TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y transferencias bancarias fueron parte de la trama de las coimas pagadas por un empresario estadounidense a Roberto Cosenza, exadministrador de la Tasa de Seguridad, para adjudicar contratos de uniformes policiales y otros accesorios.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos, Cosenza operó entre marzo de 2015 y noviembre de 2019 con Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena para apoderarse de fondos estatales.
La acusación indica que el exfuncionario hondureño tuvo contacto con ejecutivos de una empresa estadounidense que proveyó indumentaria policial durante el gobierno anterior, la de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Sin embargo, las compras no fueron del todo legales, sino que permitió sobornos para adjudicar las adquisiciones millonarias, según las pruebas de la Fiscalía.
Por ejemplo, Cosenza, según Estados Unidos, controló dos empresas fachadas para recibir pagos de sobornos: una creada en 2016, en Belice, y la otra constituida en 2017, en Florida.
El exfuncionario hondureño utilizó la cuenta bancaria de la empresa americana para recibir pagos de sobornos de Aldo Nestor Marchena, un estadounidense que reside de Boca Ratón, en Florida.
Además, junto a Cosenza, hay otros exfuncionarios de la administración anterior que ayudaron a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos.
La conspiración, según Estados Unidos, tuvo como propósito ofrecer, prometer y pagar sobornos a funcionarios del gobierno hondureño para obtener y retener contratos y recibir pagos de la administración (de ese entonces) del país centroamericano.
Carl Alan Zaglin, Luis Berkman, Bryan Berkman, entre otros, acordaron con Aldo Nestro Machena que este pagara sobornos Cosenza y otros.
Más de un quinquenio
Las acciones con consecuencias penales en Estados Unidos comenzaron en abril de 2015, cuando ejecutivos llegaron a Tegucigalpa para reunirse con representantes de la Policía Nacional sobre la oferta de una compañía para vender uniformes y accesorios a la Tasa de Seguridad.
Casi dos meses después se ejecutó el primer contrato en el que se acordó proporcionar uniformes y accesorios a la Policía Nacional a cambio de más de 4.8 millones de dólares (118.5 millones de lempiras al cambio actual).
El segundo contrato fue pactado en favor de la compañía de Georgia, Estados Unidos, con la Tasa de Seguridad el 26 de octubre de 2016 para proporcionar uniformes y otros accesorios a la Policía Nacional por 5.6 millones de lempiras (138.3 millones de lempiras al cambio actual).
Eso permitió que el 6 de enero de 2017, Aldo Nestor Marchena se reuniera con Cosenza en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida, para discutir la apertura de una de las empresas.
El primer depósito de los sobornos que llegó a Cosenza fue el 18 de mayo de 2017 a una cuenta en Belice, por un valor de 14,000 dólares, unos 345,800 lempiras (cambio actual).
Las negociaciones también fueron por la aplicación de mensajería WhatsApp: el 8 de diciembre de 2017, Aldo Nestor Marchena envió un mensaje a Bryan Berkman proporcionando los detalles de la cuenta de Estados Unidos, controlada por Cosenza.
“(ALDO NESTOR MARCHENA), no puedo enviar directamente a F”, dice el mensaje en referencia a Cosenza.
Las acciones ilegales, alega Estados Unidos, llegaron hasta noviembre de 2019.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
La acusación explica que los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares, unos 4.1 millones de lempiras, a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otros funcionarios hondureños para promover colaborar con los involucrados.
A cambio de los sobornos, Cosenza, con otros funcionarios hondureños, supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos.
Para ocultar los pagos de las coimas, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
En cuanto a los tres cargos imputados, se establece la conspiración para lavado de dinero, que implica un máximo de 20 años y un mínimo de tres años de prisión, más una multa de 500,000 dólares o el doble del monto de la transacción penalizada.
Además, está un segundo cargo por las mismas condiciones anteriores, y un tercer acto o transacción por el que la pena máxima sería de 10 años de cárcel y una mínima de tres, más una multa de 250,000 dólares o el doble de la transacción penalizada.
