TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 15,267 atenciones a menores de edad por diversas situaciones de vulneración de sus derechos brindó el personal de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en los primeros seis meses del año.
Entre las atenciones que dan resaltan el apoyo a padres de familia, atención psicológica a los menores por violaciones a sus derechos en diferentes lugares como en los hogares, escuelas y comunidades.
Entre las incidencias hay una gran cantidad de violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como ser violencia física desproporcionada, además, las vulneraciones en comunidades y el abandono de los menores.
Al presentarse una denuncia de vulneración de derechos a los menores el personal de la Senaf realizan las evaluaciones e investigaciones para una brindar una alternativa idónea para un niño o niña en esa situación.
No todos los niños son puestos bajo la tutela del Estado; en la mayoría de los casos son devueltos a sus familiares luego de las investigaciones.
Aunque hay varias modalidades de protección, una de las últimas a las que son enviados los menores son las Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAS), más conocidas como casas hogares.
Este año han sido integrados esos sitios un total de 119 niños, niñas y adolescentes, según datos a los que tuvo acceso EL HERALDO.
De esos, 14 menores son de la zona atlántica del país; 57 de la región oriental, mientras 32 menores son de la zona norte; 15 de la zona de occidente y uno de la zona sur.
Instancias de protección de menores
Además existen otras alternativas de protección a los que los niños son integrados cuando se vulneran sus derechos.
Entre enero y junio de este año un total de 536 niños y niñas fueron puestos en centros de cuidado de paso, que es una modalidad de protección de emergencia con una duración de 72 horas hasta 15 días, y es usada en situaciones de emergencia, mientras se realizan las investigaciones o se buscan familiares
En casos cuando son los mismos padres los que vulneran los derechos de los menores, una de las primeras alternativas son las familias extendidas, es decir, familiares de los menores como abuelos, tíos o hermanos; este año 121 menores fueron reintegrados a sus familiares.
“Hacemos recuperaciones cuando son los mismos padres que vulneran los derechos de los niños, y lo que hacemos es que buscamos una familia extendida que permita que los niños se puedan quedar con ellos para no perder el vínculo familiar del niño”, explicó Ismael Chavarría, director de Gestión Territorial de la Senaf.
Otra de las alternativas de protección es la Familia de Protección Temporal (FPT); se trata de familias de la comunidad, que en concertación con las autoridades del Estado asumen la responsabilidad de acoger, atender, educar, estimular y proteger de manera temporal y solidaria a los menores que están privados del cuidado parental.
En esa modalidad existen 32 familias que tienen bajo su protección a 51 menores, de acuerdo a los datos de la Senaf.
La última instancia de protección para los menores son las IRCAS que son los centros destinados a acoger, atender y educar de modo temporal a niños que requieren de protección especial en tanto se promueve su reintegración socio familiar cuando resulta inviable o resulta inviable mantenerlos en el medio familiar de origen, detalló el funcionario.
En esa modalidad se desconoce cuántos menores están actualmente; sin embargo, la Senaf, con apoyo de otras organizaciones comenzaron a ejecutar un censo con el objetivo de conocer la cantidad de centros que hay registrados y cuántos menores están en ellos.
Un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre la situación de la niñez vulnerable en el país, particularmente de los que permanecen bajo resguardo en casas hogares y centros de abrigo temporal indica que en 2018, había 354 centros de cuidado residencial en os que se encontraban 7,612 niños y adolescentes.
“Esa es la última instancia de protección y es un porcentaje bastante bajo que va a esta modalidad, porque uno de los mandatos es que sea la menor cantidad de niños y niñas las que van a un centro de cuidado residencial. En la mayoría de los casos la medida de protección se les da a los familiares”, enfatizó el director de gestión territorial.
En los últimos años, esa modalidad ha sido cuestionada por diversos sectores, que denuncian maltrato a los menores.
Irregularidades en centros de cuidados
La ASJ esta semana dio a conocer una serie de vulneraciones a menores en centros de cuidado alternativo, especialmente en el centro Corazón a Corazón, ubicado en Tegucigalpita, en Omoa, Cortés, donde se denunció presuntos delitos de abuso sexual infantil, trabajos forzados y trata de personas en modalidad de adopción irregular y servidumbre.
Ante la denuncia, la titular de la Senaf, Lizeth Coello, manifestó que desde hace cuatro meses su secretaría conoció el caso y alertó a las autoridades del Ministerio Público, por lo que se procedió de manera inmediata a retirar a unos 35 menores, los cuales actualmente se encuentra con medidas de protección.
“Por protección los niños los sacamos del centro y en ese momento por las sospechas de vulneración, frente a las sospechas los sacamos y al día de hoy los sacamos de la institución”, dijo.
En los últimos meses, las autoridades de la Senaf han identificado una serie de irregularidades en diversas Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo.
A la fecha se han visitado 180 instituciones de cuidado alternativo para conocer la situación de los menores que están bajo su cuidado y en unas 80 se han encontrado situaciones irregulares.
“Hemos encontrado situaciones irregulares que no constituyen delito, pero si requieren las correcciones para tener condiciones apropiadas para los niños y niñas; entre ellas irregularidades que pueden mejorar, es decir, como las mejora de espacios físicos, de la alimentación y de las condiciones pedagógicas”, dijo.
Coello enfatizó que seguirán visitando los centros de cuidado alternativo y en los que se encuentren situaciones que vulneran los derechos de los menores, se procederá con el Ministerio Público y se retirarán a los niños.
