universitario, resulta último que la Ley Orgánica del TSC no tiene una forma de suplir la ausencia de este magistrado como lo tienen otros órganos colegiados.

Recordó que para el Ministerio Público es importante la labor administrativa que previamente realiza el TSC porque su Ley Orgánica dispone que en los casos de enriquecimiento ilícito sea un requisito de procesabilidad el agotamiento de esa vía.

“Si alguien está acusado de enriquecimiento ilícito, mientras no haya una resolución definitiva del Tribunal Superior de Cuentas no podría ser acusado por el Ministerio Público”, detalló.

Rodríguez Cerritos También recordó que el TSC también investiga el denominado Fondo Departamental- dinero otorgado por el Congreso Nacional a diputados- y algunas resoluciones de responsabilidad estarían pendientes de ser entregadas a la Fiscalía.

Explicó que todas las investigaciones tienen que pasar por el pleno, para luego si hay indicios de responsabilidad ser enviados al Ministerio Público; pero la falta de este trámite final limita a la Fiscalía para tener esos expedientes y tomar una decisión de acusar, explicó el profesional del derecho.

Él es del criterio que esa tardanza retrasa el accionar del Ministerio Público ya que una vez sean recibidos los expedientes la fiscalía debe emprender algunas investigaciones de verificación que se estiman oportunas para corroborar lo que está establecido en los informes del TSC.

Según Relaciones Públicas del TSC, confirme que esta entidad está operando normalmente con la salvación de que por falta de pleno no se están resolviendo aquellos casos en que se tiene que emitir una resolución ya sea confirmada o desvaneciendo una investigación.

A criterio del Félix Ávila, abogado, analista y máster en cumplimiento, fraude y blanqueo, el hecho de que el Congreso Nacional por cuestiones políticas no haya elegido al tercer magistrado al TSC le hace un daño enorme a la institucionalidad, porque este es un ente muy importante para la prevención y lucha contra una corrupción que tanto se pregona.

Las decisiones donde se “aprueban informes, se establecen pliegos de responsabilidad civil o penal, no se pueden dictar porque se necesitan los tres magistrados; los dos que son lo único que hacen es cobrar un salario sin poder realizar sus funciones”, dijo.

Consideró esto como un mal precedente, “un mal trabajo del Congreso Nacional que sin duda por intereses de índole política no se nombran al sustituto. Esto se traduce en el poco interés que tiene el gobierno actual y el congreso actual en la lucha contra la corrupción”.

Deploró que la actual administración tenga “un doble discurso, con hipocresía” en lo que se llama la institucionalidad y que la presidenta diga que está luchando contra la corrupción, invocando y pidiendo a gritos una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, pero por otro lado se descuida a las instituciones.

No solo se está atacando o menoscabando la capacidad de acción del Tribunal Superior de Cuentas, sino también la labor del Ministerio Público, “que sin bien les guste o no, ahí hay una cabeza, pero es un fiscal general que sabiendo que es adversado tampoco puede llevar a carga sus tareas”, lamentó.

Ávila cuestionó que el gobierno hable de una lucha contra la corrupción, de traer organismos internacionales y no entienda que los más importantes es continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad.

Además de la situación del TSC, algo similar pasó en la Unidad de Política Limpia cuyos comisionados Javier Francisco Franco, German Francisco Espinal y Alva Benecia Rivera concluyeron el 31 de mayo de 2023 los seis años correspondientes y aunque el Congreso Nacional inició el proceso de nombramiento. de sus sustitutos, la nómina de candidatos seleccionados no fue sometida a votación por el pleno legislativo.

De suerte en el Tribunal de Justicia Electoral hay suplentes y el órgano puede funcionar, pero todo ello es una afrenta contra la institucionalidad. Con esas actitudes pasivas, con la inanición del Congreso Nacional solo se favorece la corrupción pública porque ya en términos concretos si pasado el tiempo muchos informes no se van a aprobar, los tiempos van a prescribir y cuando asuman los nuevos titulares del TSC las acciones ya Estarán prescritas, reflexionó Ávila.

Por su parte el abogado Lester Ramírez demostró que la falta de nombramiento en los entes, antes mencionados, es un total irrespeto a la institucionalidad, situación que a la larga le pasará factura al país.

“Siempre lo he dicho, el Tribunal Superior de Cuentas es la primera cadena o eslabón de la impunidad”. En este momento lo único que de alguna manera se está perpetrando ahí es cierta impunidad. A quien afecta en realidad es a la población porque se pierden recursos por el mal manejo de los fondos y posiblemente también la identificación de nuevos delitos.

Por el momento el desafío del legislativo es ponerse de acuerdo con el nombramiento del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, pero con sus acciones de no sesionar no se puede esperar mayor cosa que un irrespeto a los entes legalmente constituidos, dijo Ramírez.

La falta de sesione en el Congreso Nacional (CN) tiene un costo humano y un costo contra la corrupción porque no avanzamos en ese sentido, aseguró Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Manifestó que el mayor costo humano en este momento se ve en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde la falta de recursos financieros, producto de la inconstitucionalidad de la ley marco tiene en precariedad a esa institución.

Igualmente, en materia legislativa, Umaña señaló que unos 900 proyectos de ley están prácticamente en el congelador o engavetados. Además, hay alrededor de unas diez leyes fundamentales que deben ser discutidas sobre todo para erradicar la corrupción y allanar la venida de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih).

Uno de los compromisos para que venga una misión antimafias es que el Congreso Nacional elimine lo que llamamos la carpa de impunidad que arropa a la corrupción.

Teóricamente al regresar a sesiones, también, se tendrá que discutir y aprobar la ley de colaboración eficaz, iniciar la derogación del Código Penal de la impunidad y abordar el tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), explicó el congresista.

La Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por el partido Libertad y Refundación (Libre) no convoca a sesiones luego no poder imponer al fiscal general, por no contar con mayoría de votos.