TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las expectativas del sector privado hondureño eran que en un período de cinco años el gobierno aplicaría la totalidad de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).
Ese nuevo marco legal, que fue aprobado mediante Decreto 404-2013, entró en vigencia el 7 de julio de 2014.
Para 2020, se esperaba un mercado eléctrico competitivo en generación y distribución, o sea nuevas empresas ofreciendo sus servicios a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y a sus casi dos millones de abonados.
La postergación en la aplicación general de la LGIE ha frenado la inversión en nuevos proyectos de energía, ya que los ejecutados en los últimos seis años fueron aprobados en el primer semestre de 2014.
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“Son varios millones de dólares que se han paralizado en nuevas plantas”, dijo una fuente del Poder Ejecutivo, quien pidió omitir su nombre, agregando que ese capital fue invertido en países como Guatemala y El Salvador.
Lo anterior se ha traducido en altas tarifas y un servicio eléctrico deficiente.
Uno de los puntos de la agenda de trabajo de la comisión interventora de la ENEE es la implementación de la LGIE, ya que uno de los aspectos más importantes es el fortalecimiento institucional al convertir la estatal eléctrica en un holding con tres empresas: una de transmisión, otra de generación y una de distribución.
Un documento de la interventora en poder de EL HERALDO dice que el principal objetivo es contar con un sector eléctrico competitivo, con una CREE y un Ods fortalecido, y con una Secretaría de Energía (Sen) definiendo políticas claras para todos los actores.
Los miembros de la comisión interventora no han informado los avances del plan estratégico que presentaron al presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
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Propuesta
El gobierno tiene varias propuestas del sector privado del país para aplicar la LGIE.
Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y uno de los promotores de las reformas del sector eléctrico, sostiene que es necesario que se designe un líder para la implementación de la ley.
Dice que “se requiere de la voluntad política necesaria para implementar la reforma y la apertura ordenada del mercado, que es el propósito fundamental de la ley, así lo han logrado los países de la región que han transformado exitosamente el sector eléctrico”.
Asegura que no se hizo un plan que integrara las actividades que competía a cada una de ellas y su seguimiento para asegurar alcanzar esa plena aplicabilidad de la nueva ley.
Sikaffy manifiesta que la nueva ley significa para las empresas que tienen mayor consumo de electricidad comprar energía a cualquier generadora o comercializadora, a precios libremente pactados, lo que es una magnífica oportunidad, tanto para liberar a la ENEE de tener que suplir toda la energía demandada y para las empresas buscar su eficiencia y competitividad comprando a precios y condiciones que libremente convengan. “La no aplicación de la ley hace que las empresas sigan comprando un servicio deficiente de la ENEE que compra energía, la transporta y distribuye de manera deficiente, pierde mucho dinero haciéndolo y la calidad y estabilidad de la misma afecta las operaciones de las empresas”.
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La Fundación Eléutera Honduras, en un extenso estudio, dice que “con la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica, la apertura del mercado eléctrico permite que diferentes proveedores puedan competir por ofrecer los servicios de suministro de energía a los ciudadanos hondureños”.
“La nueva reforma energética supone el fin de los monopolios y la libertad de elección de los consumidores”, agrega.
Armando Ayes, presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), dice que los beneficios se pueden ver como ocurrió en Guatemala, ya que la competencia mejora los precios, no obstante, eso sucede hasta que el mercado eléctrico madure, y entre más se tarda más se pierde la oportunidad.
Agrega que “el hecho de tener varios compradores mejora la seguridad en la inversión”.
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Nuevas inversiones
Con la plena vigencia de la LGIE, las inversiones en nuevos proyectos, principalmente de generación, comenzarán a ejecutarse porque estos deberán competir con servicios y precios en un mercado donde la compra de energía se realiza vía licitación. Honduras requiere de 560 megavatios de energía en nuevos proyectos para suplir la demanda de energía en el mediano y largo plazo.
Cifras proporcionadas por fuentes de la ENEE revelan que entre 2013 y 2019 la inversión rondó los 2,500 millones de dólares en plantas solares, biomasa, hídrica y geotérmica.
Armando Ayes, presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), dice que los beneficios se pueden ver como ocurrió en Guatemala, ya que la competencia mejora los precios, no obstante, eso sucede hasta que el mercado eléctrico madure, y entre más se tarda más se pierde la oportunidad.
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Agrega que “el hecho de tener varios compradores mejora la seguridad en la inversión”.
El vicepresidente de la Asociación Hondureña de Empresas Renovables (AHER), Samuel Rodríguez, manifiesta que el mercado eléctrico nacional necesita liberar la red de distribución para las empresas interesadas en invertir. Subraya que una distribuidora privada solo puede operar con pérdidas de 7% para competir con precios, y no con 38% como ocurre con la ENEE.
Los generadores esperan que se agilice la aplicación de la LGIE para promover la inversión en generación.
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