Seguridad retoma prácticas de poner bajo secreto millonarias compras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La compra poco transparente de los vehículos blindados Black Mamba y otra logística policial por parte de la Secretaría de Seguridad solo es una pequeña parte de la opacidad con que el gobierno viene actuando con el manejo de los recursos de los contribuyentes, coinciden diferentes sectores sociales.

Según el abogado Saúl Bueso, el tema de transparencia entre el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández y la administración actual de Xiomara Castro no ha variado en gran medida, “lo que varió es el discurso en que uno dice ser más transparente que el otro, pero lo cierto es que en este gobierno hemos tenido trabas para que nos entreguen información”.

Recordó que solicitó al Congreso Nacional información sobre el dinero del Fondo Departamental asignado a los diputados, pero le han dicho que no hay información en archivo, que todavía no tienen la liquidación.

“Nosotros no he pedido liquidación, solo queremos establecer cuánto dinero le entregaron a cada uno de los congresistas, para luego hacer un cruce de datos”, mencionó.

Asimismo, dijo que solicitó a la Secretaría de Seguridad información sobre el proveedor de los Black Mamba, cuánto costaron, “incluso pedí el número BIN, no estoy pidiendo el número de serie, porque eso me permite saber la procedencia de esos automóviles. Al negarnos el número de BIN podemos pensar que estos carros son viejos o rejuvenecidos con pintura”, sostuvo Bueso.

EL HERALDO Plus también solicitó a Seguridad el contrato de compra de las Black Mamba, pero nunca lo entregaron basándose en la resolución SO-139-2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), “información que pone en riesgo la seguridad del Estado”, respondieron en el documento.

Este rotativo también pidió una versión pública del contrato, pero no fue hasta el pasado 17 de mayo que el jefe de la Unidad de Licitaciones y Administración de Contratos de la Secretaría de Seguridad, Gerardo Sánchez, remitió el oficio-SEDS-GA-ULAC-0392-2024 al IAIP, que a su vez compartió el documento con EL HERALDO.

Ante el tardío proceso, los comisionados del IAIP abordaron al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien argumentó que no había subido la información al Portal de Transparencia porque la plataforma estuvo caída dos o tres meses.

Expertos coinciden en que es válido omitir o suprimir cierta información en temas de seguridad, pero las autoridades deben revelar en términos generales en una versión pública el tipo de inversión, así como se hizo -por presión del IAIP- con el contrato de compra de las Black Mamba.

A principios de la presente administración, el Congreso Nacional derogó el decreto 418-2023 contentivo de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

Esta normativa, más conocida como “ley de secretos oficiales”, fue la disposición legal que utilizó el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández para ocultar el despilfarro de más de 30,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad que el Ministerio Público no ha mostrado interés en investigar.

Con la mencionada derogatoria, la ciudadanía creyó que el partido Libertad y Refundación (Libre) impulsaría un gobierno abierto, transparente, rendidor de cuentas, pero resultó todo lo contrario.

En la medida el tiempo avanzó, los funcionarios comenzaron a poner trabas para restringir la información pública a los peticionarios, usando argumentos poco válidos, algunos burlándose de las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) y hasta de las tardías resoluciones del pleno de comisionados del IAIP.

Entre los argumentos sin validez están las caídas del sistema, cambio de oficina, que el nombre es un dato personal confidencial, que la OIP está con prenatal. Para retrasar el proceso de entrega, algunos OIP le solicitaron prórroga a los peticionarios, pero al final no les dieron una respuesta; otros simplemente ignoraron las resoluciones del pleno de comisionados del IAIP.

Así, en lo que va del gobierno de Xiomara Castro, el IAIP ha recibido 20 solicitudes de reserva de información pública presentadas por funcionarios de distintas secretarías, así como un total de 925 recursos de revisión porque a los sujetos obligados o funcionarios se les ha ocurrido bloquear la información sin argumentos legales.

En los recursos de revisión pueden verse casos como el de la Oficina de Transparencia del Congreso Nacional, que ha denegado información diciendo que el nombre de una persona es un dato personal confidencial, cuando la normativa de transparencia establece lo contrario.

Igualmente, entidades como la Secretaría de Seguridad, el Sistema Nacional de Emergencia 911 y las Fuerzas Armadas son las instituciones que buscan ocultar información pública, sobre adquisición de logística, basándose en el criterio poco claro del término “seguridad nacional”.

De esta manera, la opacidad en la administración estatal cada día va en crecimiento, según los recursos de revisión que desde el 2020 vienen poniendo los peticionarios ante el IAIP.

En el 2020 esta entidad recibió la solicitud de 207 recursos de revisión, en el 2021 la cantidad subió a 308, en el 2022 -con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro- la cifra aumentó a 371, en el 2023 el montó llegó a 411 recursos de revisión y para el 13 de mayo de 2024, los reclamos ya sumaban 143.

Para la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, la opacidad en todas las instituciones del Estado cada día es más fuerte. “Mire que por un lado celebraron con bombos y platillos la derogación de la ‘ley de secretos oficiales’, pero ahora están reservando información de diferentes temas, entre ellos los relacionados con los viajes”, criticó.

Además de la reserva, la entrega de la información pública la han dejado a discrecionalidad de los funcionarios del Ejecutivo. Ahora cualquier burócrata pide reserva de información pública o denegarles la información a los solicitantes, desconociendo la Ley de Transparencia.

“Aunque sabemos que estamos en una institucionalidad casi fallida se debe trabajar para que se deduzcan responsabilidades a los funcionarios que abusan de su autoridad y que creen que van a venir a hacer lo que les pegue la gana con las leyes en este país, solo porque son parte de X o Y partido político. Les recuerdo que el poder es temporal, sino miren donde está Juan Orlando Hernández”, dijo Meza.

De acuerdo con Meza, si la gente se ampara en la ley, pero aun así no tiene respuesta, entonces es necesario un debate público para ver que está pasando en el IAIP sobre la tardanza en sus resoluciones y en las sanciones a funcionarios obligados que no cumplen con las normativas.

Para evitar que la ciudadanía se entere de los funcionarios que reciben dinero del Estado y de la forma cómo se realizan algunas adquisiciones, los oficiales de transparencia y los titulares de las instituciones buscan argucias como que el nombre es un dato personal confidencial o que son documentos de seguridad nacional.

No obstante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), aprobada en 2006 mediante decreto legislativo 170, así como su reglamento ya establecen cuál es lo confidencial y cómo debe manejarse la reserva de la información que puede afectar la seguridad del Estado, así como aquella que puede ser discriminativa.

La Ley de Transparencia surge como una herramienta para luchar contra la galopante corrupción en la administración pública, dándole a los ciudadanos el derecho de ejercer una vigilancia sobre la gestión pública.

“Cuanto mayor sea el conocimiento de los ciudadanos sobre la acción pública, mayor será su participación en la toma de decisiones y su confianza en la función gubernamental”, dice uno de los considerandos de dicha normativa.

En el artículo 3 numera 7 se establece con precisión cuáles son los datos personales confidenciales, y el inciso 9 establece la confidencialidad de la información. Igual el artículo 22 del reglamento de la LTAIP establece que el nombre de una persona que reciba recursos del Estado es público.