SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Unas 800 familias se verían afectadas por los desalojos que se están llevando a cabo en las colonias Arenales 2 y Villa Daniela de San Pedro Sula.
Atendiendo una orden judicial, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta dicho sector para llevar a cabo la acción de manera pacífica.
La orden girada por una jueza se da por la invasión de tierra en ambas colonias, ya que los pobladores de este sector no contarían con los títulos de propiedad.
En el lugar se pueden apreciar varias viviendas humildes en medio de calles de tierra. Estos hogares serían destruidos una vez se ejecute la orden de desalojo, ya que la Policía Nacional cuenta con maquinaria pesada para actuar.
La jueza encargada del desalojo, identificada como Roxana, señaló que el desalojo “va porque va” y que dio hasta 10 días a los vecinos para que abandonaran estos predios.
“El 26 de mayo vine a notificarlos, 10 días les di para que desalojaran, respetándoles el derecho que tienen ustedes y hasta hoy vengo a ejecutarlo (desalojos)”, aseguró la encargada.
Una hora de plazo fue instruida por la juez de desalojo en la colonia sampedrana, esto para realizar diligencia en los juzgados y que los pobladores puedan presentar la documentación pertinente.
“Si usted no tiene como acreditarlo (título de propiedad), le doy una hora para que vayan a hacer las diligencias a los Juzgados, traigo una orden donde soy nombrada juez ejecutora”, declaró la abogada.
Según algunas estimaciones, en el lugar hay unas 800 viviendas que serían destruidas en el desalojo.
Vecinos piden dar marcha atrás
Vecinos de ambas colonias formaron una “barrera humana” para impedir que la jueza a cargo y las autoridades ingresen al lugar.
Mientras exigían explicaciones a la togada, los pobladores pidieron a las autoridades dar marcha atrás al desalojo, señalando que el terreno en donde habitan es de carácter municipal.
“Es algo irrisorio lo que han hecho y se están aprovechando de la coyuntura de la empresa privada porque este terreno está comprobado a un 100% que es municipal, no es privado”, explicó muy molesto un vecino de ambas colonias
“Aquí entra el juego político de los dirigente, una área le pertenece a la familia Barleta y la otra a los Córdoba”, añadió.
Ante la amenaza de desalojo, los habitantes de ambas colonias han adelantado que no descartan hacer una protesta en el bulevar del este para impedir la llegada de la maquinaria pesada.
