Juticalpa, Olancho.- El gabinete de ministros del gobierno de la presidenta Xiomara Castro acusó al denominado "bipartidismo" (refiriéndose al Partido Nacional y al Partido Liberal) de querer boicotear las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo.

Este domingo Castro convocó a una reunión de Consejo de Ministros en una de sus propiedades familiares en el valle de Lepaguare del municipio de Juticalpa, Olancho.

"Desde este espacio del Consejo de Ministros, hemos denunciado de manera reiterada este intento de boicot que se gestó desde el bipartidismo y desde los sectores conservadores del país por boicotear el derecho al sufragio de los hondureños y las hondureñas a través de lo que ocurrió en este proceso electoral primario", expresó Angélica Álvarez, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos.

Asimismo, los ministros ratificaron su completo respaldo a las Fuerzas Armadas (FF AA); al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández; y a la precandidata presidencial de Libre y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada.

A su vez, responsabilizaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la desorganización en la distribución de las maletas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las cuales llegaron tardíamente a sus respectivos centros de votación trayendo como consecuencia el retraso en la jornada electoral.

A criterio de Christian Duarte, ministro de Finanzas, el bipartidismo dentro del CNE conformado por Cossette López (representante del Partido Nacional) y Ana Paola Hall (representante del Partido Liberal), estaban tejiendo un fraude electoral.

"El bipartidismo tiene mayoría y que ellos sabiendo lo que se estaba tramando no salieron a denunciarlo y por el contrario fueron cómplices de eso que pasó", indicó Duarte.

Por su parte, el director de Aduanas de Honduras, Fausto Cálix, apuntó que se intentó sabotear los comicios primarios "porque las tiene perdidas", afirmando que hay una amplia mayoría de la población que apoya a Rixi Moncada.

"Sabían que los votos no les iban a favorecer, sabían que el resultado no les iba a favorecer. Por lo tanto, desde lo interno del Consejo Nacional Electoral hubo intereses perversos de ciertos individuos para boicotear este proceso electoral", acotó Cálix.

Seguidamente, el director de Aduanas señaló a Cossette López por la firma del contrato a la empresa que se encargaría del transporte de las maletas electorales y por no informar que estas aún no habían sido despachadas.

"¿Por qué ella no le habló al pueblo hondureño cuando había esa cantidad de maletas que no se habían despachado para el Distrito Central? Para San Pedro Sula, ¿por qué firmaron un contrato, como lo ha dicho desde el IHTT el comisionado Rafael Barahona, a una persona que ni siquiera tenía medios de transporte para transportar maletas electorales? Y eso tiene nombre y apellido", dijo Cálix.

Sobre el voto de confianza hacia las FF AA, enfatizó que las respaldan "porque a diferencia de las anteriores fuerzas armadas, no son fuerzas armadas golpistas, no son fuerzas armadas que están a favor de la venta del territorio nacional, no son fuerzas armadas que están siendo coludidas con el narcotráfico, no son fuerzas armadas que se van a prestar de nuevo a un fraude electoral".

Además de haberse referido a las elecciones primarias, la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, informó que se aprobó la extensión del estado de excepción parcial (vigente desde diciembre de 2022) para combatir la inseguridad. No obstante, no se especificó la fecha sobre hasta cuando durará.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que se aumentó la recompensa a un millón de lempiras a cambio de información sobre el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, quien figura en la lista de los 10 hondureños más buscados por Interpol.

También Cerna agregó que se aprobó una reforma al artículo 1 del PCM-40-2024 respecto al alivio financiero para beneficiar a más de 15,000 hondureños afectados por las alzas en las tasas de interés en préstamos de vivienda.

De igual forma, en la reunión se discutió el subsidio en combustibles, energía y gas, así como también la ampliación al estado de emergencia sanitaria por el gusano barrenador, plaga que ha afectado al sector ganadero de Honduras.