Tegucigalpa, Honduras.- Llega a los tribunales en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, para la audiencia inicial programada para este lunes 15 de octubre, luego de ser requerido nuevamente tras la compra sobrevalorada de percoladoras e insumos durante la pandemia del covid-19.
Esposado de pies y manos, y de manera tranquila, el extitular de Copeco hizo su llegada a los tribunales luego de ser trasladado desde el Centro Penitenciario Nacional de Tamara.
La audiencia, que inicialmente fue programada para el lunes a las 2:00 de la tarde, fue suspendida para este martes a las 7:30 de la mañana, luego de que el centro penitenciario no remitiera al imputado.
Rubí y otros exfuncionarios son acusados por suponerlos responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios tras la compra de equipos innecesarios por altos costos.
Entre los señalados está Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de Copeco, Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo financiero.
Compras innecesarias de equipos
De acuerdo a las investigaciones de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y el Ministerio Público (MP), mediante el decreto ejecutivo PCM 005-2020, se le dio la potestad a Copeco y a otras instituciones para gestionar recursos durante la emergencia sanitaria.
Sin embargo, los mencionados compraron productos sobrevalorados como percoladoras, lavadoras, secadoras, televisores, camas y otros artículos, los cuales se consideraron innecesarios y costosos.
Otros implicados por usurpación de funciones públicas y fraude
En el mismo caso, también están implicados Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas: Junior Alexander Benítez Gonzáles Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona por el delito de fraude.
A través de las investigaciones se conoció que algunos de los imputados simulaban ser funcionarios de Copeco con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos.
Usando los falsos cargos, estos ocultaban las irregularidades y solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, las cuales compraron los productos con una facturación inicial a los 7 millones de lempiras.
Estas empresas, en confabulación con Copeco, sobrevaloraron los mismos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras (diferencia de más de cinco millones de lempiras del costo real al pago que realizó la empresa).
