La aseveración la realizó en una entrevista con Go tv, específicamente en el segundo 51 del siguiente video, donde también detalla que con la creación de la nueva secretaría, el fin del mandatario es “tener gente de él” en las diferentes instituciones del Estado.
“ Juan Orlando Hernández quiere eliminar el CNA y quiere eliminar el IAIP y tener gente de él, así como lo logró en las Fuerzas Armadas, poniendo gente de él; el Congreso Nacional, poniendo gente de él y en la Corte Suprema de Justicia, poniendo gente de él, porque ahora siente pasos de animal grande” aseguró.
La Secretaría de Transparencia fue creada a través de un decreto ejecutivo, mediante la publicación del PCM-111-220 en el Diario Oficial La Gaceta, como una “institución líder en coordinar, facilitar promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia probidad, integridad y prevención a la corrupción”, según dijo el mismo mandatario al momento de juramentar a María Andrea Matamoros como titular de la nueva institución.
Hernández explicó que “el propósito de la secretaría es ser el ente rector de la nueva política nacional de transparencia e integridad, que abre espacios para la veeduría social y una participación ciudadana beligerante”.
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La nueva secretaría debe cumplir roles fundamentales, entre ellos el asesorar y asistir al Presidente y su Gabinete en la formulación de Políticas Públicas en Materia de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, Gobierno Digital y Modernización del Estado y coordinar su implementación.
También, dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de varias convenciones internacionales con las que Honduras participa; trabajar en directrices para el fortalecimiento institucional y participación ciudadana; e implementar un Índice Nacional de Transparencia en el país.
En total son 16 funciones las que deberá cumplir, las mismas que fueron cuestionadas por el Colegio de Periodistas de Honduras, el CNA, IAIP y otras instituciones, que consideran que “trae dualidad y subrogación de funciones” que competen a otras instituciones y al Tribunal Superior de Cuentas, como lo expuso el mismo ente en un amplio comunicado.
Más dudas que certezas rodean al decreto ejecutivo PCM-111-2020 que dio vida a la nueva Secretaría de Transparencia.#Transparencia #País #Honduras pic.twitter.com/1uY3OgZLG0
— Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) November 11, 2020
El TSC también pidió al Poder Ejecutivo reconsiderar la creación de esta secretaría y corregir las observaciones necesarias, de lo contrario interpondrá un recurso ante el Poder Judicial.
Por su parte, el Ministerio Púbico habló de impugnarla ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero días después se retractó afirmando que le corresponde al TSC, al IAIP o al CNA realizar el procedimiento a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por razones de legitimación.
Luego de hacer un análisis exhaustivo del decreto ejecutivo que dio origen a la Secretaría de Transparencia, el Ministerio Público se abstendrá de impugnarla ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).#País #ministeriopublico #Honduras pic.twitter.com/X2UvUF9tLh
— Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) November 12, 2020
¿Hay intromisión en las leyes?
Para Vladimir Mendoza, abogado del IAIP, sí existe “intromisión” por parte del Ejecutivo con la creación de la nueva Secretaría, especialmente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso Nacional en 2006.Lo mismo ocurre al hablar de los tratados, convenios internacionales y fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los temas de transparencia y acceso a la información pública.
“No puede eliminar el Poder Ejecutivo un decreto creado por el Legislativo, pero que si existe una intromisión verás y directa ante la institucionalidad, sí”, dijo, al mencionar que el IAIP fue creado a través del Legislativo.
El experto hizo alusión a la Ley General de la Administración Pública, creada bajo el decreto 146-86, especialmente en el artículo 3 que menciona que “no deben crearse nuevos organismos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”.
La misma normativa menciona que será el Presidente de la República quien adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición, sin embargo, la nueva secretaría fue promovida por el Poder Ejecutivo.
En este caso, se crea el ente de transparencia y se le otorgan funciones del IAIP, según denunciaron los mismos comisionados, pues el artículo 9 establece que la Secretaría de Transparencia 'brindará apoyo y coordinación que se requiera por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la ley'.
Odir Fernández, jefe de investigación del CNA, destacó que la creación de esta institución tiene un 'trasfondo', dejando entrever que buscan remover las evidencias de irregularidades en los casos donde han hecho denuncias tanto al CNA como el IAIP.
“Se crea una Secretaría de Transparencia para decir que todos los actos que hemos denunciado son, en realidad, trasparentes” señaló.
En un amplio comunicado, el CNA aseveró que su origen “no va encaminado a generar transparencia ni el combate a la corrupción, sino que es tendiente a disminuir las capacidades adquiridas por las instituciones en la lucha contra este flagelo”.
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El ente anticorrupción compartió la opinión con el TSC sobre la subrogación de funciones y amplió que la creación de esta dependencia tiene como única intención reorientar el presupuesto otorgado al IAIP y al CNA “con el propósito de asfixiar financieramente a quienes hoy se han manifestado en contra de la corrupción”.
“Lamentamos completamente la costumbre del actual gobierno de aprovecharse de las situaciones de calamidad y de la distracción mediática para crear elefantes blancos, además de valerse que la ciudadanía estaba inundada para la publicación de un decreto que ni entre los mismos Secretarios de Estado fue socializado”, cita el comunicado del CNA.
Opinión que contrasta con lo expresado por la recién nombrada ministra de esa institución, María Andrea Matamoros, quien afirmó que es necesario contar con una institucionalidad robusta para lograr una gestión gubernamental más transparente con una cultura de participación ciudadana.
Matamoros detalló que el propósito o intención de la nueva Secretaría es ser el ente rector de una nueva política nacional de transparencia y de integridad, que abre espacios para la veeduría social y para una participación ciudadana beligerante.
“La idea es prevenir la corrupción, fortalecer los controles internos dentro de cada institución e implementar el Gobierno Digital y modernizar el Estado”, puntualizó.
Conclusión:
Lo expresado por Salvador Nasralla que con la creación de la nueva Secretaría de Transparencia, el presidente Juan Orlando Hernández busca 'eliminar el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)' es catalogada como “Verdadero”.El primer argumento está en la Ley General de la Administración Pública que menciona textualmente en el artículo 3 que “no deben crearse nuevos organismos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes”, en este caso la Secretaría de Transparencia paralela al CNA y el IAIP.
Por lo tanto, lo que ocasiona la creación de esta nueva institución es una “intromisión” al desarrollo de las diferentes actividades que realizan CNA y el IAIP en pro de los derechos humanos y el combate de la corrupción, tal como lo manifestó Vladimir Mendoza, comisionado del IAIP.
No está en la facultad del Poder Ejecutivo derogar o eliminar la existencia de una institución creada por el Poder Legislativo. Sin embargo, sí es una de las atribuciones del Presidente de la Republica garantizar el cumplimiento de la disposición para que no sean creadas nuevas organizaciones de la administración centralizada o descentralizadas que impliquen una duplicidad de otros ya existentes.
