La aplicación desenfrenada de plaguicidas, en especial en el sector agropecuario, a nivel nacional provoca cada año centenares de personas intoxicadas según registros de salud pública.
El año pasado hasta la semana epidemiológica número 42 se registraron más de 900 casos de personas ingresadas a los hospitales nacionales por intoxicación con productos químicos relacionados con el agro.
Los departamentos con mayor reporte de casos son Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, Olancho, Copan, Choluteca y Cortés.
El primer lugar por número de intoxicaciones por plaguicidas lo sostiene Francisco Morazán y el segundo escalón Comayagua, de acuerdo con las autoridades sanitarias.
Falta de regulación
Wilfredo Fiallos, jefe regional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), consideró que una de las causas a las que se asocian las intoxicaciones por plaguicidas es la falta de regulación de las ventas de los productos como insecticidas y plaguicidas.
“Aunque existen restricciones para la venta de productos químicos, no se cumplen y cualquier persona puede comprarlos”, manifestó Fiallos.
Según el entrevistado, también influye el descuido de las personas al manipular el producto.
“Por parte de Senasa, cada año se realizan capacitaciones con operarios de aplicación de los químicos para evitar el mal uso”, aseguró.
Diagnóstico
Las medios de intoxicación para una personas pueden ser vía ingesta, a través de la respiración y por medio de la piel.
Entre los síntomas que presenta una persona intoxicada destacan el vómito, dolor de cabeza intenso, dolor abdominal y mareos.
De acuerdo con especialistas del sistema sanitario público, una persona que es ingresada a un hospital público con síntomas de intoxicación requiere de un tratamiento costoso, pues debe ser vigilada de forma permanente.
El costo de atención de este tipo de pacientes es de unos 5,000 diarios en los centros asistenciales estatales, en los privados el costo es mayor.
Piden regular ventas de agroquímicos
Una iniciativa de ley para regular la venta al detalle de productos agropecuarios con alto grado de toxicidad fue introducida al Congreso Nacional para su aprobación por el diputado liberal de Choluteca, Yuri Sabas.
La ley establece normas de control para que la venta de estos químicos se realice por establecimientos específicamente autorizados y no se permita su adquisición por menores.
Se busca que estas regulaciones constituyan por lo menos un obstáculo o un disuasivo que evite suicidios o envenenamientos involuntarios, sin que con ello se perjudique la actividad productiva agropecuaria.
El proyectista justificó que deben establecerse reglas para la comercialización, uso y manejo de productos agropecuarios como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y desparasitantes dado sus niveles de toxicidad.
La venta de los productos, según Sabas, debe realizarse bajo procedimientos especializados y controlados en consideración a los perjuicios a la salud humana e incluso fatalidades que se generan cuando no se realiza en forma apropiada.
El diputado expuso que los gastos de atención médica son elevados ya que la cantidad de pacientes que se atienden a causa de envenenamientos es considerable y, además, muy frecuente, los daños orgánicos a largo plazo son también significativos.
El caso más lamentable, citó, lo constituye el hecho frecuente y doloroso que las pastillas de fosfuro de aluminio en sus distintas denominaciones comerciales, pero que son conocidas comúnmente como “pastillas para curar frijoles”, las que se han convertido en el medio más escogido para cometer suicidio, siendo la población más afectada la comprendida en los rangos de edad de 16 a 40 años.
Se estima que cada año perecen en estas circunstancias unas 1,200 personas en el país.
Las posibilidades para evitar la muerte de una persona intoxicada con fosfuro de aluminio son casi inexistentes, lamentó el funcionario del Legislativo.
En esencia, la norma tiene por objeto regular la venta al detalle de productos de uso agropecuario que ostenten etiquetado con bandas de color rojo, amarillo o azul para indicar grados de toxicidad, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lo anterior con el propósito de evitar daños a la salud o fatalidades en las personas a causa de la aplicación y manejos inapropiados o para darles usos diferentes para los cuales fueron elaborados.
Los productos citados, únicamente podrán ser vendidos al detalle por casas o establecimientos agropecuarios y agroquímicos debidamente registradas en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa) y con permiso de operación vigente extendido por las alcaldías.
