TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La denuncia del tratado de extradición era algo que los agentes antinarcóticos ya veían venir desde que el exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios fue capturado y extraditado, pues él conoce la relación de ciertos políticos de Olancho con los carteles, dijo el jueves una fuente antidrogas vinculada a las investigaciones con Estados Unidos.
Capturado en diciembre de 2022 y extraditado el 30 de marzo de 2023, el excongresista liberal Martínez Turcios, en un principio se declaró no culpable, por lo que su caso iría a juicio, no obstante, el 9 de agosto de 2024 presentó un escrito en una de las cortes de Nueva York aceptando haber participado en actividades de narcotráfico y declarándose culpable de los tres delitos que le imputa la justicia estadounidense.
Solo 19 días después, Honduras decidió notificar a Estados Unidos el cese del tratado de extradición entre ambos países, declarando que era por “injerencia”. No obstante, la fuente afirmó que Martínez Turcios es pieza clave para Estados Unidos, para perseguir a los narcopolíticos, sobre todo olanchanos, que tras las elecciones generales del 2021 celebraron el gane del partido Libertad y Refundación (Libre).
Las autoridades antinarcóticas de esa nación no solo saben de las francachelas entre los narcos y sus socios olanchanos, sino también de los beneficios y regalos que personajes de la vida política habrían recibido supuestamente de “Los Cachiros”, afirmó la fuente.
Como ya se acerca la sentencia de Midence Oquelí entonces entre ciertos políticos hay preocupación, afirmó. “La eliminación del tratado de extradición no es algo improvisado, un exabrupto dado por un arranque de ira a raíz de lo expresado por la embajadora Laura Dogu, eso es algo planificado, porque temen que el excongresista revele las conexiones políticas con ‘Los Cachiros’ y con los carteles colombianos”, detalló la fuente.
Temor del Ejecutivo
Por su parte, el canciller Enrique Reina, en el foro televisivo Frente a Frente, aseguró que la eliminación del tratado de extradición no se hizo para proteger a narcos, sino para proteger a las Fuerzas Armadas porque ven “un peligro que la extradición se convierta en un arma política”.
Reina también alegó que con la denuncia del tratado, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, también busca que no se “dividan las Fuerzas Armadas, que se busque conspirar en las Fuerzas Armadas, porque son precisamente los garantes de la democracia en este país en un proceso electoral”.
Y es que en las Fuerzas Armadas, a nivel de coroneles y generales, hay una gran incomodidad porque el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, mantiene un discurso más político, que apegado a su deber constitucional, según dijeron fuentes militares a este rotativo.
Algunos generales y coroneles tampoco ven con simpatía que Hernández apareciera en Venezuela dándole la mano a su homólogo, Vladimir Padrino López, señalado por Estados Unidos de ser un narcotraficante a gran escala, que junto con el dictador Nicolás Maduro, pretende seguir en el poder de forma fraudulenta, dijeron.
A raíz de esta situación interna en las Fuerzas Armadas, todos los coroneles y generales fueron convocados para una reunión ayer a la 1:00 de la tarde.
Nada fácil
Abogados como Raúl Pineda Alvarado y Gonzalo Sánchez aseguran que la denuncia del convenio de extradición no va a ser una tarea fácil para el Ejecutivo, ya que tal decisión forzosamente tendrá que pasar por el Poder Legislativo.
Para deshacerse de la extradición obligatoriamente, explicaron estos profesionales del derecho, tiene que realizarse una reforma constitucional, sobre todo del artículo 102, el cual establece que: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero. Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada y cuando exista tratado o Convenio de extradición con el país solicitante”.
El capítulo 3 de la Constitución, que comprende del artículo 15 al 21, establece la forma de aprobación de los tratados internacionales.
Impacto
Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), consideró que el cese del acuerdo tendrá tres impactos fuertes.
En primer lugar, puede generar aislamiento internacional, pues Honduras está “mostrando una voluntad escasa de colaborar con otros países para el juzgamiento de criminales”.
La segunda consecuencia es el mensaje lanzado a la comunidad internacional que en el país se favorece la impunidad.
El último punto es que “se cierra las posibilidades que llegue la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), ya que Honduras no muestra voluntad de “proveer de estos mecanismos de colaboración judicial internacional”.
Para el criminólogo y experto en materia de seguridad, Reynaldo Rubio, a toda luz se ve que están protegiendo intereses políticos y más directamente a algunos funcionarios del gobierno actualmente mencionados e investigados por la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) por “vínculo con el narcotráfico, lavado de activos y otras actividades del crimen organizado transnacional”.
Esta decisión debilita la lucha contra el tráfico de estupefacientes y sus delitos conexos, y es vista como un triunfo de los carteles y de los narcopolíticos, quienes sin ningún escrúpulo ponen al país como un futuro paraíso para los narcotraficantes colombianos, venezolanos y sus socios en Honduras, sostuvo.
El criminólogo recordó que Honduras no tiene la capacidad humana ni logística para luchar contra las drogas, a tal extremo que actualmente no cuenta con radar para vigilar el espacio área y marítimo. Algunos éxitos en la captura de cargamentos de cocaína se han dado más por el apoyo técnico de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos, explicó.
Rubio advirtió que vendrán momentos críticos para el país, ya que las rutas que utilizan los capos de las drogas para mover sus cargamentos se volverán territorios violentos y de muchas muertes.
“Seguro que vendrá un incremento en los índices de homicidios y otros delitos relacionados con el narcotráfico, como la dinamización de las maras y pandillas, el tráfico de armas, la extorsión, el robo de vehículos y el lavado de activos”, presagió.
“Honduras será un refugio de delincuentes, un centro de acopio de la droga, un oasis de placer para los narcotraficantes y criminales donde operarán impunemente sin ningún riesgo de extradición”, continuó diciendo.
Esta decisión desacertada del Ejecutivo traerá graves consecuencias, mucho sufrimiento, el cual había disminuido, porque si bien es cierto que sigue pasando la droga, pero ahora es en menor cantidad, dijo. “Si no se recapacita, el pueblo debe prepararse para lo peor, porque lamentablemente seguiremos viendo aquellas grandes escenas de muerte, masacres, desaparecidos, mucho dolor”, advirtió.
Además, se ahuyenta la inversión extranjera, el turismo. De esta manera, por un lado, el país seguirá sumido en el subdesarrollo y la miseria, mientras que, por otro lado, algunos funcionarios del gobierno, aprovechando la impunidad, fortalecerán sus nexos con el crimen transnacional, lamentó el criminólogo.
Rubio consideró que esta decisión es un gran desacierto del gobierno, “simple y sencillamente para proteger a sus súbditos utilizando aquellas excusas de que están violentando los principio y prácticas del derecho internacional, o haciendo alarde de un no al intervencionismo, o a la injerencia extranjera”.
