Tegucigalpa, Honduras.-Tras la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez y otros dos altos mandos militares: Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúñez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, su defensa legal llegó este domingo hasta los juzgados capitalinos, donde aseguraron que harán lo posible para retirar los cargos que antes no existían.
Fernando González, parte de la defensa legal de dos de los acusados, denuncia que fue en septiembre de 2024 cuando él solicitó la información sobre las acusaciones contra el general en condición retiro.
“Le pedí a la Fiscalía que me diera todo lo conforme a la investigación de Romeo Vásquez Velásquez y toda su dimensión y solo me sale una acusación por lavado de activos y no me sale por la situación esta al respecto del requerimiento fiscal prestado en contra ellos por el delito de homicidio”, aseguró González.
Asimismo, el togado mencionó que esa acusación del Ministerio Público “que hace saber como que Romeo Vásquez Velásquez dio la orden o lo ponen como autor material e intelectual al mismo tiempo y eso lo vamos a desvanecer en todo el proceso”.
Detalló que la audiencia de imputado se llevará a cabo a las 5:00 de la tarde de este domingo 5 de enero. “Vamos a poner el arraigo pertinente, si bien es cierto, son delitos que tenemos que hacer las diligencias habidas y por haber todo en aras y en procura de salvaguardar el debido proceso y presunción de inocencia de nuestro defendido”.
Acusación
El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que informó sobre un requerimiento fiscal contra Vásquez Velásquez y otros dos altos mandos militares: Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúñez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
Se les acusa de los delitos de homicidio y lesiones graves en perjuicio de Isis Obed Murillo Mencía y Alex Roberto Zavala Licona.
Según el Ministerio Público, las investigaciones concluyen que las acciones de los militares fueron “brutalmente desproporcionadas”.
Los elementos castrenses dispararon indiscriminadamente con fusiles de alto poder (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.
Estas acciones resultaron en muertes y lesiones graves que, de acuerdo con el MP, no fueron incidentes aislados, sino “crímenes perpetrados bajo órdenes directas de los altos mandos militares”.
