TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con la determinación de la presidenta Xiomara Castro de pedir al canciller Enrique Reina “denunciar el Tratado de Extradición con los Estados Unidos”, seguro que en los próximos días los narcotraficantes harán un carnaval en el país, sostuvo este miércoles el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado.
“Con fundamente en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller @EnriqueReinaHN denunciar el Tratado de Extradición con los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X la mandataria, minutos después que la embajadora estadounidense Laura Dogu, lamentara que el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, se haya reunido con su par venezolano Vladimir Padrino López, a quien la justicia norteamericana lo persigue por narcotráfico.
La presidenta también escribió que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerante. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal”.
La reacción surge como un apoyo a Zelaya Rosales, quien es hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, este último hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de Xiomara Castro. En este caso, el exmandatario y su hermano han sido mencionados continuamente en las cortes de Estados Unidos durante los juicios contra capos hondureños.
A criterio del abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, “primero hay que verlo como un triunfo de los traficantes. Eso es dado la corrupción que se da en el país. Los traficantes deben estar contentos y seguro van a poner un carnaval si esta decisión se lleva a la práctica”.
Segundo, “marca un rompimiento en una relación que ha sido bastante funcional en cuanto a delitos de criminalidad organizada, terrorismo tráfico de drogas, que ahora dada la debilidad de la institucionalidad en Honduras, no van a poder ser perseguidas o perseguidos”.
Para Pineda Alvarado, el proceso no es exclusivo del Poder Ejecutivo, ya que la denuncia tiene que ir al Congreso también, donde es muy difícil que se apruebe por la falta de la mayoría del oficialismo.
Así como se aprobó el tratado en una sesión secreta, con muchas reservas, así tiene que ir también al Legislativo. “Que no la van a querer mandar es otra cosa, pero la denuncia tiene que ir al Congreso”, analizó Pineda Alvarado.
“A mi criterio tiene que ir al Congreso, porque el Congreso fue el que lo ratificó. Tiene que seguir el mismo procedimiento de todos los tratados. No es decir simplemente que se le va a poner una cláusula que diga: denunciar o que se declare sin ningún valor ni efecto”, explicó.
El abogado expuso que, además de denunciar el convenio, para que el Ejecutivo detenga las extradiciones el Poder Legislativo tiene que reformar el artículo 102 constitucional que contempla este tema, pero se necesitan 86 votos para hacer una reforma o una derogación, un número que está muy lejos del poder del oficialismo.
Para este analista, la acción de Castro es más emocional que racional y le traerá graves consecuencias a Honduras, porque este país tiene casi un millón de connacionales en Estados Unidos, el cual también es el mayor mercado para las exportaciones nacionales.
Con la decisión de denunciar el Tratado de Extradición, el presente gobierno hondureño queda muy mal visto ante la comunidad internacional y si creen que les hacen un daño a los norteamericanos están muy equivocados.
Intentar detener las extradiciones de los narcos no es nada nuevo en este gobierno. En marzo del 2023, disimuladamente sondeó la reacción del pueblo hondureño al querer trabajar las extradiciones utilizando una ley de extradición, recordaron analistas. No obstante, el repudio fue total a tal iniciativa.
En ese entonces, Odir Fernández, entonces encargado de la maestría de derecho penal y procesal penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ahora rector de esa casa estudios, propuso la creación de una ley de extradición, argumentando que el auto acordado es una disposición reglamentaria.
La última acción que la sociedad hondureña percibió como otro intento de bloquear las extradiciones ocurrió recientemente cuando el fiscal general Johel Zelaya anunció que llamaría a declarar a todos los mencionados por los capos de la droga en las cortes estadounidenses, pues cualquier hondureño que tenga un proceso penal pendiente en Honduras no puede ser extraditado hasta finalizar su causa.
Una decisión inapropiada
El abogado constitucionalista Oliver Erazo recordó que desde hace dos años advirtió que el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) buscaría boicotear el proceso de extradición.
“En este momento socio, política y económicamente que vive el país, es absolutamente inapropiada, pero era una decisión que se miraba venir. Tengo dos años de estarles diciendo que muchas de las acciones que han generado un sismo por la división política, detrás de ello ha estado precisamente la intención palpable y visible de denunciar el Tratado de Extradición, de dejarlo sin valor y efecto”, recordó.
Erazo no dudó también en indicar que esta acción trae repercusiones internas sumamente delicadas para los hondureños, así como para aquellos que están fuera de Honduras. De igual manera, esto podría cambiar radicalmente la percepción de apoyo que tiene el Congreso y el Senado de Estados Unidos hacia Honduras, sobre el combate frontal a la narcoactividad.
Lógicamente, lo que está haciendo esta administración tendrá una respuesta en las relaciones bilaterales por parte de Estados Unidos.
Sobre si la denuncia debería pasar por el Poder Legislativo, el constitucionalista manifestó que habría que revisar si hay un procedimiento especial.
“Hay que revisar el convenio o el Tratado de Extradición a ver si tiene un procedimiento específico al denunciarlo. Lo cierto es que el proceso de la denuncia conlleva a que se deposite ante el órgano correspondiente y dura cuando menos seis meses para que pueda comenzar a tener efectividad”, amplió.
“Es decir, si tú lo denuncias mañana, el tratado va a seguir vigente en los próximos seis meses o un año. Pasado ese tiempo ya perderá los efectos y ya no podrá ser invocado por los estados parte”, añadió.
Denunciar el tratado no significa que la extradición no esté como tal. Entonces, esto puede ser una jugada para dejar sin valor y efecto el procedimiento del auto acordado para hacer viable la extradición —reflexionó el profesional del derecho— y someter el tema a la aprobación de una ley de extradición, la cual no va a encontrar ningún tipo de eco, ni de consenso en el Poder Legislativo
“No logran 65 votos para aprobar el presupuesto para las elecciones internas, mucho menos van a lograr 86 votos para una reforma constitucional en materia de extradición”, criticó.
Estados Unidos no pierde nada, “no nos equivoquemos”. “Quienes gobiernan creen que están en la finca de ellos. Que van a mandar a matar cuatro vacas y al azar dos terneros. Y así se maneja el Estado”.
Las consecuencias de las decisiones en este momento van a ser extremadamente trágicas para todos los hondureños. De repente hay un impacto, inmediatamente, en la cancelación de visas, la revisión el tema del TPS (Programa de Protección Temporal) para los hondureños y deportaciones masivas.
“Nosotros no estamos en una posición para ponernos los moños, estamos en una posición para ser respetados, pero en una condición lógica de respeto en las relaciones internacionales”, explicó.
La libre autodeterminación de los pueblos como principio rector del derecho internacional público “no dice libre autodeterminación para traquetear droga a otros países”.
La no injerencia “no significa que otros estados que forman parte del concierto de naciones del mundo no te puedan decir de forma enérgica, ‘mire, trabajen esto, está haciendo mal esto, me está afectando en esto’”, cuestionó Erazo.
