El anuncio ocurre después de que varios ejes carreteros del país permanecieran cerrados por pobladores en protesta, obstaculizando así el tránsito del personal médico, distribuidores de alimentos y medicamentos.
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Mediante decreto ejecutivo número PCM-021-2020 se detalla que 'se prohíbe a cualquier persona la interrupción por cualquier mecanismo de las vías públicas de comunicación que impida el paso de trabajadores de la agroindustria y la cadena de suministro de alimentos, insumos médicos o personal de salud y que ponga en peligro la seguridad alimentaria del pueblo hondureño o la salud de las personas'.
Además indica que elementos de la Policía Nacional procederán, de manera inmediata, a la apertura de las vías públicas que sean tomadas.
Las personas consideradas responsables de obstaculizar el tránsito serán presentadas ante el Ministerio Público con la denuncia correspondiente.
En dicho decreto también se limitan las garantías constitucionales a los pobladores de Cortés y El Progreso, Yoro.