Preocupación por millonarias compras a empresas que venden equipo espía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El equipamiento de las agencias de inteligencia del Estado, por medio de empresas que tienen antecedentes de vender equipo espía, genera preocupación en algunos sectores de la sociedad, más cuando existe falta de transparencia en los procesos de adquisición.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló que la Secretaría de Seguridad realizó una compra valorada en 583.3 millones de lempiras en armamento, equipo tecnológico de inteligencia, y los vehículos tácticos Sandcat Largos, mejor conocido como Black Mamba.

El proceso de contratación directa No. SEDS-CD-GA-2023-001 fue otorgado a las empresas Honduras Technology, S.A de C.V. y Eyetech Solutions S.A. de C.V., esta última relacionada con la venta de equipo espía a El Salvador y México, como el software Pegasus, por medio del cual se le daba seguimiento a periodistas y personas de sociedad civil.

Algunos sectores de derechos humanos, líderes políticos y periodistas manifestaron su precaución; otros prefirieron no referirse al tema, debido a que es poca la información que se ha dado a conocer por parte de los entes del Estado.

Edy Tábora, exdirector del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), en su larga carrera como defensor de derechos humanos, recordó que los software espía se han utilizado en otros países para hacer vigilancia a opositores políticos, defensores de derechos humanos y a periodistas.

Honduras tampoco se ha quedado atrás, ya que en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos por narcotráfico), se adquirieron varios software de espionaje sobre los que nunca se han rendido cuentas, es decir, no se ha dicho qué pasó con esos sistemas o si aún siguen vigentes, recordó.

Tampoco existe rendición de cuentas ni ninguna investigación sobre lo que se discutía en muchos espacios de la sociedad hondureña, sobre la utilización de estos sistemas, incluso se ha mencionado software específicos como Pegasus, por ejemplo, reseñó.

En algunas filtraciones de documentos se mostró que Honduras compró este tipo de equipos cuando estaba como jefe de inteligencia el exministro de Seguridad, Julián Pacheco, explicó Tábora.

Desde entonces se ha venido exigiendo mayor transparencia en el uso de esa tecnología porque cualquier software de esta naturaleza si no se opera bajo los suficientes controles pueden ser utilizado para hacer vigilancia y, sobre todo, con mayor peligro a los periodistas y los defensores de derechos humanos, advirtió.

Una fuente consultada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, que pidió el anonimato por seguridad, corroboró que la empresa mexicana Eyetech Solutions es una filial de una empresa Israelí y con ellos -por lo general- se trata directamente.

Alertó que el dinero que en el contrato de las Black Mamba no tiene asignación posiblemente se haya asignado para pagar las licencias de los equipos de escucha, ubicación y lectura de los software NiceTrack y Verint Systems, que se adquirieron en tiempos de Hernández y que este gobierno dejó vencer.

El equipo de escucha NiceTrack es similar al Pegasus, porque se pueden intervenir teléfonos de políticos, periodistas o de cualquier figura de interés.

La fuente afirmó que “antes las intervenciones se hacían mediante orden judicial, pero ahora que el ministro de Seguridad es un político más de Libre, con aspiraciones a diputado, los riegos de que estén pinchando teléfonos es muy alto”.

“Esta es una situación sumamente delicada, por supuestos, teniendo la experiencia que no ha habido rendición de cuentas sobre la adquisición de esos software y mucho menos sobre las personas que vigilaban”, expresó Tábora.

A criterio del abogado y defensor de los derechos humanos, la tecnología definitivamente puede ser utilizada por el Estado para realizar tanto labores de inteligencia como trabajos de investigaciones penales, pero además los pueden emplear en otras actividades, como vigilancias ilegales.

El problema es que no existe rendición de cuentas sobre qué pasó con esos software o si hay nuevas compras de mecanismos de vigilancia electrónica, destacó.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus realizó solicitudes de información sobre la compra de la Black Mamba, pero la Secretaría de Seguridad se negaba a entregar cualquier tipo de documentos.

Fue hasta finales de la semana anterior que se preparó una versión pública sobre los equipos que se están adquiriendo, donde se mencionaba los montos sin especificar el equipo en el que se hacía la inversión.

La versión pública del documento de compra, elaborado por la Secretaría de Seguridad, detalla que se pagaron 228.2 millones de lempiras para equipo destinado a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

La dependencia estatal omitió información sobre qué equipo se está comprando, basados en la resolución No. SO-139-2018, que habla de las “especificaciones técnicas del armamento y equipo adquirido”.

Son tres compras en el mismo contrato, una supuestamente de cuatro drones, valorados en 77.5 millones de lempiras; la segunda compra de 20.2 millones de lempiras, en la que no se detalla nada del tipo de tecnología comprada. La tercera compra es de 130.5 millones de lempiras por la adquisición de 10 vehículos Sandcat Largo, denominados Black Mamba.

“El problema con la DNII es que no hay controles públicos sobre ella, por la estructura misma, ya que la misma depende del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Estado”, alertó Tábora.

La fuente anónima, consultada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, dijo que los equipos espía son manejados por la DNII, que está bajo el mando de un oficial de la Policía.

“Con el nuevo gobierno se esperaba que todas estas instituciones de las que se denunció, que formaban parte de lo que se denomina como narcodictadura, tuvieran rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos, pero sobre todo de los objetivos políticos que tenía, pero no ha pasado”, condenó Tábora.

Al mismo tiempo recalcó que a nivel institucional se desconoce en qué ha cambiado la DNII, porque sigue existiendo en el marco de unas aprobaciones de leyes que se consideran que fueron ilegales, ya que se cree que la base fue para construir una dictadura.

Tábora apuntó que una de las cosas importantes que debe existir en las instituciones públicas es transparencia sobre las compras de este tipo de tecnología, y hacer un proceso de clasificación sobre lo que es justificable que entre en reserva, porque es relevante que la ciudadanía sepa con qué tecnología cuenta el Estado para realizar este tipo de actividades.

Siempre las instituciones ponen de argumento la seguridad nacional para no dar información, pero el problema es que no existen normativas claras que definan qué implica la seguridad nacional y cuáles son los alcances y los procedimientos de rendición de cuentas a posteriori, dijo.

“La rendición de cuentas puede después, por ejemplo, si una persona está siendo espiada o vigilada por parte del Estado y ese proceso pasó, se le debe notificar a la persona después que le hicieron esa operación de forma legal, cuáles fueron los registros que obtuvieron”, detalló.

El problema es que eso en el país nunca ha ocurrido, aun sabiendo que se han comprado software, tal y como sucedió en el gobierno anterior, cuando se filtraron documentos sobre la compra de estos sistemas y no hubo rendición de cuentas, sostuvo.

Gonzalo Sánchez, exjefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de la Policía Nacional y ahora catedrático de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), consideró importante equipar a la DNII.

Para el experto en temas de seguridad se debe utilizar tecnología de punta para realizar las investigaciones de inteligencia contra el crimen organizado y la población no tiene que darse cuenta porque es investigación criminal.

Donde se ha fallado, criticó, es en el uso de las Black Mamba, porque debe ser para ejecutar operaciones en zonas críticas de las principales ciudades del país, por ejemplo, realizar allanamientos, rescate de rehenes o ubicar casas donde hay delincuentes armados.

Se supone que se compraron con el ánimo de salvaguardar la vida de los policías, porque esos carros son blindados, por eso son caros, pero andarlos en traslado de reos fuera de la ciudad, “no estoy de acuerdo con eso porque son para operaciones internas de una ciudad”, manifestó.

Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) lamentó que “se están haciendo muchas cosas y no hay transparencia”.

El periodista afirmó que la prensa hondureña “somos un obstáculo” para el gobierno y que estos equipos son usados “prácticamente para el control de la prensa”.

“El hecho de que la empresa mexicana haya vendidos vehículos a la Secretaría de Seguridad y que en su momento también hayan planteado que son otro tipo de contratos y unas condiciones que de repente el pueblo hondureño no ha tenido a la vista; están haciendo muchas cosas y no hay transparencia”, lamentó, mientras decía que el pueblo hondureño, periodistas y medios de comunicación demandan transparencia.

Ortiz dijo desconocer detalles del contrato, pero no descartó la posibilidad que el país también haya adquirido equipos de inteligencia para espionaje, como ocurrió en El Salvador y México.

“No descartamos esta posibilidad que se haya contratado estos servicios de inteligencia y también para el control inmediato de los periodistas en nuestro país”, opinó.

Afirmó que si esto se concretó representa un control total a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y una violación flagrante a lo que manifiestan tratados internacionales, la Constitución de la República y otros tratados que de una u otra manera garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa del país.

El periodista recordó que desde hace varios años se habla de espionaje en el país y que él mismo lo ha denunciado porque “siento, percibo que está intervenido mi aparato telefónico”, comentó al mencionar que se lo cortan con frecuencia y escucha voces de terceros cuando realiza llamadas.

Incluso, aseguró que en Honduras “hemos tenido suerte hasta el momento que no nos han encarcelado, no han cerrado medios de comunicación; siempre lo hemos estado manifestando, en este gobierno vamos hacia la ruta del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua”, advirtió.

Ante esto, pidió al gobierno que “respete la libertad de medios de comunicación, que respete la libertad de expresión de los ciudadanos, que respete la libertad de prensa como un derecho de los periodistas y que nos dejen en libertad. No queremos dictaduras en Honduras, no vamos a permitir que se violente la libertad de expresión”.

Según el portal web de Eyetech Solutions S.A. de C.V., la empresa se especializa en seguridad cibernética basada en análisis metodológicos de los entornos y activos de las organizaciones con las cuales trabajan.

EL HERALDO Plus mandó preguntas a la empresa Eyetech Solutions sobre los equipos que están vendiendo a Honduras, pero no dieron respuesta, lo mismo pasó con el general Gustavo Sánchez, ministro de seguridad, quien no respondió las llamadas ni mensajes a su celular.