Tegucigalpa, Honduras
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH) establece que “por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía Nacional murieron durante las protestas” en el periodo electoral en nuestro país.
El documento detalla que del total, al menos 16 de las víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.
El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas, en el periodo anterior a las elecciones del pasado 27 de noviembre.
Destacan que miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la Policía Militar, “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal, para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales”.
Vandalismo
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos vandálicos, en el informe se destaca que “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”.
“En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza”, establece el documento que dio a conocer María Soledad Pazo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos.
“Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.
Hasta el 27 de enero, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
En el informe se pide a las autoridades que restrinjan el uso de la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
María Soledad Pazo mostró su preocupación porque “todos los casos se encuentran en la impunidad”.
Investigaciones
Al conocer el informe, Karla Cueva, ministra de Derechos Humanos, detalló que “el Estado no se ha quedado de brazos cruzados y hay avances en investigación científica”.
“Ya concluyeron las investigaciones de 22 casos de todos los reportados en el periodo poselectoral y estos son remitidos al Ministerio Público”, aseguró Cueva
