¿En qué consiste el requerimiento fiscal presentado contra exdiputados del Congreso Nacional?
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La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales, dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cinco particulares por suponerlos responsables de saquear fondos del Congreso Nacional. A continuación repasamos en qué consiste la acción legal presentada por la fiscalía.
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La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra los excongresistas y seis ciudadanos por supuestos actos de corrupción en el Congreso Nacional.
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Los implicados son Alberto Chedrani Castañeda (actual diputado), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía (exdiputado).
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Los otros ciudadanos requeridos por la fiscalía son Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya, quienes estaban encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre.
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Otros de los involucrados son Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas -presidenta y contador de OLICODE-, José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera -presidente y contador de OIMSO-.
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El actual diputado Alberto Chedrani y el excongresista León Rojas son acusados por la fiscalía por los delitos de fraude y lavado de activos.
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En el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino son acusados por el delito de Fraude.
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Por su parte, a Palma Sánchez y Flamenco Ramírez por fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
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En el caso de Guzmán, Cásula Laínez, Rodríguez Lagos, Osorto Guevara y Flores Montoya por encubrimiento y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos.
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De acuerdo con las investigaciones, los mencionados en el caso habrían realizado operaciones fraudulentas y saqueo de fondos al Congreso Nacional en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
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Los investigados habrían desarrollado al menos 46 proyectos de microempresas y generación de empleos en Francisco Morazán, Cortés y Copán, sin embargo, solo se ejecutó el cinco por ciento (5%) aproximadamente y se desviaron un total de 18 millones 950 mil lempiras.
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Se determinó que los acusados desviaron los fondos en gastos personales, campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil captando los directivos de las ONG el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
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De acuerdo a la investigación, Chedrani percibió 19 depósitos de más de 29 millones de lempiras y Ramos Soto recibió cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.
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Cabe señalar que, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado.
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Además, se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil.
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En razón de todo ello, la Uferco ha interpuesto el escrito de acusación ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siguiendo el procedimiento que establece la norma procesal penal cuando alguno de los sindicados es alto funcionario del Estado.
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