El afán por superar impasses jurídicos que pudieran existir para instaurar las Ciudades Modelo hizo que se intentara por la vía legislativa subsanar visos de inconstitucionalidad que pudieran existir en el estatuto de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED).
Sin embargo, las bancadas de oposición abortaron la introducción del proyecto que reforma el Estatuto Constitucional de las RED.
El jefe de la principal bancada de oposición (liberal), José Alfredo Saavedra, se opuso a tal intento arguyendo que primero se tiene que conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia en torno a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las Ciudades Modelo.
Introducir una reforma a la Ley de las Ciudades Modelo antes de que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia “mandaría un mensaje muy negativo para los inversionistas, ya que se estaría evidenciando una vez más la inseguridad jurídica que existe en Honduras”.
Saavedra manifestó que “no hay buen ambiente a este tipo de prácticas, la mayoría de las bancadas están en total desacuerdo con esta pretendida reforma, pues ya existen recursos planteados en el Poder Judicial y lo más prudente es esperar el fallo del máximo Tribunal de Justicia”.
Trascendió que hay disposiciones en el Estatuto de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), contenido en el Decreto 123-2011, que estarían siendo anuladas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, especialmente todo lo relativo a la Función Jurisdiccional de las Ciudades Modelo.
La Constitución de la República dice que la función jurisdiccional del Estado no puede ser delegable y en el caso de las Ciudades Modelo, el Estatuto crea su propio fuero jurisdiccional, con juzgados y tribunales de primera instancia, de apelación que llevará a cabo la persecución penal.
La Constitución de Honduras atribuye la función de llevar a cabo la persecución penal al Ministerio Público y a la vez prohíbe que existan juzgados de excepción como los que se pretenden instalar en las RED.
El pasado 3 de septiembre, Coalianza firmó una carta de intenciones con una empresa denominada MKG Groups, sin embargo, mediante investigación de EL HERALDO se determinó que tal empresa no existía. Tras la publicación, los inversionistas crearon una página de Internet en la que se hacen llamar Grupo MGK.
